Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra
El Comercio, 19 de Abril de 2017
La semana pasada el Congreso de la República aprobó por unanimidad (104 votos a favor y 0 en contra) establecer una sanción penal para quienes realicen actos de especulación y acaparamiento en zonas declaradas en emergencia. La pena para estos delitos será de privación de la libertad individual entre tres y seis años. A partir de su promulgación por el Ejecutivo, quien acapare productos de primera necesidad con el objetivo de “alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido” o quien los ponga a la venta “a precios superiores a los habituales” estará expuesto a este tipo de contingencias.
La motivación detrás de este proyecto de ley –y que probablemente explica la unanimidad en su aprobación- es el honesto deseo de contribuir a solucionar problemas que se han presentado a consecuencia del fenómeno de El Niño costero.
Nadie discute las buenas intenciones que están detrás de la iniciativa. Pero cuando se trata de introducir regulaciones, las buenas intenciones no son suficientes para lograr una regulación que cumpla con el objetivo buscado, al menor costo posible y sin crear efectos no deseados. Por ello se requiere que cualquier proyecto de ley sea acompañado por un análisis costo-beneficio que sopese las alternativas, así como las consecuencias que podrían generarse.
Lamentablemente, ningún análisis de este tipo respalda el proyecto. La iniciativa solo cita como respaldo algunas regulaciones que existen en otras jurisdicciones (más de una bastante añeja), como si la “moda” fuera razón suficiente para regular. No existe ninguna evaluación de lo sucedido en el Perú durante los años en que este tipo de sanción estuvo vigente sobre su eficacia para resolver los problemas de escasez o sobre las complicaciones que se presentaron en su aplicación. Ningún análisis sobre lo sucedido en 1998, año en que el precio promedio mensual del limón también se fue por las nubes a consecuencia del fenómeno de El Niño (S/12,07 por kg en agosto de 1998, superior al S/8,05 registrado por el INEI en marzo pasado) y el rol que jugó (o no jugó) este tipo de sanciones.
Ningún análisis sobre el número de detenidos por estos delitos antes del 2008 o sobre las sentencias recaídas en estos casos. Ninguna opinión del Poder Judicial o el Ministerio Público sobre la iniciativa. Ninguna valoración seria de alternativas distintas a la cárcel para atender el problema. Nada de nada.
¿Y sobre los costos que la iniciativa genera? Se trata de un nuevo delito que debe ser perseguido y sancionado. Las autoridades deben dedicar tiempo y recursos a esta nueva tarea. La iniciativa solo menciona que esta “no implicará gasto presupuestal para ninguna entidad” o que “no irroga gastos de ninguna índole”. ¡Plop!
No hay nada que justifique pasar por agua tibia la evaluación de este tipo de iniciativas y menos cuando se pretende meter a la cárcel a las personas. Cuidado. A este paso, convirtiendo todo en delito, las cárceles no van a tener espacio para los violadores de niños y narcotraficantes. Y lo que es peor, vamos a tener a policías persiguiendo a pequeños comerciantes de limones acusados de vender a precios “superiores a los habituales” y de buscar un “lucro indebido”, sin que ni uno ni otro tenga en claro de qué se trata todo esto.
