Por: Arturo Woodman
Perú21, 9 de marzo de 2021
Hace unos días el presidente Francisco Sagasti, entrevistado en el programa ‘Cuarto Poder’, manifestó que los empresarios no deberían tener la oportunidad de importar, distribuir, ni apoyar al programa de vacunación contra la covid-19, porque este sector representa a los ricos y eso va en contra de la política de su Gobierno, que apoya la vacunación de los que tienen menos recursos.
Inclusive, ante este desatinado planteamiento la periodista le manifestó que, con el ingreso de los laboratorios y empresas privadas la cobertura de la vacunación se ampliaría considerablemente al vacunar a sus trabajadores, a lo que Sagasti manifestó que los trabajadores formales de las empresas no eran superiores a los informales. En realidad, no es cuestión de superioridad ni de posición económica, sino de vida o muerte.
Muy difícil entender los enfoques discriminatorios y separatistas del presidente Sagasti, quien no tiene la visión ni el interés de entender que el planteamiento que se propone es lograr que “todos” los peruanos sean vacunados lo más rápido posible, de tal forma que derrotemos a la covid, logrando que no se presenten más penosas y lamentables muertes, para que así todos podamos regresar a nuestras actividades y poder llevar una vida normal.
El presidente a la fecha está vacunado y lo realizó solicitando a la ciudadanía que no tengan temor a realizarlo, pero en un momento que no había vacunas y hoy a pesar que ya llegó un lote de un millón, contradictorio a su planteamiento: “no se ha vacunado a ningún peruano de escasos recursos”. Países socialistas como Venezuela, Rusia o Cuba no aplican las prioridades discriminatorias y divisionistas expresados por nuestro transitorio presidente Sagasti.
Es cierto y aceptable que la vacunación tiene que realizarse con orden y etapas, tal como se ha iniciado en el país con el personal en primera línea: médicos, enfermeras, policías, bomberos, etc. y posteriormente continuar, como lo realizan todos los países del mundo, priorizando a los ciudadanos vulnerables y seguir con la escala de edades, de mayores hacia abajo; utilizando este sistema se vacunarían todos los ciudadanos (pobres, trabajadores formales e informales, ricos, profesionales, etc.) de forma ordenada, respetando sus derechos y sin discriminación.
Todos tenemos claro que la prioridad está en proteger la salud y en especial, a los ciudadanos que han sido contagiados, esperemos que al controlar los contagios, los problemas para obtener oxígeno y camas UCI y los lamentables fallecimientos disminuyan considerablemente, pero sin duda efectuar la vacunación oportuna y rápida es la única posibilidad de finalmente derrotar a la covid.
Para inmunizar al 70% de la población, demanda un mínimo de 45 millones de vacunas (32Mll x 70% x 2 dosis = 45Mll) y para concluirlo en un año obliga a efectuar 123 mil vacunaciones diarias. Para realizar esta prioritaria y difícil tarea, el Gobierno debería convocar a los privados.
Finalmente, el Gobierno tiene que comprender que para realizar esta complicada operación con eficiencia y rapidez, es imprescindible convocar a los privados y así “unidos” obtener la indispensable vacunación, sin discriminación.
