Por: César Campos R.
Expreso, 25 de Setiembre del 2022
Mañana lunes 26 habrá de inaugurarse en Arequipa la Convención Minera PERUMIN 35, el segundo encuentro de este rubro más importante del mundo, fuente de muchas transacciones entre productores y proveedores, vitrina de innovaciones, pero sobre todo un foro donde se exhibe el compromiso social de tan importante actividad extractiva y se promueve un intercambio de puntos de vista enriquecedor respecto al desarrollo de los entornos donde operan sus unidades.
Tal es el horizonte de estas reuniones, muy lejano a las caricaturas que suelen hacer los ignorantes antimineros quienes describen los PERUMIN como citas de empresarios desalmados, ávidos de ganancias fáciles a costa del sacrificio de trabajadores mal pagados y daños irremediables al medio ambiente. La estupidez de sus argumentos tiende un velo de ocultamiento a hechos concretos como la presencia de líderes comunales o activistas cuestionadores de la minería. Como que el mismo Marco Arana, contribuyente a la frustración del proyecto Conga en Cajamarca, dio su palabra en la convención minera del 2013 junto a José de Echave y Carlos Monge Salgado.
Hoy, en un ciclo de precios variables de los recursos mineros, pero –como el caso del cobre, con el cual el Perú destaca en los mercados internacionales– algunos con proyecciones favorables al alza, su producción sostenible debía ser protegida por un Estado cuya mayor recaudación fiscal reposa en esta tendencia. Lejos de ello y pese a la buena disposición de la cuarta titular del sector Energía y Minas de la administración de Pedro Castillo, la señora Alessandra Herrera, hay malas nuevas en su dinámica.
Así lo señala el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) divulgado recientemente por el diario El Comercio, el cual indica que la inversión minera caería 18 por ciento el año 2023. Esto debido no solo a la mayor incertidumbre del ámbito global, sino también “a los pocos esfuerzos que se han realizado en el ámbito local para frenar el repunte de la conflictividad social y brindar un entorno regulatorio más predecible para la ejecución de los proyectos mineros”.
En efecto, la conflictividad social debe su fortaleza a la circunstancia que el Estado –desde la gestión de Martín Vizcarra, pasando por la de Francisco Sagasti y llegando hasta la de Castillo– hace de la vista gorda en su imperio tutelar de las garantías mínimas del orden jurídico nacional. La delincuencia disfrazada de protesta campea en todas las localidades donde hay minería. La elevación de las demandas a grados estratosféricos de cumplimiento bajo la amenaza de paralizar las minas, son admitidas por el Ejecutivo como si fueran la encarnación de un acto justiciero y válido.
PERUMIN 35 es una magnífica ocasión para que el sector haga conocer su palabra con firmeza, sin dubitaciones y solo basado en la enorme razón que le asiste para preservar la mayor riqueza de todos los peruanos.
