Por Cesar Campos. R
Expreso, 17 de enero del 2022
El tuit lanzando por Vladimir Cerrón a las 12.30 am del viernes 14 de enero, es claro e inequívoco: “El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando (sic) la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia.”
El líder de Perú Libre y sentenciado por corrupción a nivel de la Corte Suprema, hace referencia al anuncio de diversos parlamentarios de aprobar por insistencia la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo que refuerza el procedimiento relativo a que toda iniciativa de reforma constitucional sometida a referéndum debe pasar previamente por la cámara única.
Sobre el particular, la observación del presidente Pedro Castillo argumenta que el referéndum es un derecho de “carácter activo” de la ciudadanía y que la autógrafa “restringe arbitrariamente” ese derecho, vulnerando “principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional”. Por su parte, la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dijo: “lo que no podemos permitirnos como país democrático es limitar al ciudadano un derecho tan importante como impulsar un referéndum”.
La armonía de criterio entre Cerrón, Castillo y Vásquez tiene el eje de llevar adelante la consulta popular sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, suponiendo que dicha propuesta será respaldada ampliamente por los votantes. Aunque las más recientes encuestas no detectan en el ánimo popular esa prioridad –debilitada además por la entusiasta y exitosa campaña en contra del joven abogado Lucas Ghersi–, la vocación chavista de fijar nuevas reglas para perpetuarse en el poder es más que un deseo. Es un axioma.
Pero para Cerrón, las pelotudeces democráticas (Guillermo Bermejo dixit) son insuficientes. Ni siquiera el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que ratifica la inviabilidad de hacer el referéndum sin respetar lo que la autógrafa –aunque la juzga “innecesaria”– determina en concordancia con el artículo 206° de la carta magna, lo disuade. Menos querrá esperanzarse en lo que discuta el Tribunal Constitucional. Su opción es rotunda: el camino violento. Claro que endilgándole la provocación a los legisladores que solo pretenden blindar más el mecanismo del 206°.
Para quien esto escribe (y si recuerdan los amables lectores las entregas anteriores de esta columna), el escenario de una próxima guerra civil se afianza. Las insatisfacciones, los desencuentros, la anarquía (graficada esta última en el imperio callejero de raqueteros y sicarios) sumado a un gobierno sin brújula y un presidente pisando el umbral de revelaciones fiscales sobre corrupción, abonan lo suficiente para tan indeseado episodio. No hay resortes institucionales sólidos que la hagan imposible.
Solo faltaba que alguien declarara la guerra. Lo ha hecho el socio Cerrón, ahora más empoderado que nunca pese a la idea generalizada de su distanciamiento. Guerra quieren, ¿guerra tendrán?
