Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 8 de marzo del 2022
Es ampliamente conocido que, a los 30 días de nombrarse un nuevo primer ministro y sus ministros, se deben presentar ante el Congreso, para exponer sus planes de trabajo y solicitar el voto de confianza.
De no recibir la confianza, el primer ministro y su Gabinete presentan su renuncia; y en el caso de recibirla, quedan aptos para desempeñar sus funciones.
La Constitución obliga a todo primer ministro a acudir al Congreso para presentarse y recibir la confianza, la que estaría en camino a ser modificada, ya que los congresistas han analizado que no conlleva a algo importante o trascendental. Si esta norma es derogada, no les disminuye sus facultades de fiscalización, interpelación a cualquier ministro o vacar al Presidente.
Si el Congreso niega dos veces la confianza a un gabinete, el Ejecutivo queda facultado para cerrar el Congreso, Castillo asumiría los dos poderes del Estado promulgando decretos de urgencia, supliendo las funciones del Congreso; y como máxima autoridad del país se convertiría en un Dictador.
Dentro de esta realidad, estimo que mientras no se promulgue el cambio de Constitución anulando el actual requisito de la confianza, el Congreso debe decidir pragmáticamente, evitando su cierre y una nefasta dictadura, inclusive se deben dejar claramente expresas las razones por las que se otorga la confianza en favor de la gobernabilidad del país.
Hoy, el Dr. Aníbal Torres se presenta ante el Congreso a solicitar la confianza, que en principio no debería darse, debido a las declaraciones de la lobista Karelim López (colaboradora eficaz) quien ha declarado que el Presidente, sus ministros de Transportes, Vivienda y cinco congresistas conforman una mafia, pero al no estar corroboradas y en proceso de investigación, es preferible otorgar una confianza “sumamente ajustada” y continuar con las interpelaciones a los malos ministros, evaluando la vacancia o la renuncia de Castillo.
Esperemos que esta posibilidad se resuelva de manera práctica y democrática, para seguir analizando los otros problemas que nos agobian, entre ellos los que tiene Castillo por su falta de experiencia y conocimiento, sus reiterativos malos nombramientos de ministros con poca o nula capacidad y cuestionadas trayectorias.
Estos ministros poco capaces, a pesar de la necesidad de contar con funcionarios experimentados al asumir sus cargos, promueven negativamente el retiro de los viceministros, secretarios y profesionales con experiencia y conocimientos adquiridos sobre los problemas de sus sectores, los proyectos en ejecución y los pendientes, los que no deberían desperdiciarse.
Un ejemplo negativo es el nombramiento de la ministra de Trabajo, quien asume su cargo con su nuevo equipo, sin experiencia llevándolos a promover y lograr la promulgación del Decreto Supremo N°001 – 2022 TP, restringiendo que la actividad principal de un negocio o empresa sea encargada a un tercero, provocando pérdida de puestos de trabajo y reducción de la productividad, además es un decreto con una cuestionada legalidad.
Otro de los problemas que se vienen incrementando es la inseguridad ciudadana, debido al desempleo e incremento de la pobreza y a consecuencia de los continuos cambios y politización del Ministerio del Interior, el retiro de sus técnicos capacitados, descabezamiento de las autoridades policiales y sobre todo las limitaciones impuestas a los policías para ejercer sus funciones, sin utilizar su armamento oficial.
En este panorama, el Gobierno debe nombrar un excelente ministro que valore y empodere la PNP, restituyéndole sus atribuciones, aumentando el número de efectivos motorizados provistos de equipos modernos, evitando más asaltos en moto.
Finalmente, el requisito de otorgar la confianza es innecesaria, obsoleta y podría causar el cierre del Congreso, promoviéndose una nefasta Dictadura. Es imprescindible tener buenos ministros y mantener a los funcionarios públicos de carrera, en provecho de una gestión pública eficiente.
