Carlos Gálvez Pinillos, Ex Presidente de la SNMPE
Para Lampadia
Veo con sorpresa cómo ahora nuevamente, tal como ha ocurrido en el pasado, se ha puesto de moda la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte a los violadores de menores, a los asesinos, etc. Y cómo afloran argumentos en defensa de la vida de aquellos que no respetaron la vida ajena o agredieron sexualmente a un menor.
Encuentro argumentación respecto a la incapacidad disuasiva de esta pena, de si nuestro sistema de justicia es confiable o no, si es jurídicamente viable según las convenciones internacionales o si siendo el Perú un país abolicionista, la medida pudiera afectar nuestro prestigio internacional.
Creo firmemente en el respeto absoluto de la vida humana y que este es un derecho inalienable del ser humano, pero no por eso debemos o podemos quedar inermes frente al irrespeto que los delincuentes y terroristas vienen mostrando con ferocidad en unos casos y con absoluta frialdad en otros casos, como si se hubiera llegado a “cosificar” la vida humana.
Leía en un artículo publicado en Perú 21, que, “Según el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, un preso le cuesta al Estado S/34 al día. Eso es S/1,020 al mes o S/12,410 al año. Según OCDE, un estudiante le cuesta al Perú S/3,575 al año o S/298 al mes, menos de S/10 al día. Es tres veces más caro mantener a un delincuente que mandar a un chico al colegio. Un violador de menores que va preso por 35 años le costará S/434 mil a todos, incluyendo a los padres de su víctima. Dinero suficiente para mandar al colegio a 120 chicos”.
Las cárceles están llenas de delincuentes avezados que siguen delinquiendo aún desde las cárceles, dirigiendo secuestros, extorsionando a comerciantes o dirigiendo organizaciones de traficantes de drogas.
En lugar de discutir de manera efectista y para las tribunas una posible pena de muerte que nunca se aplicará, discutamos y legislemos sobre los trabajos forzados de esta gente, de modo que reparen su daño a la sociedad, reconstruyendo los daños de desastres naturales, encausando ríos, reparando carreteras, descolmatando las “mallas dinámicas” que retienen las rocas que arrastran los huaycos.
Ningún delincuente de esa calaña debe pasarse los días ocioso y comiendo gratis. Debe ganarse el alimento y el derecho a dormir en una cama, para que con los recursos que libere podamos atender mejor la educación pública.
Hoy en día la población penitenciaria asciende a aproximadamente 90,000 individuos, los que nos cuestan S/. 1,100 millones al año y cuando menos la mitad de estos está en plena capacidad de trabajar físicamente en las tareas indicadas para pagar su deuda con la sociedad.
Puedo asegurar que quien sepa el trabajo que le espera por los próximos 25 o 30 años después de delinquir, lo pensará muy seriamente antes de cometer el delito.
Y por si acaso, así como conducir un vehículo en estado de ebriedad es un agravante de la pena, NO NOS VENGAN CON EL CUENTO que esta condición es un “atenuante” para el asesino o violador.
