Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 13 de octubre de 2021
El Perú es un país eminentemente agrícola, con más de 1,000 ríos y 107 cuencas hidrográficas, en climas diversos que dan vida a una actividad agrícola con un potencial inimaginable. Requiere, sin embargo, de políticas que permitan su desarrollo, como fue la hoy derogada Ley de Promoción Agraria.
En enero de 2021, con tecnología satelital, el Midagri desarrolló el Mapa Nacional de Superficie Agrícola del Perú, estableciendo que existen 11.6 millones de hectáreas agrícolas en el Perú (donde la agroexportación ocupa menos del 2%), cifra significativamente mayor a los 7 millones obtenidos del Censo Agropecuario de 2012. Más que un crecimiento espectacular, lo anterior representa una subestimación histórica del tamaño de la agricultura familiar, agrupada en 2.2 millones de unidades productivas.
La agricultura familiar es la que utiliza la fuerza del trabajo familiar para infrasubsistir. Caracterizada por el minifundio, sin títulos de propiedad, con linderos y licencias de agua inciertas. Sin seguridad jurídica. Con escasa o nula infraestructura, son portadores de una sabiduría agrícola milenaria y con una vocación incansable por el trabajo; sin embargo, carecen de acceso a semillas mejoradas (genética), a herramientas adecuadas y a las técnicas modernas de manejo agronómico. En esas condiciones no es posible prosperar ni salir de la pobreza.
La mal llamada segunda reforma agraria plantea nueve medidas aisladas para promover su desarrollo. Para coligarlas, es necesario repotenciar los programas existentes del Midagri. Específicamente Agroideas, que fomenta la asociatividad y adopción de técnicas para contribuir a la competitividad; Agrorural, que articula inversiones público-privadas con inclusión de las familias rurales, y el PSI, que promueve el uso eficiente del agua con la tecnificación del riego en las comunidades agrícolas. Es imperativo también salir del abandono inmemorial de la infraestructura rural en canales, y vías de comunicación.
Es necesario, sin embargo, plantear una cuestión previa: la universalidad de títulos de propiedad y formalización de licencias de agua (cuidando que los traficantes de terrenos y agua no aprovechen para consolidar sus fechorías). Elementos imprescindibles para tener acceso a financiamiento y generar confianza entre las unidades productivas, viabilizando su asociatividad o la formación de cooperativas agrícolas, que no son otra cosa que corporaciones agrícolas de accionariado difundido.
