David Tuesta
Gestión, 9 de junio del 2025
No es solo que habrá más viejos: habrá menos ahorro, menos inversión y, por ende, menos crecimiento.
«Las leyes de retiro anticipado de fondos privados de pensiones en las AFP. que ya suman siete y que ahora nuestros legisladores, sin pudor alguno, pretenden elevar a ocho, son un crimen que no solo afecta a quienes tienen un fondo de pensiones, sino también al país entero.»
Si el lector se guía por el título, podría pensar que vamos a hablar de mafias como las del Tren de Aragua, Los Injertos o Los Pulpos. Homicidas organizados que tienen en vilo a familias y empresas en todo el país. Sin embargo, este artículo trata de otro tipo de crimen, más insidioso, que se viene perpetrando desde el Congreso. Hablamos de las leyes de retiro anticipado de fondos privados de pensiones en las AFP, que ya suman siete y que ahora nuestros legisladores, sin pudor alguno, pretenden elevar a ocho. Un crimen que no solo afecta a quienes tienen un fondo de pensiones, sino también al país entero.
El daño es profundo, estructural y -lo más grave-, acumulativo. Más de S/110 mil millones han sido retirados del sistema previsional. De aprobarse el octavo retiro, la cifra superaría los S/140 mil millones, lo que representa alrededor del 80% de los fondos existentes antes de la pandemia. Hoy, más de dos millones de afiliados no tienen un sol en sus cuentas previsionales y, tras esta nueva medida, esa cifra podría escalar a nueve millones. Es decir, más del 90% de los afiliados se quedaría con sus cuentas para la jubilación totalmente vaciadas.
Es cierto que las pensiones ofrecidas por el sistema son insuficientes para una gran parte de los afiliados, debido a las bajas densidades de cotización que caracterizan a un mercado laboral dominado por la informalidad. No obstante, el sistema ha demostrado ser un mecanismo eficiente de acumulación de ahorro, triplicando en promedio los aportes recibidos gracias a altas rentabilidades históricas. De esta manera, ha funcionado como una herramienta sistémica para mitigar el riesgo de pobreza en la vejez, y, sobre esa base, era posible construir mejoras-como proponía la reforma previsional ya en marcha-. Esa intención, sin embargo, está siendo desmantelada por un Congreso que ha renunciado a ejercer su rol con responsabilidad.
El problema no recae únicamente en la ligereza legislativa, sino también en una población que, en buena parte, ve con buenos ojos estas medidas. Muchos consideran que el dinero ahora les resulta más útil-por necesidad, urgencia o simple desconfianza institucional- y que, llegado el momento, enfrentarán la vejez como lo hicieron sus padres o abuelos: apoyados en las redes familiares. Lo que no advierten es que están alimentando una fractura intergeneracional de proporciones históricas. La transición demográfica -ese proceso silencioso pero inexorable en el que la población envejece y los trabajadores activos se reducen- está en marcha. Hoy, la tasa de dependencia de vejez en el Perú ronda el 13%, pero en solo dos décadas superará el 25%, según estimaciones de Naciones Unidas. Esto significa que habrá menos personas en edad de trabajar para sostener a un número mayor de adultos mayores. ¿Quién mantendrá a los padres sin pensión? ¿Los hijos, cargando con sus propios gastos y con el peso económico de una generación inducida a desahorrar por decreto?
No se trata solo de una amenaza económica, sino de una injusticia social profunda que compromete los principios básicos de equidad intergeneracional. Se está configurando una masa creciente de adultos mayores longevos, sin ingresos propios ni redes institucionales de protección, que dependerán inevitablemente de sus familias o del Estado para sobrevivir. Esta dependencia no será excepcional, sino cada vez más generalizada, afectando a millones de peruanos que llegarán a la vejez sin pensión, sin ahorros y con necesidades crecientes de salud y cuidado. La carga recaerá, de manera ineludible, sobre los hijos-directamente, a través del sostenimiento privado y la reasignación de recursos dentro del hogar, o indirectamente-, vía mayores impuestos generales destinados a sostener un sistema público exigido por el envejecimiento demográfico. Es una bomba de tiempo distributiva, silenciosa pero explosiya, y estamos encendiendo la mecha sin medir las consecuencias.
La demografía no es neutral ni silenciosa: actúa como una fuerza estructural del crecimiento económico. En la etapa inicial de la. transición demográfica, cuando la población en edad de trabajar crece más que la dependiente, se abre el llamado bono demográfico: un momento excepcional para ahorrar, invertir y elevar la productividad. Si ese ahorro se canaliza correctamente -como lo hicieron los países del este asiático-, se obtiene un segundo dividendo demográfico, que impulsa el crecimiento sostenido a través de la acumulación de capital humano y físico. En otras palabras, es el momento para sembrar el futuro. Pero las leyes de retiros previsionales están malogrando esta oportunidad histórica. Nos están empujando «sin paracaídas» hacia un equilibrio regresivo, con menos población activa, más dependientes y una capacidad menguante para sostener el bienestar colectivo. De hecho, se estima que los retiros anteriores ya han generado una pérdida permanente en el crecimiento potencial de la economía del orden de 0.2 puntos porcentuales.
En un contexto de menor crecimiento económico, menor ingreso per cápita y mayor carga demográfica, la pérdida de capacidad de ahorro de hoy limita la acumulación de capital de mañana y pone un techo estructural a la productividad futura. No es solo que habrá más viejos: habrá menos ahorro, menos inversión y, por ende, menos crecimiento. Que quede claro y registrado: el Congreso está asesinando el futuro de todos los peruanos.
