Por: Diana Seminario, Periodista
El Comercio, 5 de noviembre de 2018
El Comercio, 5 de noviembre de 2018
El 31 de octubre, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y figura visible de la oposición política, fue apresada tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez. El juez Richard Concepción Carhuancho dio luz verde a la solicitud de Pérez, quien considera que Fujimori Higuchi debe ser procesada por el presunto delito de lavado de activos en prisión, pues hacerlo en libertad supone el riesgo de entorpecer el proceso.
A esta conclusión llegó el juez Concepción luego de interminables audiencias transmitidas en vivo y en directo, en las que los argumentos políticos fueron la estrella del show.
El mismo día en que se concretó la prisión preventiva de 36 meses para Fujimori Higuchi, sus adversarios no tardaron en escribir emocionadas declaraciones que evidenciaron lo que tanto habían negado: que la prisión preventiva a Keiko Fujimori tuvo claras motivaciones políticas.
Carlos Bruce, ex toledista y entusiasta ppkausa, escribió en Twiter: “Como consecuencia del autoritarismo, confrontación y soberbia así termina la jefa de FP. Lamentamos el drama familiar pero es un fallo judicial y debe respetarse”.
Lo que no dice el ex ministro es que el pedido de prisión para Keiko Fujimori no se da por ser soberbia, autoritaria o confrontacional. A ella se la procesa por presunto delito de lavado de activos y está presa por peligro de obstrucción de la justicia. Según la lógica de Bruce, a una persona se la puede confinar en un penal por “soberbia y autoritaria”.
En el mismo sentido, Gilbert Violeta emitió una declaración vía Twitter: “La democracia supone respetar los fallos judiciales. El mandato de prisión preventiva contra la sra. Fujimori cambia el panorama político y obliga a todos a una sincera autocrítica. Este es el efecto de la soberbia, la confrontación y el caos político que sembró el fujimorismo”.
Violeta atribuye la prisión preventiva de Keiko Fujimori a los errores políticos que ella y su agrupación podrían haber cometido. Según él, la prisión es un efecto del “caos político que sembró el fujimorismo”.
Y para que quede claro que los móviles políticos no están ausentes en este proceso, el fiscal José Domingo Pérez se dirigió a los periodistas tras la audiencia solo para decir que Chávarry no debía seguir al frente del Ministerio Público. Curioso que Pérez no “celebrara” el fallo que supone un hito en su carrera.
Esta reacción del fiscal Pérez lleva a pensar que quizá la prisión preventiva de Keiko es un paso más para lograr el objetivo de retirar a Gonzalo Chávarry de la Fiscalía de la Nación. La prisión preventiva puede apelarse, y existe un antecedente dado por el Tribunal Constitucional, pero la salida del fiscal de la Nación no tiene marcha atrás.
Llama la atención también que el primer ministro César Villanueva condicione el diálogo con Fuerza Popular a que sus congresistas apuren y concreten la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación.
La justicia para que sea verdadera, debe darse dentro de procesos intachables y alcanzar a todos sin distingo de simpatías, ideología o prejuicio. De lo contrario, nos quedaremos en el linchamiento político y mediático. ¿Seremos capaces de dar el siguiente paso?
