Eduardo Morón, Profesor de Economía de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 18 de octubre de 2016
El Gobierno está ad portas de llamar a una comisión de expertos para delinear cómo arreglar un sistema de pensiones que hoy no cumple su propósito. El sistema no da pensiones a la mayoría, porque la mayoría no logra ahorrar lo suficiente. Por ello, pedirles a esos trabajadores que conviertan sus pequeños fondos en una pensión vitalicia no tiene mucho sentido.
El problema es doble porque esos fondos son insuficientes ya sean gastados de una sola vez o en cuotas mensuales. Quien llegue con un fondo pequeño tendrá que vivir de la solidaridad de otros irremediablemente, o caerá en pobreza.
Frente a esta situación, hoy el Estado mira sus bolsillos y opta por atender mínimamente a quienes ya cumplieron 65 años y siguen en pobreza extrema. Al resto, los espera viéndolos envejecer, pero no hace ningún esfuerzo para que años después no se sumen a la fila de Pensión 65. Ese es el nivel de solidaridad que tiene el sistema de pensiones.
El nuevo sistema debería tener como objetivo fundamental rescatar lo que hoy desapareció: una pensión para todos, no regalada, sino basada en el esfuerzo de cada uno, en el sacrificio consciente de ahorrar hoy para cuando sea más difícil tener trabajo, para cuando la salud nos impida seguir trabajando.
Es más barato para el Estado dar incentivos para que los trabajadores ahorren para su pensión de jubilación que esperarlos al final de su vida laboral a ver si requieren ayuda. Es mucho más barato hacerlo mientras más temprano se den dichos incentivos.
El poder del interés compuesto es realmente impresionante. Estamos hablando de que el Estado debería ofrecer a todos los trabajadores una garantía de pensión mínima. Este pilar solidario que hoy existe de manera muy imperfecta porque solo un grupo de trabajadores afiliados al sistema público de pensiones accede a dicha garantía. Otros aportan y no solo no acceden a dicha garantía sino que no acceden a nada. Aportaron a cambio de nada, a cambio de una pensión vacía.
Obviamente que otorgar estos recursos públicos debería estar condicionado a su objetivo primordial: que todos tengan una pensión que les evite caer en pobreza en la tercera edad. Por ello, sería un despropósito dejarlos retirar esos recursos si es que quieren optar por reventar su fondo de pensiones como si se tratara de una piñata. Si algún trabajador quiere ejercer la opción de sacar todos sus aportes, que saque eso: solo sus aportes.
Dicha solidaridad debería ser financiada con los recursos del presupuesto público, sería un error ir por la ruta de hacer aun más cara la formalidad cargando esto a quienes ya aportan.
Mientras todo eso pasa, existe una minoría que sí podrá hacer un esfuerzo sostenido de ahorro, y ahora le cuesta resistirse a la tentación de retirar todo lo ahorrado. Como decía Dan Ariely, la decisión de jubilación no se toma dos veces. Equivocarse no tiene remedio. Pero prudencia no es lo que algunos predican, sino libertad. En aras de dicha libertad, la gran mayoría se equivocará. Pero hablaremos de ello cuando discutamos la siguiente pieza de ese rompecabezas.
