Entrevista a Augusto Nardes
Por Ricardo Monzón Kcomt
Perú21, 2 de Marzo de 2017
Uno de los actores principales en un Estado para prevenir actos de corrupción es la Contraloría General. En Brasil, uno de sus máximos representantes es Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Perú21 conversó con él para analizar la situación de la corrupción en Perú y América Latina.
¿Falló algo en el sistema de control de Brasil para que se produzcan los actos de corrupción del caso Lava Jato?
En Brasil hicimos auditorías y dimos alertas con mucha anticipación. En 2009 encontramos indicios de sobrevalorización en las refinerías que Petrobras estaba haciendo y enviamos al Congreso una recomendación para que no pase más ingresos del presupuesto nacional (para esas obras). El Congreso aceptó, pero el presidente de la República de ese momento, Lula da Silva, vetó la decisión y optó por seguir haciendo las transferencias.
Eso pasó en 2009, cuando recién empezaba a construirse el caso.
Sí, podríamos haber evitado esta gestión. Después el juez Sergio Moro y la Policía Federal han tenido como base nuestras auditorías para hacer la operación Lava Jato… También el proceso de impeachment (a Dilma Rousseff) se basó en nuestro reporte, de nuestro relatorio, y ese cambio fue muy importante. En 2012 alertamos a la presidenta de que había una contabilidad “creativa” o maquillaje en las cuentas. La presidenta gastó 106 mil millones de reales, casi US$35 mil millones, de manera ilegal, es decir, sin la autorización del Congreso. Buena parte de ese dinero ella lo gastó en 2014 para la campaña electoral. Utilizó dinero de los bancos públicos para programas de gobierno.
Aparte del impeachment, por el que ya no es más presidenta de Brasil, Rousseff también está involucrada en la investigación Lava Jato. ¿Qué responsabilidad se encontró en ella hasta el momento?
Esta investigación (que la involucra) está empezando. Hay muchas delaciones en ese sentido, pero todavía no están finalizadas. Tenemos que esperar para ver qué va a pasar. No podría hablar de eso.
Luego del estallido de este gran caso de corrupción, ¿qué medidas de control adicional tomaron para reforzar el sistema?
Tuvimos una política de cambio bastante significativa en el tribunal. En 2014 dimos una conferencia en Cusco en la que expusimos el cambio que hicimos. Teníamos que hacer tres tipos de auditorías: financiera, de desempeño y de legalidad. Además, hicimos especializaciones dentro del tribunal.
El caso Lava Jato afectó a varios países de la región pero en otros, como Bolivia, no se entregaron coimas. ¿Por qué se da esa diferencia?
Yo creo que la corrupción está en todas partes. Debemos tener cada vez un control mayor, con la participación de la sociedad. Hay menor corrupción en países que son más organizados, que tienen un mejor monitoreo, pero también hay países que no enfrentan la corrupción de frente. El nivel de corrupción puede ser diferente de un país o de otro, depende mucho también de la educación en la escuela y de la concientización de la población. En Brasil y Perú estamos enfrentando la corrupción, en otros países no la enfrentan, no empiezan el cambio.
¿Cree que ahora habrá un estigma en torno a los contratos a los que puedan postular las empresas brasileñas, como si fuesen las únicas corruptas?
Odebrecht está haciendo un acuerdo de leniencia en Brasil con el Ministerio Público y van a hacer la devolución del dinero involucrado en corrupción. Han ofrecido disculpas para el país. En Brasil hay empresas de Holanda que estuvieron involucradas en actos de corrupción y que hicieron este acuerdo de leniencia y continuaron operando. En todas partes hay empresas que se involucran en corrupción.
¿Estas empresas corrompen a los funcionarios o los funcionarios ya eran corruptos y buscaron una manera nueva para seguir robando dinero?
Nosotros hicimos varias dimisiones de funcionarios involucrados. Tenemos 250 empresas no idóneas y 6,700 gestores penalizados que perdieron el derecho político por 8 años, inhabilitados para la vida pública y para estar en puestos de confianza. Estamos haciendo ese trabajo en Brasil, pero es difícil, porque no se puede hacer auditoría en todas partes. Por eso el control social es muy importante.
¿La sanción a empresas corruptas debe ser cerrarlas u obligarlas a que se reformen, haciéndolas restituir todo el perjuicio?
Yo estoy en contra de cerrar las empresas porque el trabajador es muy importante. Quienes hacen los pagos de impuestos son los ciudadanos, y para eso es muy importante garantizar el empleo. A estas empresas se les puede sancionar con una penalización.
¿Qué lecciones podemos recoger del caso Lava Jato?
Tenemos que mejorar la capacidad de auditoría preventiva para anticiparse a los fraudes, los desvíos. Es fundamental tener el máximo de transparencia. La gran herramienta que tenemos hoy para eso son las redes sociales. Deben servir para acompañar todo lo que las instituciones hacen. La lección es que muchos políticos hacen política para mantenerse en el poder y no mirando a la sociedad.
