Arturo Salazar Larraín, Periodista
El Comercio, 15 de noviembre, 2015
Hace 35 años, el presidente Fernando Belaunde Terry promulgó la Ley N° 23226, mediante la cual se devolvía, a sus legítimos propietarios, los diarios de circulación nacional que les había confiscado y arrebatado el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. El presidente Belaunde declaró que ese era el momento más emocionante de su vida política. Para la sociedad peruana fue, además, la oportunidad del reencuentro de tales propietarios con sus lectores y de la recuperación de su confianza.
Volviendo hacia aquellos tiempos uno tiene que reparar, necesariamente, en el coraje y la entereza con que los despojados enfrentaron la agresión y el abuso. Y es que no se trataba –ni se trata– de un bien o propiedad cualquiera, sino de uno que se compartía con numerosos, pequeños y leales copropietarios, a los que llamamos lectores.
El desconcierto de la milicia y la zurda sectaria ante nuestra resistencia y lucha obedecían sencillamente a que ambos siempre han considerado la libertad de prensa como algo gaseoso y deleznable, cuando es precisamente lo más sólido y profundo que se puede concebir. Hacen recordar a José Ortega y Gasset cuando definía la palabra como “apenas un pedazo de aire estremecido” que, sin embargo, tiene poder de creación.
El gobierno de la Fuerza Armada se resistió hasta el último instante a devolver los diarios incautados. Tuvo que hacerlo, en su reemplazo, el poder civil. Siempre nos hemos preguntado la razón de esa sinrazón, porque inquieta. Hay que recordar que el presidente Ollanta Humala declaró inicialmente que su modelo de conducta con la prensa era el de Velasco Alvarado. No lo ha repetido porque es probable que sus viajes al exterior lo hayan disuadido. Pero, en todo caso, quedan las dudas.
Ahora bien, la experiencia nacional de los doce años del gobierno militar y los siete de usurpación de los medios son antecedentes que nunca más deberían repetirse. Sobre las dimensiones del fracaso ocurrido entre 1968 y 1980 hay disponible suficiente material estadístico como para desalentar a los que siempre están acechando. Que con la juventud de hoy no pase lo que ha pasado frente a Sendero Luminoso o el Movadef. Deberíamos haber jubilado ya a tanto pretendiente al poder político elaborando una ley de partidos políticos más eficaz.
Los jóvenes coroneles y los viejos agitadores de la zurda tuvieron, en una fecha como la que hoy recordamos, la desautorización política de 92 votos contra 2. Los sondeos electorales hoy los reducen incluso al 1,5% de las preferencias. La minoría de toda la vida que busca siempre el golpe.
Los coroneles de entonces han dejado tres documentos que son necesarios releer, primero porque fueron inventados o fabricados en los cielos interiores de la cúpula militar y, después, por lo que postulan. Ellos son: “El manifiesto, estatuto y Plan Inca del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, fechado en 1976, para hacerlo aparecer como un plan revolucionario previo al golpe de Estado, que finalmente encabezó Velasco; el “Proyecto de Plan de Gobierno Túpac Amaru 1977-1980” y el bastante cínico “Estatuto de libertad de prensa” contenido en el Decreto Ley 18075 y aprobado el 30 de diciembre de 1969 por la Junta Militar de Gobierno.
Estos tres documentos, por encima de la Constitución, establecen y modifican el derecho de los peruanos a disfrutar la libertad de prensa y, con ella, el derecho natural de la libertad de expresión. Con ellos las personas no tendrían la garantía de un domicilio, correspondencia o privacidad inviolables. El presidente Belaunde y varios de sus ministros fueron detenidos y expulsados del país. Un grupo de periodistas fue, sencillamente, extraídos violentamente de sus domicilios, metidos a un avión y deportados de su patria, sin otra acusación que la de “traición a la patria”, formulada por algunos de los generales.
La fecha, sin embargo, trae también recuerdos más gratos y hasta reconfortantes. Las dos centrales periodísticas tradicionalmente enfrentadas –la Asociación Periodística del Perú y la Federación de Periodistas del Perú– se unieron bajo la asesoría de ese gran periodista y jurista Manuel Aguirre Roca para presentar y llevar hasta la Corte Suprema un recurso contra la resolución judicial que negaba el hábeas corpus interpuesto por las dos centrales contra el estatuto de prensa de la Junta Militar. Los actores fueron Raúl Bueno y Tizón por la asociación y Óscar Díaz Bravo por la federación.
Reconforta también recordar numerosas y largas charlas que sosteníamos con Alejandro Miró Quesada (Jan ), alrededor de un café, para diseñar con Guido Chirinos Lizares la estrategia de rescate de la libertad de prensa en el Perú. Lo hacíamos también con Enrique Agois. Asimismo, las visitas a la casa de Aurelio y la relación con José Antonio, así como los demás directores despojados. Fue una lucha compartida por la libertad de prensa, de la que realmente uno no puede dejar de sentirse orgulloso.
Finalmente, recordamos también lo que fue la respuesta de la sociedad peruana a esa lucha. Metidos a la fuerza por la milicia en un avión de Aero-Perú, deportados a Buenos Aires, recibimos con una azafata el recado del capitán de vuelo con el mensaje de que ellos no tenían nada qué hacer con la medida que se tomaba contra nosotros. Para demostrarlo, nos invitaron a la cabina de vuelo y a disfrutar gratis de los tragos y el piqueo.
