Asociación de Contribuyentes
Perú21, 10 de abril del 2025
Las medidas del ministro José Salardi colaboran con el desarrollo económico parcialmente y no favorecen a las empresas más pequeñas que siguen siendo perseguidas por Sunat, aunque quisieran entrar en la formalidad.
Un caso específico que muestra la contradicción en la que vive el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la reducción del plazo para el uso del crédito fiscal, una medida a todas luces confiscatoria, desproporcionada e injustificada.
Ahora para poder recuperar el IGV, la mayoría de empresas, no importa su tamaño, tienen un mes (o dos, en algunos casos) en vez de 12 meses. ¿Por qué? Porque así lo decidió la anterior gestión del MEF, bastante precaria, por cierto. No fue Salardi, pero él puede corregir este problema.
Esta política arbitraria solo busca meterle la mano al bolsillo al contribuyente (sin intentar ningún ahorro en burocracia o eficiencia de parte del estado) para sostener planillas estatales, la quebrada Petroperú, la supervivencia politica de Boluarte y de paso ver si baja en algo el déficit fiscal.
La solución es una sola: se debe volver a ampliar el plazo a 12 meses e incluso eliminar la obligación de registro como requisito para aplicar el crédito fiscal, priorizando la sustancia sobre la forma. La sunat ya cuenta con sistemas digitales avanzados para contrastar y validar el trámite. La medida no responde a una necesidad de fiscalización, sino que impone trabas innecesarias para cobrar más impuestos de forma indirecta.
Además, la reducción del plazo para aplicar al uso del crédito fiscal lejos de facilitar el cumplimiento tributario impone una carga administrativa y financiera desproporcionada sobre las empresas, afectando negativamente la inversión, la competitividad y la liquidez del sector privado, especialmente los ingresos de los emprendedores y empresarios más pequeños.
En la gran empresa, el crédito fiscal es un mecanismo fundamental que les permite recuperar el IGV pagado en sus compras. La reducción del plazo para registrar los comprobantes limita severamente la capacidad de las empresas para gestionar eficientemente sus flujos de caja, obligándolas a asumir costos. Sectores como el minero, industrial, financiero, seguros y salud suelen manejar altos volúmenes de operaciones que requieren procesos administrativos complejos, lo que hace inviable la anotación inmediata de los comprobantes en el Registro de Compras y subir toda la información en tan solo un mes.
En conclusión, esta irracional medida, que debe ser derogada de inmediato, afecta a los más pequeños, que son los más vulnerables, y afecta a los grandes, que son los que más aportan. ¿Hasta cuándo, ministro Salardi? Empiece a corregir lo que la precaria gestión anterior distorsionó durante meses.
