David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad
Gestión, 22 de abril del 2025
Mientras se habla de construir un nuevo modelo, se destruye lo poco que aún queda en pie.
El año pasado, el Congreso aprobó una reforma al sistema de pensiones que, en el papel, parecía responder a muchas de las dolencias históricas de nuestro modelo previsional. La norma fue recibida con escepticismo por algunos, entusiasmo por otros, pero coincidencia general en un punto: era un cambio necesario. La aprobación de la ley marcó un punto de partida interesante. Por primera vez se reconocía, de forma explícita, que el sistema previsional no podía seguir funcionando como hasta ahora: fraccionado, inequitativo, y desconectado de la realidad de los trabajadores peruanos, particularmente de ese 75% de la población económicamente activa (PEA) que se mueve en la informalidad o en esquemas laborales no tradicionales.
En ese sentido, la ley incorporó elementos que, al menos conceptualmente, apuntaban en la dirección correcta. Se introdujo el ingreso por defecto al sistema para todos los ciudadanos a partir de los 18 años, lo que supone un cambio importante en la forma de abordar la cobertura previsional. También se incorporó el mecanismo de pensión por consumo, una herramienta innovadora que permite vincular los gastos cotidianos con la generación automática de ahorro previsional. Además, se hablaba de una pensión mínima en el sistema privado, de la posibilidad de realizar aportes por periodos menores a un mes, de incentivos al ahorro voluntario, y de nuevas reglas para orientar los aportes hacia objetivos previsionales concretos. Se reconocía, además, la necesidad de informar mejor al afiliado y abrir el ecosistema a nuevos actores que pudieran dinamizar la competencia e innovación.
Pero como sabemos, en política pública «el diablo está en los detalles». Y esos detalles debían definirse en el reglamento de la ley, cuya elaboración sigue pendiente. Hoy, a varios meses de aprobada la norma, el silencio es ensordecedor. No hay señales del MEF, ni de la SBS, ni de la ONP, ni del sector privado. Tampoco escuchamos a los actores que podrían ingresar como nuevos proveedores de servicios previsionales. Nadie dice nada. Todo parece estar en pausa. Y en esa pausa empieza a emerger una inquietud difícil de acallar: ¿realmente queremos que el nuevo sistema de pensiones funcione para todos?
El MEF, por ejemplo, tiene una responsabilidad clave: ¿permitirá un marco que garantice el funcionamiento adecuado de los incentivos fiscales incorporados en la norma para promover el ahorro previsional? ¿O adoptará una actitud conservadora en la que prime el objetivo fiscal sobre cualquier meta previsional de largo plazo? El reglamento deberá definir si estos incentivos se aplican con visión estratégica o con visión contable. La SBS, en otro tanto, como típico supervisor, probablemente tendrá un sesgo conservador. Sin embargo, existe el riesgo de que esa prudencia limite los espacios de experimentación necesarios para innovar en favor del afiliado. Hace más de dos años se promulgó una norma para un entorno regulatorio experimental, el famoso sandbox, pero hasta donde sabemos, no existe ninguna iniciativa funcionando en temas previsionales. ¿Qué estamos esperando? La innovación en pensiones es urgente, no opcional
La experiencia internacional demuestra que mezclar objetivos previsionales con incentivos de corto plazo puede mejorar sustancialmente la disposición a ahorrar como ya se hacen países tan diversos como Colombia, Uruguay, México, Australia y Kenia. Por ejemplo, si el ahorro previsional puede conectarse con el acceso a crédito para vivienda, compra de activos productivos o liquidez condicionada, el impacto es mucho mayor. Esto debería llevarnos a debatir la viabilidad de acceder a diferentes productos financieros que se complementen con pensiones, considerando que ahora hay «nuevos muchachos en el barrio».
Además, ¿cómo asegurarnos de que el reglamento permita que iniciativas clave como el ingreso automático al sistema desde los 18 años o el mecanismo de pensión por consumo tengan el máximo impacto? ¿Facilitará el uso de billeteras electrónicas para afiliar e incorporar a millones de trabajadores independientes? ¿Aprovechará el poder de la economía conductual para diseñar esquemas de ahorro por omisión que realmente funcionen? ¿Incluirá intervenciones para reducir los incentivos al retiro del 95.5% -para los que todavía se jubilen con esa modalidad y promover opciones más sostenibles?
El sector privado también debe asumir su parte. ¿Realmente está dispuesto a liderar la ampliación de la cobertura mediante productos innovadores, tanto en la etapa de acumulación como en la de desacumulación? ¿Qué rol asumirá en la comunicación efectiva para el ahorro voluntario? ¿Está haciendo propuestas para que el reglamento facilite su labor o simplemente espera instrucciones?
Y todo esto ocurre mientras en el Congreso se insiste en seguir aprobando retiros anticipados de fondos previsionales, en una dinámica que desmantela el sistema bajo la excusa de la emergencia. Así, mientras se habla de construir un nuevo modelo, se destruye lo poco que aún queda en pie.
Por eso, la pregunta es inevitable: ¿quieren realmente los actores del sistema que esta reforma funcione? Porque si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos viendo propuestas, trabajo técnico, articulación entre instituciones, y un liderazgo político que empuje esta agenda. Pero hoy hay demasiado silencio y pasividad, que puede ser el preludio de un peligroso cortoplacismo.
