Alfonso Baella Herrera
Expreso, 28 de setiembre de 2016
Lo ocurrido hace unas horas en Cartagena, Colombia, con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, constituye un llamado de atención para los gobiernos en América Latina. Como sostuvo el excanciller Francisco Tudela, Colombia ha ingresado en una profunda confusión ideológica.
A partir de la firma de este tratado el Estado colombiano pagará para que las FARC hagan su partido político y tengan 10 congresistas -elegidos a dedo por ellos- en el actual congreso. Les creará distritos electorales en las zonas que ellos tenían liberadas, quedarán sometidos a la denominada justicia transicional donde las penas son servicios cívicos y quedan suprimidos los juicios en curso por secuestro, asesinatos, etc. Esto para los guerrilleros pero no para los soldados colombianos que se les enfrentaron que seguirán en curso.
Los 7,000 miembros de las FARC recibirán 2 millones de pesos por desmovilizarse y el 90 % de un sueldo mínimo por tiempo indeterminado, cada uno. Además, el acuerdo tiene proyección frente a cualquier extradición así sea pedida por un gobierno extranjero. Son inmunes a la justicia de otros países. Todo esto será manejando por una comisión de la verdad.
El precio pagado por esta paz es altísimo. Las FARC han logrado imponer su programa. Es la paz de un ganador impuesta a un perdedor que es el Estado colombiano. Peor aún, el marco legal es el art. 3 de la Convención de Ginebra y como tal adquiere un carácter de acuerdo internacional humanitario que le da un valor supranacional y supraconstitucional que nadie podrá cambiar en el futuro.
¿El Perú ha avalado con su presencia todo esto? ¿Será el futuro de Colombia lo que quiere PPK para el Perú? Nos quedamos con la duda sobre las verdaderas consecuencias que este tratado de paz puede traer. En el Perú, a diferencia de Colombia, vencimos al terrorismo y eso nunca debemos olvidarlo.
