Por: Eduardo Morón, Presidente de APESEG
Gestión, 9 de octubre de 2020
El consenso más importante de la reforma de pensiones debería ser que si es posible financiera y presupuestalmente dar pensiones a todos en el Perú. Esta meta parece poca cosa, pero recordemos que hoy sólo la mitad de los adultos mayores recibe pensión. Estas pensiones no serán para irse de vacaciones cada mes, serán pensiones para evitar pobreza extrema. En la medida que pongamos a crecer la economía nuevamente de manera sostenida esas pensiones podrán ser mayores. Otro consenso a rescatar es que el nuevo sistema debe ser integrado en lugar de este fragmentado sistema donde conviven, pero no se ayudan, Pensión 65, la ONP y el SPP.
El desacuerdo más importante es qué rol le asignamos al Estado. Algunos sueñan con la AFP estatal como si el Estado tuviese talento de inversionista o estómago para soportar pérdidas de corto plazo y otros sueñan con el Estado recaudado como si todo este tiempo la Sunat hubiese sido más eficiente que AFPNET. Pero lo que todos entendemos es que si el Estado quiere que todos tengamos una pensión de jubilación tendrá que meterse la mano al bolsillo fiscal. Dada la tremenda estrechez fiscal en la que vivimos y viviremos la próxima década sería bueno que la reforma esté diseñada pensando en hacer mínimo ese esfuerzo fiscal.
Para discutir este punto con mayor detalle hay que entender que tendremos tres tipos de jubilados en el Perú. Aquellos que por su condición no podrán hacer un gran esfuerzo de ahorro y tendrán acceso no condicionado a dicho esfuerzo vía Pensión 65 para evitar que en vejez estén en situación de pobreza extrema. Un segundo grupo de medianos y altos ingresos que no necesitará el apoyo del gobierno pues el tamaño y frecuencia de sus aportes serán suficientes para que tengan una pensión que les permita vivir decentemente.
El problema es que en medio de esos dos grupos está el tercero, que es donde está la gran mayoría de peruanos. Ellos no están permanentemente en un empleo dependiente, no ganan siempre una remuneración alta, la mayoría pasa un tiempo de sus vidas entre empleos formales y menos formales. Pero todos también serán viejos, y están expuesto a sufrir una invalidez o morir prematuramente. A mi juicio, estos peruanos deberían recibir una oferta más simple de parte del sistema de pensiones: deberían recibir una garantía de pensión mínima si es que cumplen un número de aportes.
Esta garantía tiene una doble ventaja: (a) la primera es la claridad de la promesa, 240 aportes y tendrás pensión, no importa nada más; y, (b) reduce el esfuerzo fiscal del gobierno, porque compensa la falta de regularidad de aportes con el poder de la capitalización acumulada.
Lamentablemente, hace unos días recibí un documento que circula entre los asesores del Congreso encargados de la reforma previsional donde comenten un error. Ellos argumentan que el sistema de reparto “es la mejor opción para los que ganan menos ingresos”. Comparan la pensión que María puede obtener (S/500) aportando 20 años versus la pensión que obtendría del sistema de capitalización individual administrado privadamente. En su cálculo, les sale que el sistema de reparto es superior porque asumen dos cosas erróneas. Lo primero, es que asumen una rentabilidad real de 3% anual, cuando el retorno promedio ha sido casi el triple. Si el retorno fuese 5% la pensión de María sería mayor que la del sistema de reparto y no le costaría nada al Estado. El segundo error es asumir que el sistema público no tiene costos, pero el privado sí.
Estos dos elementos so cruciales. ¿Saben por que? Porque hacen más barata la reforma desde el punto de vista fiscal. Mientras más rentabilicen mis fondos, el Estado no tendrá necesidad de usar los recursos tributarios para garantizar la pensión mínima.
Este camino es mucho más saludable que la opción con la que algunos asesores sueñan que es claramente confiscatoria: hacer que los aportes de quienes más ganan vayan a las pensiones de los que menos ganan. Le llaman solidaridad para que suene menos a robo, pero es confiscatorio y lo único que logrará es que menos trabajadores quieran participar del sistema de pensiones. La mejor manera de hacer más solidario el sistema es darle ayuda a quienes menos tienen con los impuestos generales. Eso es lo que hoy hace Pensión 65, y establecer una garantía de pensión mínima haría la gran diferencia respecto a lo que hoy ocurre.
Y para aquellos que este esfuerzo fiscal les parece poco que tal si empezamos a hacer como en otros países donde los ingresos extraordinarios de los recursos no renovales (como la minería, por ejemplo) empiezan a construir un fondo soberano que permita mejorar esas pensiones que todos quisiéramos fuesen mayores.
