Por: Arturo Woodman
Expreso, 29 de diciembre de 2020
En los enunciados de la Constitución están precisados nuestros derechos, entre ellos el respeto a la vida, igualmente que no debe existir discriminación por su raza, situación social, religión ni por diferencias políticas.
En relación con los Derechos Humanos, observamos que sólo quedan en deseos, ya que últimamente ni las máximas autoridades del país, ni el comportamiento de los obreros agrícolas acompañados de un grupo de agitadores, ejercen el respeto que deben tener a sus conciudadanos.
Los indicados agricultores, en lugar de realizar sus reclamos laborales por conducto regular, han iniciado acompañados de un grupo de “destructores”, acciones violentas y penadas en contra de los Derechos Humanos de miles de ciudadanos, destruyendo la propiedad estatal y privada y sobre todo poniendo en riesgo su propia actividad.
En las primeras acciones delictivas de hace unas semanas, impidieron el derecho de circulación por las importantes vías de tránsito y de abastecimiento de productos de primera necesidad, en la Panamericana Sur (Ica) y Norte (Chao – Trujillo).
Además de realizar este penado acto, procedieron a retener a miles de personas y vehículos, tomados como “rehenes” por más de 5 días, sin considerar sus derechos al libre tránsito, a la salud y condiciones de vida. Inclusive, el Gobierno de Sagasti acompañó estos reclamos, sin autorizar la intervención policial, ni que se detuviera a ningún “destructor”, provocando indirectamente el apoyo al caos y a nuevos reclamos.
Esta falta de coraje y el continuo desprestigio del accionar policial fue percibido por los agitadores del orden, que a los pocos días y bajo el pretexto que el Congreso populista no resolvía un dispositivo precisando su nuevo jornal al haberse anulado apresuradamente la Ley de Fomento a la Agricultura, reiniciaron con más fuerza sus protestas violentas, impidiendo nuevamente el tránsito y tomando rehenes, esta vez demostraron su agresividad quemando una ambulancia, acción irresponsable que mostró imágenes al mundo, confirmándonos como un país “inestable”, cometiendo actos de violencia inaceptables.
En esta nueva preocupante situación, el gobierno de Sagasti ordena que la Policía acuda sin ningún tipo de defensas, sin el armamento que su reglamento establece y que el Estado suministra para estos casos; obviamente el respeto, prestigio y su razón de ser fueron disminuidos, recibiendo maltratados, incluso siendo tomados como rehenes.
Esperemos que en el futuro esta nefasta experiencia les sirva a la Dirección Policial a no aceptar instrucciones que van en contra de su reglamento y sus objetivos de servicio, alejados de sus Derechos Humanos.
Dentro de estos complicados acontecimientos, no es aceptable que un representante de una ONG ligada a Human Rights Watch (HRW) haga intromisiones indebidas, criticando a la PNP, pidiendo su reforma y dando opiniones sobre temas internos que están en proceso de investigación.
En este contexto, tampoco es oportuno que la presidenta del Congreso sostenga que hay que respetar los derechos humanos de los obreros, olvidándose de los de la Policía Nacional y de miles de ciudadanos secuestrados.
Finalmente, esperemos que el Congreso dictamine una Ley apoyando la importante actividad agrícola y a sus trabajadores.
