Por: Alfredo Torres, analista político
El Comercio, 20 de mayo de 2018
A primera vista, luce muy bien la idea de incrementar la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo de productos que pueden hacer daño a la salud. Disminuir el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, evitar el cigarrillo y desalentar el uso de vehículos contaminantes son objetivos con los que es fácil coincidir. La duda asoma, sin embargo, cuando se conoce que la iniciativa para estos incrementos proviene del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no del Ministerio de Salud (Minsa). Total, ¿el objetivo es reducir el consumo o recaudar más impuestos?
Todo indica que el cálculo del MEF es que los productos gravados son relativamente “inelásticos”. Es decir, que su consumo disminuirá algo, pero que, haciendo las sumas y las restas, logrará recaudar más que antes. Esperemos que sepa rectificarse pronto si no es así. Por ejemplo, si los vehículos a gasolina nuevos suben 12% de precio y sus ventas caen 20%, la consecuencia directa sería que se reduciría su contribución por IGV e Impuesto a la Renta, además de aumentar la antigüedad del parque automotor, con lo que ello implica en términos de contaminación y riesgo de accidentes por desperfectos mecánicos. El Gobierno debería retirar ese impuesto en cuanto sea evidente su mal cálculo.
En los demás casos, es probable que el efecto neto en recaudación sí sea positivo, a pesar de una caída en las ventas. El problema es que no se sabrá con claridad si la disminución en las ventas de bebidas azucaradas, licores y cigarrillos será porque la gente decidió disminuir su consumo o más bien porque optó por reemplazarlos por otros de menor costo. Por ejemplo, por chicha (con azúcar) al paso, licores adulterados o cigarrillos de contrabando. Si el consumo no disminuyó, sino que se sustituyó, los efectos sobre la salud no se habrán reducido, sino que serán los mismos o incluso mayores, como en el caso de los productos adulterados.
Si el Gobierno quisiera realmente reducir el consumo de productos que, consumidos en exceso, son perjudiciales para la salud, lo que tendría que hacer es darle recursos al Minsa para que los invierta en campañas publicitarias en medios de comunicación masiva, colegios y redes sociales, como la aclamada campaña de salud pública One You, del Reino Unido, o las campañas contra el consumo del cigarrillo y el alcohol entre menores de edad del Ministerio de Sanidad de España. La obesidad, los accidentes por exceso de alcohol y el cáncer por consumo de cigarrillos son dramas sociales que tienen un alto costo para la salud pública en el mundo y está demostrado que lo que mejor funciona para reducir los malos hábitos de la población son las campañas de márketing social, no el incremento de impuestos.
Sin duda tiene razón el MEF en estar preocupado por el déficit fiscal. Es inaceptable que mientras los ingresos se mantenían estancados, el gasto público se haya disparado –sobre todo en remuneraciones– entre el 2012 y el 2017. En ese lapso, según cálculos de Apoyo Consultoría, los ingresos del Gobierno en soles nominales crecieron apenas 11% mientras los gastos en personal crecieron ¡91% en el gobierno nacional y 98% en los gobiernos regionales!
Lo que ha venido ocurriendo en el Estado Peruano –en el Gobierno Central, pero también en el Congreso de la República y sobre todo en los gobiernos regionales– es inadmisible. Uno de los criterios que primero se aprende en cualquier organización es que los costos no pueden subir más que los ingresos. A cualquier gerente que aprecia a su personal le gustaría subir los sueldos todos los años o contratar más gente, pero es obvio que, si los ingresos permanecen estancados, la planilla no puede subir más de 10% cada año y eso es lo que ha venido ocurriendo en el Estado durante los últimos años.
Como se sabe, la mayor fuente de incremento de los recursos fiscales es el crecimiento económico y este es consecuencia de la inversión privada. Por ejemplo, una gran inversión minera dinamiza la actividad económica en su zona de influencia y genera recursos para los municipios aledaños, el gobierno regional correspondiente y el gobierno nacional. Ahora que se vienen las elecciones regionales, la prensa debería exigir a los candidatos que expliquen cómo van a hacer para incrementar los ingresos en sus regiones. Los maestros, médicos, policías y otros funcionarios tienen derecho a seguir mejorando sus remuneraciones. Pero, para que estos aumentos sean sostenibles en el tiempo –y no una farra inflacionaria como la chavista–, los principales interesados no deberían ser ajenos a este debate.
