Por: Alfonso Bustamante Canny
Presidente de la Confiep
Gestión, 18 de agosto del 2023
Se estima que el impacto económico en el país podría ser de hasta el 2% del PBI”.
En marzo de 2017, en el Centro de Lima, el río Huaycoloro inundó el malecón Checa y la avenida Ramiro Prialé. A pocos kilómetros de ahí, el río Rímac extendió sus aguas hasta ingresar a la Casa de la Literatura y el Parque de la Muralla, lo que obligó a los empleados de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Economía a desalojar sus instalaciones, muy cerca de los lugares afectados. Por otro lado, en el norte de la capital, el río Chillón llegó a la Panamericana Norte, y en el sur, el río Lurín se desbordó y Cieneguilla quedó aislada. Por si fuera poco, Sedapal cerró la planta de tratamiento de La Atarjea, dejando sin servicio de agua, durante una semana y media, a 27 de los 43 distritos de Lima y afectando a diez millones de habitantes, quienes debieron formar colas extensas en espera de una cisterna para abastecerse de agua.
Hoy nos enfrentamos a una situación igual de compleja. Se ha confirmado que El Niño estará presente en el resto de 2023 y el verano de 2024. Algunos hechos recientes alarman. Las temperaturas en el norte del país superaron a la media, afectando la productividad de los cultivos e incidiendo en el aumento de plagas, ensañándose en la ya golpeada economía del sector agrario. En el mar, la anchoveta desapareció del litoral, afectando severamente la economía del sector pesquero.
Mientras tanto, Uruguay viene afrontando su peor sequía en 74 años, declarando desde junio el estado de “emergencia hídrica” en Montevideo. A inicios de agosto, incendios forestales en la isla de Maui, Hawái, Estados Unidos, provocados por fuertes vientos, baja humedad y vegetación seca, dejaron un centenar de fallecidos y más de US$ 5,500 millones en pérdidas económicas.
En Lima, el 14 de agosto se registró una temperatura de 26 °C, altamente inusual para el invierno de la ciudad, un claro reflejo de la alteración climática. Si no tomamos acción rápidamente, las anunciadas lluvias intensas podrían originar desborde de ríos, daños a la infraestructura, afectación a la cadena de suministro de alimentos y muertes. Por otro lado, se estima que el impacto económico en el país podría ser de hasta el 2% del PBI.
El Niño ya llegó y ha afectado severamente a los sectores agro y pesca, los que requieren respuestas del Gobierno en las políticas públicas sectoriales de reactivación y prevención, como agilización de permisos de pesca para que se permita a la flota la captura de especies para consumo humano que aparecen con el calentamiento de las aguas en nuestro litoral.
Ante todo, es fundamental que el Estado proteja a la población frente a los muy probables efectos devastadores de las lluvias de diciembre. Se deben ejecutar lo antes posible las obras de prevención como la limpieza en ríos y quebradas, además de la implementación de mallas de contención. Necesitamos un marco legal que facilite la rápida contratación y ejecución de las obras. Debe haber un seguimiento continuo para que ninguna intervención crítica se paralice.
El Gobierno no debe esperar a que ocurran las lluvias en el norte para abastecerse de maquinaria, víveres, agua y materiales de construcción para aliviar a los ciudadanos que sean afectados por el fenómeno climático. Por su parte, el sector empresarial seguirá a disposición del Estado. En abril, facilitamos el traslado de camas, bidones de agua, excavadoras, motobombas, palas, calaminas, entre otros, al BAP Pisco para que puedan ser llevados al norte del país. En este contexto, estar alertas y prevenidos es un reclamo necesario.
