Por: César Azabache Caracciolo
Para Lampadia
Keiko Fujimori ha ido a prisión porque el Juez Concepción Carhuancho quedó convencido que la organización montada por ella dentro de los dos últimos partidos que formó ha orquestado una compleja maquinaria interesada en obstruir el desarrollo de las investigaciones del Fiscal Pérez Gómez. Ha quedado convencido que esa organización intentaba controlar a la Fiscalía de la Nación, que aún enfrenta al menos dos acusaciones constitucionales por el modo ambiguo en que se ha posicionado ante la crisis en curso. El Fiscal Pérez Gómez reconoce en la Fiscalía de la Nación una intención explícita de alinearse con la defensa de la señora Fujimori en contra del avance del caso, formando una convergencia que pone en riesgo sus indagaciones. El Fiscal Pérez Gómez ha pedido que se proteja su caso. La defensa no notó que ese enorme filón estaba contenido en una solicitud que, valga verdades, se mostraba vulnerable en muchos otros aspectos. La defensa de la señora Fujimori y las otras cuatro que ya han contestado a la fiscalía, prefirieron concentrarse en los aspectos usuales de estos debates, relacionados con el peligro individual de fuga y las obstrucciones específicas al procedimiento. Las cuatro defensas dejaron de contestar a las intervenciones en que la Fiscalía sostuvo que la obstrucción de la que buscaba defenderse provenía de la articulación de la mayoría del Congreso y la Fiscalía de la Nación en contra del caso. Sobre la base del relato del Fiscal Pérez Gómez el Juez Concepción Carhuancho concluyó que la lideresa de esa organización debe ir a prisión para impedir que desde su posición como jefa de una mayoría parlamentaria que no debería estar sujeta a mandato imperativo genere obstrucciones fatales para el curso de la investigación.
Apenas acabó de ser leída la resolución del Juez Concepción, el Fiscal de la Nación, que antes había cuestionado públicamente al Fiscal Pérez Gómez, lanzó al Congreso el caso Chinchero. La acusación no tendría nada de extraño (el caso Chinchero es un caso por cierto polémico y difícil) si no fuera porque de inmediato el Fiscal de la Nación nos obsequió el significado de su propio comportamiento, anunciando públicamente que a él se le incrimina para evitar que se investigue el caso que reabrió durante la crisis y acaba de lanzar. No sé hasta qué punto el Fiscal de la Nación percibe que al hacer cosas como ésta confirma la teoría sobre obstrucciones políticas que ha establecido el Juez Concepción Carhuancho como fundamento de su decisión. Pero profundizando en justificar las sospechas, el Fiscal de la Nación pasó de inmediato a remover de su último cargo en el Callao a la Fiscal Pérez Castañeda, que había solicitado la remoción de un grupo de fiscales relacionados con los “cuello blanco”. Y sancionó al presidente de los Fiscales Superiores de Lima, que no lo respaldó hace algunas semanas cuando intentó que los Fiscales cerraran filas a su favor. Agreguemos a la lista la enorme incertidumbre que produce que al menos relación de fiscales que han sido desplazados durante la crisis. Agreguemos a la lista la remoción a una de las principales adjuntas del fiscal Pérez Gómez. Y la remoción aún no analizada de casi 20 fiscales en su solo acto. Yo concluyo que el comportamiento inexplicable del Fiscal de la Nación obliga a tomar en serio la teoría del Juez Concepción Carhuancho sobre las obstrucciones producidas desde la cúpula.
La detención de la señora Fujimori, establecida como una acción de urgencia para proteger las investigaciones, no podrá alcanzar resultados sin una acción institucional más extensa, que además de asegurar que Fuerza Popular deje de ser el nicho que desde el Congreso articula estas interferencias, resuelva los riesgos que para el caso del Fiscal Pérez Gómez representa el comportamiento del Fiscal de la Nación.
La impunidad generalizada obliga siempre a idear mecanismos creativos de contención. Desde la decisión del Juez Concepción Carhuancho debe reconocerse que la impunidad no se construye solo sobre dictaduras en forma. Una mayoría parlamentaria en un Congreso que no tiene el balance que originan el Senado o la renovación por tercios puede generar esquemas de impunidad que deben ser enfrentados de manera creativa, también desde los tribunales si es preciso. Y las acciones para contener estas obstrucciones deben ser organizadas en tiempo real, mientras se están organizando. En la decisión del Juez Concepción Carhuancho la detención de la jefa de una organización política se justifica si la capacidad de influencia que ha acumulado comienza a ser instrumentalizada como un arma de defensa a su favor personal. Porque la defensa de una persona individual no tiene derecho a emplear como arma propia los cargos públicos que tienen los Congresistas. Emplear el Congreso como plataforma de contención de un caso legal personal, desde esta lectura de las cosas, más que ser solo indebido o inmoral constituye una obstrucción a la justicia. Y justifica una reacción urgente en este caso, la detención de la lideresa de la organización que está dispuesta a comportarse de esta forma.
El tribunal que vea la apelación a esta decisión deberá decidir si, como dice el Juez Concepción Carhuancho, Fuerza Popular se ha convertido a lo largo de las investigaciones en un factor de obstrucción potencial de las investigaciones. Deberá revisar los chat publicados muestran que los congresistas de la mayoría han estado dispuestos, por orden de la jefa de su partido, a poner sus cargos a disposición de su defensa particular, persiguiendo resultados que no tienen finalidades púbicas sino puramente privadas; la impunidad de su lideresa. La defensa ganará si prueba que el comportamiento de la lideresa del partido que controla la mayoría ha sido neutral y respetuoso de los cánones de autonomía de los poderes públicos. La Fiscalía ganará la apelación si logra confirmar que lo que ha hecho Fuerza Popular durante esta crisis es simplemente inaceptable.
Desde diversos sectores se ha criticado que con esta decisión los tribunales estén entrometiéndose en política. En contra, debo decir que con esta decisión queda en absoluta evidencia que la política no ha sido capaz de estabilizarse a sí misma. En el enorme vacío que ella ha dejado como factor de contención de la acción práctica no solo ha crecido la capacidad del señor Chávarry para tomar decisiones libre de todo control institucional. También ha crecido la necesidad del judicial de estabilizar un sistema que se ha vaciado a sí mismo de contenido ordenando la detención de quienes terminan convirtiéndose en un verdadero factor de inestabilidad institucional.
La decisión de Concepción Carhuancho se explica en un ambiente institucional que ha quedado vaciado de contenido.
Quien comenzó con este largo ciclo de erosión del sistema fue Alberto Fujimori. Quien cerró el ciclo de erosión fue la señora Keiko Fujimori. Y quién profundiza el desequilibrio es el señor Chávarry. Entonces la señora Keiko Fujimori termina detenida porque al dirigir el último ciclo de deterioro del sistema institucional eliminó los contrafuertes que habría podido limitar su propio despliegue autoritario. Termina detenida porque el descontrol institucional con el que ha estado actuando el señor Chávarry crea una evidencia en su contra. Fuerza Popular creó el vacío que explica la permanencia del señor Chávarry en un puesto que, honestamente, no debería seguir viendo como si fuera “suyo” en términos estamentales. Ese mismo vacío es el que ha hecho que sea un Juez quien deba terminar forzando la neutralidad del sistema a través de una orden de prisión preventiva dirigida contra una persona en concreto.
¿Qué habríamos esperado que haga un fiscal comprometido con sus funciones para enfrentar el régimen de los noventa en el momento original en que se bloquearon las investigaciones del grupo Colina? ¿Qué habría tenido que hacer un fiscal en la Huamanga de los años ochenta para enfrentarse cara a cara con un Jefe Político Militar cuando se descubrieron fosas como las de Pucayacu, por ejemplo? Sabemos como debe defenderse el sistema cuando las personas de a pie lo atacan. Pero ¿cómo debe defenderse el sistema cuando las interferencias que lo amenazan provienen de posiciones públicas que amenazan con cercarlo?
Bien, este es el debate que ahora enfrentamos. No perdamos por favor el tiempo en tecnicismos. ¿Cuales son las condiciones que pueden permitirnos recuperar el equilibrio perdido sin que medidas como esta, la primera de su género, comiencen a ser imprescindibles?
