Por César Campos R.
(Expreso, 10 de Mayo de 2015)
Uno de los grandes cuentos que la izquierda farsante (la motorizada por millones de dólares provenientes de las arcas de diversas ONG) vende a los peruanos casi a diario, es la naturaleza prístina y auténtica de toda protesta social. Apoyada en una impresionante maquinaria mediática y de movilización, esa izquierda farsante diseña con bastante éxito guiones sensibleros que pretenden convencernos de la justicia negada a ciertos sectores ciudadanos y el carácter principista que conduce a estos hacia la rebeldía contra la opresión.
Y lo peor de todo es que esa farsa desnaturaliza o socava las verdaderas plataformas de lucha y reivindicación por las cuales varios compatriotas se levantan contra los abusos del Estado o la empresa privada. Hoy podemos decir que, en su gran mayoría, la protesta social tiene partida de nacimiento en los cálculos políticos y económicos de un sector que ha hecho de la manipulación una habilidad casi académica.
Lo recuerdo en el caso del mercado de Santa Anita hace 8 años, cuando un grupo de mafiosos tomó el control de ese centro de abastos escudándose en humildes comerciantes engatusados por la supuesta lesión a sus derechos. Recuerdo a Rocío Silva Santisteban – hoy presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – oponiéndose con todo a la intervención policial. Intervención que finalmente se produjo sin un solo muerto o herido, y que determinó además la captura, enjuiciamiento y prisión de la mafia inspiradora de la ilegal toma.
Lo hemos comprobado hace pocas semanas cuando no sólo Silva Santisteban sino otras ONG le mostraron al país a la “pobre” campesina Máxima Acuña Chaupe defendiéndose de los “abusos” de la minera Yanacocha que reclamaba un área de terreno inscrita como su propiedad. La señora Acuña Chaupe (paseada en Europa con su indumentaria típica para rasgar los corazones de idiotas que todavía no se curan del complejo de culpa por la expoliación de nuestras tierras hace cinco siglos) resultó una tremenda vivaza con nueve predios denunciados como suyos y acumulados de una manera sospechosa.
Y lo que más le dolió a la izquierda farsante es que esta revelación la hiciera quien quizás sea el periodista de investigación más riguroso del país, Ricardo Uceda, un ex militante de la izquierda peruana cuyo compromiso con la verdad pisa callos de tirios y troyanos. Y más doloroso todavía que Uceda lo haya publicado en la tribuna natural de una parte de esa izquierda farsante, el diario La República.
Y ahora están los audios difundidos por Cecilia Valenzuela en los cuales se escucha al dirigente antiminero y uno de los cabecillas del paro contra el proyecto Tía María en la provincia de Islay, José Pablo Gutiérrez, pedir un millón y medio de dólares (“las lentejas”, llama así al estipendio económico) a un aparente intermediario de la empresa Southern, a cambio de levantar la medida de fuerza. Gutiérrez, por supuesto, es capitoste del movimiento Tierra y Libertad de Marco Arana, pareja de la señora Silva Santisteban, todos en pie de guerra contra dicho proyecto.
Las motivaciones pues son claras. Y la esencia corrupta de esa izquierda farsante también (con su emblemático representante Gregorio “Goyo” Santos, ex presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, hoy preso por uña larga). Es hora de cerrarles el paso con las armas de la ley.
