Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 13 de octubre de 2021
Los graves problemas de inseguridad ciudadana y crimen organizado no son de ahora. Vienen desde hace décadas y, de hecho, empeoraron durante el gobierno de Martín Vizcarra, que no le dio prioridad al tema, disminuyeron durante el confinamiento y toque de queda por la pandemia, y en el 2021 han regresado con renovada y creciente furia.
Entender correctamente la naturaleza del problema y contar con un liderazgo claro desde el poder político son indispensables para definir planes acertados de corto, mediano y largo plazo.
Este gobierno parte de cero en comprensión del fenómeno que quiere enfrentar. Empecemos por el plan de gobierno presentado a la ONPE por Perú Libre para las elecciones y que, supuestamente, guio a Pedro Castillo durante la primera vuelta.
En dicho documento, se le dedica al tema menos de una de las 77 páginas y, básicamente, alrededor de dos ideas. La primera es que el delito seguirá existiendo “mientras sea un negocio en una economía neoliberal”. La “solución” que ofrecen es prohibir las armas a los civiles y hasta a los policías de franco, y organizar un masivo recojo de todas las existentes. Una ingenuidad de primariosos que no conocen que esto ya ha fracasado en todos los lugares en los que se ha intentado.
La otra idea, que es la reflexión central de Perú Libre, es que la delincuencia está asociada a la pobreza y que, mientras esta exista, aquella continuará. En corto: si disminuyes una, disminuye la otra. Este razonamiento es un calco y copia de la visión de Hugo Chávez, que llevó a Venezuela de ser un país con altas tasas de delincuencia a ser quizá el peor del planeta en la materia.
Se trata de un simplismo que solo consigue estigmatizar a los pobres como delincuentes (cuando, más bien, la mayoría de ellos son sus principales víctimas). No entienden que el fenómeno es pluriclasista y que tiene mucha autonomía con respecto de sus causas, por lo que se requieren políticas específicas para enfrentarlo.
Para asuntos como el narcotráfico y las múltiples economías criminales, el plan de gobierno de Perú Libre no presenta ni una línea.
Luego, en el plan “Perú al bicentenario sin corrupción” de la segunda vuelta, el crucial tema de la seguridad desaparece por completo.
Ya en su discurso inaugural, Pedro Castillo puso sus propias ideas al respecto: rondas urbanas, servicio militar obligatorio para los que no trabajan ni estudian (a saber, varios millones de personas) y expulsar a los delincuentes extranjeros del país en 72 horas. Nada sobre crimen organizado.
Sus tres propuestas han sido ya abandonadas al hacerse evidente que son inviables o contraproducentes. Tanto así que en el discurso del ahora expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante el Congreso, ninguna fue retomada y se le encargó al ahora exministro del Interior, Juan Carrasco, que improvisase un par de párrafos de su magra cosecha.
Con todas sus limitaciones, Carrasco era un ministro que intentaba hacer algo útil. De su sucesor, sin embargo, tenemos la certeza sobre cuál es su agenda, y no es la del país, en ninguna de las facetas del problema.
Para empezar, es un ministro con uno de los peores historiales policiales que uno se pueda imaginar y que se pueden resumir en un número impresionante de sanciones y pésimas calificaciones en sus exámenes, así como en la evaluación de sus superiores.
El ministro Luis Barranzuela, además, viene de ser el abogado de prominentes miembros de Perú Libre en casos en los que se les investiga por lavado de activos. El mensaje para las unidades policiales enfocadas en las tareas de apoyo a los fiscales –como, por ejemplo, la Diviac–, es muy claro: si no cumplen su labor, están cumpliendo con el ministro. Su íntima amistad con Guillermo Bermejo, actualmente en juicio por presunta pertenencia a Sendero Luminoso, es una bofetada para la Dircote que, sin duda, participó en las investigaciones del caso.
A esto, hay que sumarle el hecho de que Barranzuela arrastra una indagación fiscal en curso por recibir supuestos dineros ilegales de los administradores precarios de la azucarera Tumán, cuya profundización requiere del apoyo especializado de la policía.
Barranzuela, asimismo, se opone a la erradicación de cultivos de coca destinados al narcotráfico y que muchas veces ya no se vende como hoja, sino procesada como pasta básica de cocaína en la propia chacra.
¿Más todavía? En este Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de la DINI, dos mayores de la policía con currículos más que discutibles, que han llegado a sus puestos por favor político y al servicio de un partido con las características que se conocen, tienen acceso privilegiado a toda la información de inteligencia del Estado, sea esta policial, militar o civil.
La realidad descrita es de una gravedad extrema y tiene que ser corregida de inmediato. Si se sigue por este camino de pésimos diagnósticos y liderazgos que van a contramano de las soluciones, el Perú se encamina a múltiples crisis de seguridad de proporciones nunca antes vistas.
Por razones bastante conocidas, no esperemos una rectificación del presidente Castillo. Pero, dado que ella lo propuso, el reto le corresponde a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
¿Sabrá decirle al presidente que, con un ministro así, no puede pedir su investidura en el Congreso?
