Por: Dante Vera
El Comercio, 11 de diciembre del 2023
“Se está consolidando un poder local fáctico y mafioso que domina gran parte de la población mediante la amenaza”.
Los trágicos sucesos ocurridos en la provincia de Pataz contra la empresa minera Poderosa, con el saldo de nueve mineros fallecidos y 13 heridos, han conmocionado a la opinión pública. ¿Qué pasaría si otros tres casos como este ocurrieran en el país? ¿Dónde podrían reproducirse acontecimientos similares?
Conviene analizar los hechos para caracterizar la naturaleza del riesgo que enfrentamos como país. Lo ocurrido no es un incidente aislado, sorpresivo ni espontáneo. Es el resultado de un proceso que ha venido siendo advertido por la empresa, autoridades regionales, expertos y sectores de la prensa, y que ha ido sumando incidentes en una escalada de violencia delictiva cada vez más intensa, una red extendida de corrupción, amenazas y extorsión.
A todo esto hay que añadirles que el escenario es un territorio desconectado, sin comisarías, jueces ni fiscales, con una población en condiciones de vida precarias y ocupado por cientos de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados, otros en proceso de formalización, y una buena cantidad de mineros ilegales, muchos de ellos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), enfrentados permanentemente por la defensa de sus espacios (socavones) contra los ladrones de oro en las carreteras y la violencia urbana. Este ecosistema en la sierra liberteña se rige desde hace mucho por la ley del más fuerte, antes un clan familiar acusado de lavado de activos vinculado al narcotráfico y la extracción ilegal de oro, ahora una organización criminal.
Las rondas campesinas, pese a sus denuncias, no lograron establecer un orden interno local para sustituir los vacíos del Estado, como ocurrió en otras zonas. Fueron doblegadas, primero, por los delincuentes llevados desde la costa por los mineros ilegales para que los protejan, y luego por la organización criminal transnacional Tren de Aragua (Venezuela), que montaron “empresas de seguridad” alquilando sus servicios de “protección”, redes de extorsión y tomando el control de la prostitución, bares y hasta el contrabando de suministros para los mineros.
Este proceso de descomposición social y escalada de violencia se ve reforzado por el tráfico de migrantes, principalmente venezolanos, que terminan instalados en Pataz y otras provincias de la sierra de La Libertad. Y el Estado, sin capacidad de respuesta alguna.
El objetivo de la delincuencia internacional allí instalada es socavar a la empresa Poderosa, la principal productora de oro en el país. Para ello, montaron supuestos conflictos sociales por demandas que tuvieron bloqueada a la empresa por más de 45 días, provocando enormes pérdidas. La criminalidad pretende constituir un frente con los mineros ilegales –a pesar de que los tienen extorsionados– contra la empresa y lo poco de Estado que pueda haber.
Se está consolidando un poder local fáctico y mafioso que domina gran parte de la población mediante la amenaza, la extorsión y el crimen, y está logrando el control territorial, pues la organización criminal es la que ejerce el poder y la autoridad, además de controlar rutas y recursos. El Perú y el sector minero formal están enfrentando una amenaza de nuevo tipo: economías criminales que afectan el medioambiente y los derechos humanos, articuladas con organizaciones criminales transnacionales.
El establecimiento de estos territorios que el Estado no controla, sino que están en manos del crimen organizado transnacional, constituye la nueva y más crítica amenaza para la seguridad nacional. Esto ocurre porque pone en peligro los recursos naturales, los activos críticos nacionales, las zonas de frontera y de la Amazonía, y porque fragmentan el territorio nacional.
Advertimos de situaciones similares en otros territorios con presencia de minería ilegal, de otras economías criminales y de organizaciones criminales transnacionales, como la provincia de Cajabamba en Cajamarca, el distrito de El Cenepa (territorio awajún), la provincia de Condorcanqui en Amazonas, el Puerto Internacional La Balsa, provincia San Ignacio en Cajamarca, y el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca, Piura. La presencia del crimen organizado en estos territorios apunta hacia el puerto de Paita como plataforma de exportación de las economías criminales.
Es pertinente distinguir entre los efectos criminales y económicos de la minería ilegal –según un último estudio de la consultora V&C Analistas para la SNMPE, el impacto económico de la minería ilegal alcanza el 2,5% del PBI del 2022– y las labores y demandas de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización. El minero ilegal no puede ser formalizado porque realiza labores en zonas prohibidas para la minería (áreas naturales protegidas, fuentes de agua, concesiones de terceros). En cambio, el minero informal tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley exige para formalizar sus operaciones. El Reinfo tiene que ser depurado y debe culminarse indefectiblemente el proceso de formalización el 31 de diciembre del 2024. Este, por una serie de medidas legales, terminó siendo un subterfugio de mineros ilegales y de supuestos mineros, comerciantes y procesadoras que trafican con el oro ilícito, al beneficiarse de prerrogativas judiciales que impiden la acción de la policía y los fiscales y, por tanto, la imposibilidad de perseguir el delito contra el medio ambiente y la minería ilegal, es decir, favoreciendo la impunidad.
Pataz no es un caso aislado. El Perú enfrenta una nueva amenaza para su seguridad nacional. El Estado, la empresa privada, la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil debemos emprender una cruzada nacional para enfrentar este enorme desafío.
