Como señaló la semana pasada mi colega de esta página, el politólogo Carlos Meléndez, uno de los consensos del 2013 fue el reconocimiento de que, gracias al sostenido crecimiento económico, “somos un país socio demográficamente distinto al de los noventa” donde “la población de los estratos medios superó por primera vez a los pobres”.
Su comentario me permite aclarar una confusión que todavía repiten otros articulistas, y es que la clase media peruana supera el 50% de la población. La cifra proviene de una encuesta de una destacada agencia local efectuada en las principales ciudades del país y que muchos comentaristas han repetido como si correspondiese al total nacional. Dicha encuesta estima el tamaño de la clase media tomando en cuenta la autodefinición de los encuestados y para ese criterio la cifra más precisa es la del Latinobarómetro: 43% para el total nacional, incluyendo a la población rural.
La gran limitación de la autodefinición de clase social es que es válida para medir una percepción relativa al entorno de cada uno, pero no una realidad objetiva. El mejor ejemplo lo da el propio Latinobarómetro: en Bolivia el 53% se autodefine de clase media, mientras en Chile solo el 30%. Como es obvio, la realidad objetiva es la inversa. Por eso, los métodos más confiables para medir los estratos de una población son los ingresos familiares –como hace el Banco Mundial– o las escalas multidimensionales, como la fórmula de niveles socioeconómicos (NSE) que emplea la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM).
La clase media peruana bordea los 10 millones de personas, como señaló en el último CADE Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Intercorp, el grupo peruano con más empresas dirigidas hacia la clase media. A esa proporción –la tercera parte de los peruanos– llega tanto el Banco Mundial como la APEIM, y es verdad que ya supera a la pobreza, que comprende a la cuarta parte de los peruanos.
No cabe duda: la clase media ha crecido y la pobreza disminuido. Lo que se suele tener menos claro es que el segmento mayoritario en la actualidad no es ninguno de ellos, sino lo que el Banco Mundial llama sector vulnerable y que se asemeja a lo que las agencias de investigación denominan NSE D. El problema es que la gran mayoría de trabajadores de este segmento vive en la informalidad, sin seguridad económica.
La existencia de un amplio sector informal en el Perú no es nueva. Creció exponencialmente con la crisis económica de los ochenta y –como graficó muy bien Hernando de Soto– fue el “otro sendero” que siguió la población en un país convulsionado por la falta de empleo, la inflación y la violencia. La diferencia es que ahora este segmento también se ha beneficiado con el modelo económico y puede permitirse adquirir algunos electrodomésticos o consumir ocasionalmente un pollo a la brasa con la familia.
Por lo general, los informales ven el Estado –en palabras de Meléndez– como “un ente a evadir… cuanto menos friegue mejor”. Con esa actitud lo que predomina es una cultura chicha de evasión tributaria y capitalismo primitivo, sin protección social. Y, sin embargo, la gran mayoría de informales son vulnerables y sí requieren del Estado, pues sus hijos van a escuelas públicas –las escuelas privadas atienden solo a la tercera parte de los peruanos– y demandan seguridad más que nadie, y la razón es elocuente: si un trabajador formal es víctima de un asalto, al final de la quincena recibe su sueldo y se recupera. Para un informal un asalto puede representar la pérdida de su capital de trabajo y su recuperación es mucho más lenta. Por eso la seguridad ciudadana es una prioridad generalizada.
Para reducir la informalidad, el mejor camino es el crecimiento. Si el PBI crece 5%, se estima que la formalidad y la clase media pueden crecer un punto porcentual al año. A ese ritmo, para que la clase media peruana llegue a la proporción del actual Uruguay –el país más mesocrático de la región, con casi la mitad de su población en ese segmento– se requiere un par de décadas.
Para avanzar más rápido en el desarrollo de una clase media con cultura ciudadana y respeto a las instituciones, se necesita tomar medidas directas a fin de reducir la informalidad en materia de simplificación administrativa, reducción de la carga tributaria, legislación laboral más flexible, educación cívica y campañas específicas de formalización. Lo que falta es mucha más convicción de los legisladores y de las autoridades gubernamentales para avanzar en esa dirección.
Publicado en El Comercio, 8 de enero de 2014
