Por: Alfredo Torres, Analista político
El Comercio, 14 de julio 2019
El Comercio, 14 de julio 2019
Como se esperaba, los opositores al proyecto minero Tía María convocaron una “huelga indefinida” a iniciarse mañana 15 de julio en la provincia de Islay, Arequipa. La protesta no es una sorpresa, había sido anunciada en reiteradas oportunidades. En una democracia, la ciudadanía se expresa a través de las elecciones, pero también de las encuestas, la prensa, las redes sociales y la protesta en la calle. Es un derecho legítimo. De lo que se trata es de tomar cada cosa en su debida dimensión.
Sin duda, las elecciones son la expresión más importante de la voluntad ciudadana porque permiten asignar el poder. Los ganadores, sin embargo, no son siempre muy representativos. En las elecciones para gobernador de Arequipa, por ejemplo, Elmer Cáceres Llica obtuvo en la primera vuelta 132 mil votos de 918 mil votantes, es decir, apenas 14,4% de votos emitidos. Luego, en la segunda vuelta, derrotó a su rival 39,9% a 29,4%, pero 30,7% votó nulo o en blanco. Es decir, la mayoría no votó por él. La mayor limitación de las elecciones, sin embargo, es que se efectúan cada cierto número de años y, entre tanto, la ciudadanía puede cambiar de opinión.
Las encuestas intentan suplir ese espacio con mediciones más frecuentes a muestras representativas. Permiten saber, por ejemplo, que la aprobación a la gestión del gobernador Cáceres es hoy de menos de 20%, que más del 50% de la población de Islay apoya el proyecto Tía María y que quienes se oponen lo hacen porque no creen que la mina usará solo agua del mar y piensan que usará agua del río Tambo.
La mayor limitación de las encuestas es que muchas personas opinan sin estar debidamente informadas. La prensa y las redes sociales intentan suplir esa falta de información con noticias y análisis. La primera procurando ser objetiva, la segunda con desmesurada subjetividad. Una limitación de la prensa es que la mala noticia atrae más televidentes y lectores, por lo que con frecuencia cae en la tentación de exagerar. Por ejemplo, cualquier reportero sabe que es más probable que su nota salga al aire si declara que hubo miles de manifestantes que si señala que hubo solo cientos. La situación es mucho más grave en las redes sociales donde abundan las ‘fake news’ y los troles, lo que genera la falsa sensación de una corriente de opinión a favor de una determinada causa.
Las protestas en la calle tienen una épica que las hace muy atractivas. El gran paro nacional del 19 de julio de 1977, por ejemplo, fue el principio del fin del gobierno militar de entonces. Tres meses después este convocaba una Asamblea Constituyente. Curiosamente, con el retorno a la democracia, las huelgas alcanzaron su máximo esplendor. En 1981 hubo 871 huelgas con la participación de 856 mil trabajadores. Con el tiempo, las relaciones laborales cambiaron y las huelgas perdieron relevancia. En el 2018 hubo apenas 54 huelgas en el sector privado en las que participaron 22 mil trabajadores. Solo en el Estado aparecen ocasionalmente huelgas importantes, como la magisterial del 2017.
En las últimas dos décadas, en cambio, se han incrementado las marchas por motivos cívicos, como las protestas contra la corrupción y la violencia contra la mujer, y por conflictos socioambientales. Las marchas pueden atraer atención por la creatividad de sus lemas y pancartas, pero también por su violencia. Lamentablemente, las mal llamadas “huelgas indefinidas” no son simples convocatorias a abstenerse voluntariamente de trabajar. La población es conminada a dejar de hacerlo, a veces por el bloqueo de un camino y otras por amenazas no tan veladas.
El problema se complica porque estas protestas son frecuentemente capitalizadas por activistas políticos de extrema izquierda. Si la policía intenta despejar la vía será atacada a pedradas. Y si intenta restablecer el orden público será acusada de estar “criminalizando la protesta”. Si por desgracia alguien muere, los extremistas habrán logrado su cometido.
El éxito de una protesta no debe medirse por la violencia de sus promotores, sino por el grado de participación de la ciudadanía. En la provincia de Islay, por ejemplo, el padrón electoral registra 44 mil ciudadanos. Si bien no hay una regla precisa de qué grado de participación es significativo en una protesta, está claro que si participan más de 10 mil personas en una marcha en esa provincia la protesta merece más atención que si marchan menos de 3 mil.
No se trata de ignorar una protesta porque participan en ella solo mil o dos mil ciudadanos. En las democracias la protesta se respeta. Los que reclaman pacíficamente merecen ser escuchados. De lo que se trata es de poner las cosas en su debida proporción. Si la protesta se explica por una profunda desconfianza, hay que extremar los esfuerzos por generar esa confianza. Lo que no se puede hacer es paralizarse por temor a una minoría, por más violenta que esta sea.
*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú. La firma ha realizado estudios para Southern. Las opiniones expresadas en el artículo son estrictamente personales.
