Correo, 02 de Mayo de 2017
Me pregunto cuántos peruanos habrán disfrutado, como yo, del feriado por el Día del Trabajador. Esto porque, en el Perú, el 70% de los trabajadores son informales y difícilmente disfruten de derecho laboral alguno, como vacaciones, sueldo mínimo, jornada laboral o feriados.
Y es que los costos de la formalidad en el país son tan altos que la mayoría de empleadores -especialmente los más pequeños y menos pudientes- quebrarían con solo intentar cumplirlos. De hecho, el Perú tiene uno de los regímenes laborales más rígidos de la región y del mundo, según el ranking del Foro Económico Mundial.
Diga lo que diga la ley, la verdad es que hay empleadores que no tienen el dinero para pagar siquiera un sueldo mínimo. Y es que ese es el punto: creemos que mediante leyes podemos obligar a las personas a hacer cosas que son simplemente imposibles. Pero por muy noble que sea la intención de los legisladores, un hombre pobre que quiere abrir un pequeño negocio simple y llanamente no tendrá el presupuesto para pagar los sobrecostos laborales que la ley requiere. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La informalidad, la “tierra de nadie” a la que la legalidad no llega.
Y esa es la realidad de este país. Siete de cada diez personas trabajan sin protección legal. Irónico, ¿no? Leyes protectoras que desprotegen. Pero quizás el mayor problema es lo impopular de las reformas laborales desreguladoras. Esto requiere de “cojones políticos”, algo que PPK viene demostrando no tener hace buen rato, que el fujimorismo, por su corte populista, difícilmente promueve, y que el Frente Amplio, por convicciones políticas inherentes, no apoyaría.
