Por: Carlos Meléndez
El Comercio, 11 de febrero del 2024
“Precisamos de un esfuerzo colectivo para abandonar las narrativas antiempresariales maniqueas y estigmatizadoras, insulsas y ridículas, a la altura de nuestras pasiones conspirativas”.
El 40% de los peruanos considera como “definitivamente verdadera” la afirmación de que, con independencia de quien esté en el gobierno, un solo grupo de personas secretamente domina al mundo (Ipsos Perú 2021) –un 33% adicional considera a este enunciado como “probablemente verdadero”–. No es casual, entonces, que una gran parte de peruanos crea ciegamente que el país está controlado por unos cuantos poderes económicos que ponen y sacan presidentes a placer. Este tipo de razonamiento confabulatorio está detrás de la idea tan extendida de que existe un pacto entre las élites económicas para sostener a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Y, en consecuencia, la suya sería una gestión pública servil a los intereses de los “dueños del Perú”.
Autoridades electas porcinas y opinólogos culturetas aprovechan dicha predisposición conspiranoica para ensayar retóricas anti ‘establishment’ que generalizan y etiquetan de “corrupto” o “autoritario” a todo el gran empresariado. No solo desde la izquierda se cuestiona moralmente a los que detentan “el monopolio de los medios de producción”. Desde la propia derecha también se emplea una narrativa que busca desprestigiar a los fundamentos de los negocios formales en el país, los que se sustentan en el respeto al Estado de derecho, en arbitrajes independientes para resolver litigios, en un mercado legal de contratación de estudios jurídicos, agencias de comunicación y encuestadoras para el asesoramiento estratégico. En estos relatos cargados de inquina, todo este sistema formal resulta ser un “andamiaje corrupto” o, en el mejor de los casos, una “manada de sirvientes” del vil metal.
La difusión de esta narrativa antiempresarial arrincona al ‘establishment’, al punto de que los que ocupan cargos de vocería en sus organismos de proyección pública y fundaciones empresariales con vocación social optan –erradamente, a mi parecer– por el perfil bajo, la autocensura y el sentimiento culposo. Así, dejan la cancha libre a ‘youtubers’ yaperos y a desertores conversos que usufructúan del relato complotista –en tal ‘storytelling’, el usurero extorsionador es preferible al banco de la esquina, asegurarse su propia pensión privada es una trivialidad innecesaria, romper contratos es una muestra de republicanismo–. Pero una simple constatación de la realidad, evidencia a estas élites económicas totalmente disminuidas, e incapaces de lidiar con la recesión económica de un gobierno que solo las quiere para la foto. En la práctica, la administración Boluarte-Otárola no destraba proyectos mineros, no levanta barreras burocráticas, no reactiva la economía. Si fuese de verdad un cogobierno empresarial, Alex Contreras no tuviese tantas vidas, ni las ONG serían más influyentes que los grupos económicos para regular en el sector Producción. Las rondas gremiales en PCM son una mecida, como lo eran los Consejos de Ministros descentralizados de Aníbal Torres. Ni el de Castillo fue el gobierno del pueblo, ni el actual es el de las élites.
La crisis política de los últimos años ha debilitado a todos, incluyendo al ‘establishment’ económico. Es una mala noticia para el país, pues el modelo de desarrollo capitalista institucional requiere de un ‘establishment’ fuerte y con capacidad de proyectar el desarrollo para las próximas décadas. No confundamos fuerte con abusivo. Sin dudas, las élites económicas cayeron en faltas y delitos (érase una vez cuando las “puertas giratorias” constituían nuestro principal problema), pero renunciaron a sus puestos de poder, fueron procesadas judicialmente y zanjaron públicamente con sus exsocios corruptos —como no he visto hacerlo en otros entornos sociales. Por ejemplo, nunca veremos al círculo o, el que está erigiendo un ‘establishment’ alternativo, informal, subversivo de la institucionalidad y originado en la expansión de las economías ilegales. La corrosión del ‘establishment’ capitalista formal da paso a la peor versión del capitalismo informal. Esta, por su propia esencia antinormativa, impone su dominio anómico a través del empleo de la legislación parlamentaria para desregular, la reproducción de acciones dpolitológico académico y de cooperación internacional distanciarse de las mañoserías deshonestas de su reformólogo más mentado. Hoy, el ‘establishment’ no termina de recomponerse –¡después les cayó Castillo!–, pues, en pocos años, el país ha pasado de celebrar sus progresos a una distopía.
Mientras los liberales criollos deliran con un supuesto anarcocapitalismo (y sueñan con emular a Milei), nosotros vamos cediendo al lumpen capitalisme amparo en búsqueda de impunidad, diversos grupos de presión social popular operados por mafias que desvirtúan las causas justas, y la legítima protesta convertida en chantaje. En eso se ha transformado el “otro sendero”, quizás tan terrible como el terrorista.
Frente al avance del lumpen capitalismo, requerimos de un nuevo posicionamiento de los grupos económicos formales, de sus gremios con capacidad para transmitir al resto de la sociedad las lecciones aprendidas con una vocación más institucional. Para ello, también se necesita del establecimiento de mecanismos transparentes de incidencia pública (como una nueva regulación de financiamiento partidario, ya que la actual solo permite el ingreso de capitales oscuros). Sobre todo, precisamos de un esfuerzo colectivo para abandonar las narrativas anti empresariales maniqueas y estigmatizadoras, insulsas y ridículas, a la altura de nuestras pasiones conspirativas. Hemos de bajarle el volumen a tanto figuretti que, por alimentar su ego político, intelectual o periodístico, termina colaborando a causas lumpenescas. Y debemos potenciar los proyectos colectivos de largo plazo, antes que esperar el albur de un milagroso ‘outsider’, porque, así como nos puede matar de la risa, también nos puede matar del hambre. Es hora de ponerse serios.
