Por Charo Camprubí
Para Lampadia, 27 de marzo de 2018
La partida de ajedrez que se ha venido jugando estos últimos meses entre la judicatura española y los independentistas catalanes ha culminado con un jaque mate favorable a España cuando el máximo responsable de la tentativa de secesión de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido en la noche del domingo al lunes en una gasolinera en el norte de Alemania adonde llegó en su coche, procedente de Finlandia. El seguimiento que le hizo el servicio de inteligencia español fue crucial en su detención.
La ofensiva del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comenzó el pasado viernes cuando reactivó la euroorden de detención contra Puigdemont aprovechando su estancia en Helsinky y, además, cursó una orden de detención contra cinco de los independentistas de más renombre. Ahora toda la cúpula independentista está en prisión, acusada del delito de rebelión y algunos también de malversación, salvo los que siguen fugados y se reparten entre Bélgica (3), Reino Unido (1), Suiza (2) y Puigdemont ahora en espera de extradición.
Puigdemont se preguntará porqué corrió el riesgo de viajar a Helsinky cuando ese viaje podía, como ha sido el caso, terminar en su detención. Bélgica para Puigdemont era el paraíso terrenal. Ahí contaba con el apoyo incondicional del partido nacionalista flamenco; con un código penal belga que le venía de perillas porque no contempla el delito de rebelión y, por lo tanto, no podía ser extraditado a España en virtud de ese supuesto; con grandes abogados defensores y una mansión en Waterloo desde donde pretendía teledirigir la política catalana y seguir flagelando a España.
Pero Alemania es otro cantar. Tiene una legislación muy dura que se le podría aplicar ya que el delito de “alta traición” alemán es semejante al de “rebelión” español. Ambos conceptos incluyen la utilización de la violencia con objeto de subvertir el orden constitucional y las penas son muy altas. Al ser Alemania un Estado federal, le corresponde al Estado de Schleswig-Holstein, donde fue detenido, proceder a la extradición en un plazo máximo de 90 días. Puigdemont ha prestado declaración ayer durante tres horas y sigue en prisión ya que el juez considera que hay riesgo de fuga a Bélgica.
Es indudable que la detención de Puigdemont va a marcar un antes y un después, pero, ¿hacia dónde vamos? Por el momento se observa un empecinamiento redoblado por parte de los independentistas que se manifiesta tanto en la calle como en el Parlamento catalán. La calle ha sido tomada por manifestantes que han escenificado duros enfrentamientos con las fuerzas del orden con el saldo de cien heridos leves, entre los que figuran trece policías. En el Parlamento catalán, el estado de ánimo no puede ser peor, como lo refleja el que su Presidente, Roger Torrent, haya convocado para mañana un pleno en el que se va a debatir una iniciativa que tiene por objeto restituir el derecho tanto de Turull como de Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.
Desde las elecciones del 21 de diciembre las instituciones catalanas siguen bloqueadas. El primer candidato fue Puigdemont que quería ser investido Presidente por Skype. Eso lo impidió el Tribunal Constitucional. El segundo fue Jordi Sánchez, que estaba en prisión preventiva, y se lo impidió el juez Llarena al no permitirle salir de la cárcel por considerar que había riesgo de reincidencia en el delito; el tercero fue Jordi Turull que no consiguió la investidura en primera votación por la abstención de la CUP y, antes de que se celebrara la segunda votación, fue detenido por rebelión junto a otros destacados líderes independentistas.
El Gobierno no ha querido aparecer triunfalista después de la detención de Puigdemont. Su objetivo principal es que se normalice la política catalana y se pueda levantar el artículo 155 por el que Cataluña es gobernada desde Madrid. Pero decisiones como la de Torrent ponen en tela de juicio que esta normalización se pueda llevar a cabo en un futuro próximo. La tensión sigue al rojo vivo en Cataluña.
Es necesario destacar que el bloque independentista se ha dividido porque los radicales de la CUP quieren la independencia a toda costa y no están dispuestos a aceptar un programa de gobierno “autonomista”. Su autismo los ha situado fuera del tablero de lo políticamente viable o razonable y ya no se puede seguir contando con ellos. El bloque constitucionalista también tiene fisuras porque Catalunya en Comú-Podem es partidario de que todos los detenidos salgan de la cárcel cuanto antes.
Este tema dará mucho de que hablar porque es muy controvertido. Hay quienes piensan que lo que han hecho es tan grave que se les debe aplicar la ley mientras que otros prefieren pasar la esponja en aras de la reconciliación y la convivencia. Pero en España no existe la posibilidad de la amnistía, solo la del indulto, y el indulto no se puede acordar si no ha habido previamente una condena. Tendrán pues que ser condenados si quieren un día ser indultados. Mientras tanto les espera la cárcel en base a un auto de procesamiento en el que se considera que hubo una utilización de la violencia entre setiembre y octubre de 2107 equiparable al “supuesto de toma de rehenes con disparos en el aire” del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lampadia
