Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep
Gestión, 11 de octubre del 2024
“Aunque los paros generan tráfico, incomodidad para los trabajadores y complicaciones logísticas para las empresas, consideramos que la magnitud del problema justifica la protesta”, considera Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep.
El jueves 26 de septiembre más de 30 empresas de transportistas en Lima y Callao paralizaron sus operaciones en protesta contra las extorsiones y ataques de delincuentes. Frente a la falta de soluciones concretas, los transportistas convocaron nuevamente a un paro para insistirle al Gobierno que garantice la seguridad del transporte público.
Aunque los paros generan tráfico, incomodidad para los trabajadores y complicaciones logísticas para las empresas, consideramos que la magnitud del problema justifica la protesta. Más aún cuando vemos a un Gobierno que sigue sin calibrar políticas públicas adecuadas y opta por culpar a terceros, en lugar de asumir un verdadero liderazgo.
Si bien en los últimos meses el Gobierno ha anunciado varias medidas, estas parecen más destinadas a la tribuna (que tampoco los aplaude) que a frenar la ola de extorsiones y asesinatos.
Una vez más, el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en varias zonas del país, a pesar de que la evidencia demuestra que esta medida no ha sido efectiva. Además, estas decisiones dañan la imagen del país y afectan la productividad. ¿Qué puede pensar un turista si al enterarse de que 16 distritos de la capital están en emergencia? ¿Cómo esperar que las empresas sean productivas si operan bajo restricciones?
El Gobierno también ha promocionado una ley contra el terrorismo urbano, una norma que, aunque reconoce la gravedad del problema, difícilmente resolverá la inseguridad ciudadana, si no se complementa con otras medidas.
En esa misma línea, en noviembre del año pasado, se promulgó el Decreto Legislativo 1578, que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes persistan en el robo de celulares. Sin embargo, el incremento de penas no resolverá el problema mientras no haya una capacidad efectiva parar capturar a los delincuentes y de aplicar sanciones.
Llama la atención que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se haya embarcado en una cruzada contra la Fiscalía al punto de declarar: “El Ministerio Público resulta ser, en algunas oportunidades, enemigo de la Policía”. Por otro lado, la presidenta ha lanzado ataques contra la prensa, calificándola de “terrorismo de imagen”.
Si bien la Fiscalía y el Poder Judicial tienen fallas evidentes, el ministro debería enfocarse en resolver los problemas de su propia institución antes de culpar a otros. Además, la presidenta lleva más de 70 días sin declarar a la prensa y sería prudente que informara a los peruanos, dando señales claras de liderazgo.
Frente a la falta de propuestas, desde el sector empresarial hemos planteado soluciones: la construcción de centros de flagrancia e implementación de cámaras de reconocimiento facial a través de obras por impuestos, así como la construcción de comisarías y penales mediante asociaciones público-privadas. Sin embargo, el Ejecutivo no ha mostrado receptividad.
Es responsabilidad de la presidenta liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero desde el sector empresarial no percibimos ese liderazgo.
