David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía.
Gestión, 16 de diciembre del 2024
“El Perú enfrenta un momento crítico. Si no logramos reparar el motor averiado que es nuestro Estado, el país continuará hundiéndose en un ciclo de pobreza, informalidad y desesperación”, afirma el exministro de Economía, David Tuesta.
Entre el 2002 y el 2015, nuestro potencial de crecimiento superaba el 5%, lo que permitió reducir la pobreza significativamente. Sin embargo, tras aquel período de dinamismo, el PBI potencial retrocedió de la mano de una seria pérdida de productividad y la tasa de pobreza se disparó. Hoy enfrentamos una dura realidad: pobreza en aumento, productividad en retroceso y una alarmante falta de competitividad.
La pérdida de competitividad del Perú en el escenario global es evidente. Hemos caído al puesto 63 de 66 en el ranking del IMD; un descenso que tiene como principal responsable a nuestro Estado cada vez más inoperante que no puede cumplir con su función básica de garantizar un entorno propicio para el desarrollo económico y social. Esto se aprecia en el retroceso de 15 posiciones en el factor de funcionamiento estatal.
El resultado es un círculo vicioso: la economía se estanca, el empleo formal disminuye, la informalidad crece y los servicios públicos se deterioran. En este contexto, más de la mitad de los peruanos perciben al Estado como corrupto e ineficaz, mientras que el 57% considera la inseguridad como su mayor preocupación. El crimen ha escalado de forma alarmante. En solo dos años, los robos a negocios han aumentado más del 200%, mientras que los secuestros, extorsiones y homicidios se multiplican. El presupuesto para el orden interno ha crecido en 21% desde el 2021, pero la delincuencia lo ha hecho en 56%. Queremos incrementar la presencia policial en las calles, pero actualmente, el 20% de los policías desempeña funciones administrativas que podrían ser realizadas por civiles. A esto se suma el elevado costo de ingreso de más de 15 mil soles a la carrera policial, que es prohibitivo para la mayoría de peruanos.
La sobrerregulación laboral y la falta de incentivos para la formalidad han llevado a un aumento del subempleo, que ha crecido 41% en los últimos cinco años. La pandemia agravó esta situación incrementando la tasa de pobreza, pero mientras nuestros vecinos han logrado reducir la tasa poscovid, Perú la ha incrementado en 9 puntos, sumando tres millones de nuevos pobres.
El estado de la educación pública es desolador. Entre el 2019 y el 2023, el porcentaje de estudiantes que no alcanza competencias básicas en matemáticas llegó al 90%. A esto se suma una infraestructura precaria: el 71% de los colegios carece de servicios básicos como agua, luz y desagüe. Y el problema no es la falta de recursos. El presupuesto educativo ha crecido 40%, pero los resultados no mejoran. Esto se debe, en parte, a la baja calidad de los maestros. Las pruebas de ingreso a la carrera docente se han facilitado tanto que se ha cuadruplicado el número de aprobados, lo que ha resultado en una “ola de incapaces” frente al aula.
Además, en educación superior, el panorama es igual de preocupante: cerca del 80% de los institutos no están licenciados y menos del 5% de los programas están acreditados. Mientras tanto, se han creado nueve universidades públicas en solo dos años, a pesar de que ya tenemos un exceso de instituciones de baja calidad.
¿Y la salud pública? Esta tampoco escapa a esta crisis del Estado. La anemia infantil afecta al 33.4% de los niños, mientras que la infraestructura hospitalaria es inadecuada en casi el 100% de los establecimientos. Al igual que en educación, el problema no es la falta de presupuesto, sino su mala gestión. El primer nivel de atención, que podría resolver el 85% de los problemas de salud, recibe solo el 35% de los recursos. En lugar de enfocarse en prevención, el sistema está orientado al tratamiento, lo que aumenta los costos y limita el alcance de los servicios.
El Perú necesita un Estado que funcione, y esto solo será posible si se implementan reformas profundas y urgentes. Los primeros pasos deben avanzar en las oportunidades que tenemos al alcance de la mano como en minería. Tenemos US$ 55 mil millones, que podrían aportar con 0.5% adicional al crecimiento del PBI y generar 245,000 empleos pero trámites que multiplican por cuatro los procesos actuales ralentiza los avances. En seguridad, como comentamos, hay que reasignar al 100% de los policías a tareas operativas e incentivar un mayor flujo de efectivos reduciendo las barreras económicas de ingreso.
En educación, debemos proteger las evaluaciones docentes mediante un organismo técnico independiente; suspender la creación de nuevas universidades hasta que se garantice la calidad de las existentes; e introducir pruebas de entrada y salida para estudiantes de educación superior, asegurando que la oferta laboral cumpla con estándares mínimos. Mientras que en salud, debemos reorientar recursos al primer nivel de atención para prevenir enfermedades e incentivar la participación del sector privado mediante asociaciones público-privadas en toda la cadena de valor.
El Perú enfrenta un momento crítico. Si no logramos reparar el motor averiado que es nuestro Estado, el país continuará hundiéndose en un ciclo de pobreza, informalidad y desesperación. Cada día que pasa, más peruanos pierden la fe en el futuro, y con ello, en la democracia misma.
