Por Arturo Woodman
Expreso, 23 noviembre de 2021
El presidente Castillo una vez más demuestra a todo el pueblo, que es un gobernante sin “palabra de maestro” o que no tiene ningún control sobre sus ministros o que quisiera destruir la minería a pesar de su importancia. Cualquiera de estas posibilidades, siempre será una situación negativa para el desarrollo y estabilidad del país.
El presidente acudió esta semana al tradicional e importante evento del CADE, que la prestigiosa institución del IPAE organiza anualmente hace más de 60 años, donde reúne tanto las autoridades de gobierno, los empresarios grandes y pequeños, como los profesionales y las asociaciones de trabajadores, para discutir temas y propuestas de los Planes de Gobierno, políticas públicas, expectativas sobre el crecimiento económico y desarrollo del país.
El mensaje del Presidente dirigido a los asistentes al CADE y a todo el país, aseguraba que su Gobierno apoyaría las inversiones generadoras de puestos de trabajo e impuestos, y que serían respetadas ampliamente contando con la seguridad y estabilidad jurídica legal vigente, pero a los pocos días la señora Mirtha Vásquez, presidenta de su Consejo de Ministros, viaja al sur de Ayacucho, a Cora Cora, y anuncia con triunfalismo y seguridad la conformación de una Comisión Ejecutiva de Negociación para términos de cierre de minas, iniciando con las cuatro primeras mineras: Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada.
De las cuales, Apumayo sufrió hace pocas semanas un atentado vandálico que destruyó totalmente su campamento, sin que el Gobierno, ni las autoridades hayan tomado interés en investigar y sancionar a los culpables, sosteniendo además que estas minas se encuentran paralizadas por operar en la cabecera de cuenca.
Los propietarios sostienen que las minas están operativas y que siempre se prevé una fecha de cierre, la que es ampliada al encontrarse más mineral por explotar, además que cumpliendo con ciertos protocolos, sí está permitido operar en la cabecera de cuenca.
Obviamente, la decisión de la premier no es legal, es un atropello a la propiedad privada, alejando las importantes inversiones y contradiciendo lo dicho por el presidente en el CADE, demostrando que el Gobierno tiene un “inaceptable” doble discurso y que estas acciones van en contra del desarrollo del Perú y generan alta inestabilidad y pobreza.
El Gobierno con su falta de visión y conocimiento de los temas importantes del país, olvida que la minería supera el 12% del PBI, representa el 60% del total de las exportaciones y más del 20% de la recaudación fiscal, y con relación a las inversiones en el país, la minería alcanza el 18%, que genera 250 mil puestos de trabajo directos y cerca de dos millones de indirectos.
El futuro de la minería es prometedor, sobre todo por las nuevas regulaciones de protección del medio ambiente, promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que para su producción demandan enormes cantidades de cobre y litio.
Finalmente, un Presidente no debe gobernar con un doble discurso, que solo trae gran inestabilidad y desconfianza, factores que van en contra de las inversiones, generación de puestos de trabajo y de la necesaria unión del pueblo para lograr el desarrollo y la prosperidad que necesita el país.
