Diario Gestión, 20 de Marzo de 2017
A hora que hemos (o seguimos) sufrido (sufriendo) el desabastecimiento de agua potable en Lima debido a las lluvias, viene a colación el eterno problema de las empresas de prestación de servicios de saneamiento del país. La mayoría de ellas depende de las municipalidades, salvo el caso de Sedapal que depende del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como sabemos, el agua es un bien esencial y por ello debe manejarse de la mejor manera posible.
En casos de emergencia como el actual se pueden evidenciar los niveles de ineficiencia existentes. Es cierto que el agua viene con mucho material que, dadas las actuales condiciones, no puede ser tratada. Sin embargo, queda la pregunta de si con una mejor previsión se podría haber mejorado la planta. Al parecer, existe cierto rezago tecnológico en la planta de Huachipa que hace imposible captar agua en estas circunstancias. Esto es un factor que debe tratarse de inmediato para evitar repetir situaciones como las que se están viviendo.
Ahora la pregunta que surge es si la empresa está actualmente en la capacidad de modernizarse y contar con un gobierno corporativo de nivel elevado como corresponde a una de las empresas que más facturan en el país. Al parecer, en el actual Gobierno se ha producido un retroceso en el camino recorrido. Este tipo de empresas necesitan personal técnico a cargo y con respaldo político para llevar a cabo reformas que promuevan la eficiencia. En los últimos años se inició un camino de mejora que incluyó la contratación de gerentes en áreas claves que fueron seleccionados con criterios meritocráticos y en concurso público. Se buscó tener una buena relación con el sindicato que había estado descuidada.
Sin embargo, lo que más llama la atención es el cambio que se ha hecho en este Gobierno que ha generado que se haya perdido lo avanzado. Se conoce que de los gerentes seleccionados, la mayoría se han retirado y han sido reemplazados por personas escogidas de manera arbitraria. Esto ha generado discusiones internas que han resultado en la renuncia de dos directores de la empresa, de reconocida trayectoria, por no estar de acuerdo con estas decisiones. Por otro lado, se percibe un manejo político de la empresa que no se debe permitir. Una empresa pública (que podría ser privada pero que se mantendrá pública por mucho tiempo) debe dedicarse a ser empresa. Esto es brindar servicios de buena calidad a un costo razonable a sus usuarios y generar utilidades adecuadas, las que además son reguladas indirectamente por Sunass.
Por todo esto llama la atención que los intentos de mejora de la calidad de los servicios en los que el actual Gobierno está involucrado se vean afectados por este tipo de acciones que no hacen más que atentar contra la credibilidad de una política de Estado. Es aún más preocupante porque un objetivo durante los últimos años ha sido promover la participación del sector privado en la empresa para mejorar la eficiencia. Obviamente, las señales que los recientes cambios vienen dando van en contra de todo lo avanzado. Un distintivo de Sedapal es que se ha diferenciado del resto de empresas de saneamiento municipales cuyo desempeño es deficiente. La idea debe ser acercar a estas empresas al estándar de Sedapal, que no es óptimo pero iba mejorando en los últimos años. No se puede permitir que manejos politizados nos lleven al camino inverso. En esto debe reflexionar el Gobierno sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo y tomando en cuenta que la principal promesa de campaña fue proveer de agua a la población.
