Eduardo Morón, Profesor de la Universidad del Pacífico y presidente independiente de Apeseg
El Comercio, 13 de junio de 2017
La mayoría de los problemas de política pública en el Perú no se resuelve con más plata, sino con mejor gestión, ello bajo la premisa de que los involucrados en un mercado se mueven por intereses. Si ignoramos eso, podemos destinar una mayor cantidad de recursos a un problema y luego darnos con la sorpresa de que estos, lejos de empezar a resolverse, se vuelven más graves.
Hoy la provisión de servicios de salud desde el Estado es disfuncional. Se desaprovechan no solo los recursos públicos, sino también el músculo de innovación y recursos que tiene el sector privado y que podrían ayudar a que todos recibamos un mejor servicio de salud.
Partamos de unos datos muy reveladores. De cada S/10 que se gastan en servicios de salud, S/4 salen del bolsillo de los hogares, S/3 del Gobierno y los otros S/3 de los empleadores. Una de cada tres personas que buscan atenderse por una dolencia va directamente a la farmacia como canal para resolver su problema. Por ello, casi la mitad de la plata que gastan los hogares en salud se destina a las farmacias.
Igual que en el caso de las pensiones, el financiamiento de las atenciones de salud muchas veces se complica por la realidad de nuestro mercado laboral y por la presencia de personas de muy bajos ingresos que no contribuyen. Los trabajadores entran y salen del sector formal, y con ello se quedan desprotegidos financieramente. Asimismo, existe un grupo de peruanos que no tienen los medios económicos para atender sus necesidades de salud. La idea de protección social en salud es que todos los peruanos tengan acceso oportuno y de calidad a servicios de salud. Para ello, tenemos varias piezas de un rompecabezas que deja a mucha gente mal atendida o con grandes problemas financieros.
Lo más importante para desarrollar un sistema de salud (público más privado) que funcione es que se separe a los financiadores de los prestadores. Queremos financiadores con mandatos claros sobre los planes que deben cubrir, a precios definidos por tipo de atención, y que fiscalicen para evitar pagos indebidos.
Queremos prestadores que compitan por dar mejores atenciones a los peruanos. Para construir esto, necesitamos varias acciones. La primera es que Essalud se escinda en dos: Essalud prestador y Essalud financiador. La segunda es establecer un tarifario que permita tres cosas: (1) tener claridad de cuántos recursos necesita el financiador público, (2) permitir que las personas escojan atenderse en un establecimiento (público o privado) donde puede haber un copago alto, bajo o nulo, y (3) pagar lo que corresponde a médicos y enfermeras.
La tercera acción está referida a establecer un fondo para las enfermedades catastróficas. Este fondo podría ser financiado por financiadores públicos y privados. Finalmente, necesitamos que el Estado vigile la calidad de las prestaciones (Susalud) y que todos los financiadores sean solventes (Superintendencia de Banca y Seguros).
El peruano pobre se financiará a través del SIS y el no pobre lo hará combinando contribuciones y copagos. Construyamos un sistema de salud donde se sepa cuánto nos cuestan las atenciones, que sea transparente para evitar la corrupción ahora reinante y que esté enfocado en su verdadero mandato: que todos los ciudadanos tengan acceso oportuno a servicios de salud de calidad en centros de salud públicos o privados.
