Alejandro Deustua, Internacionalista
Gestión, 5 de setiembre de 2016
Aunque la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, UNASUR y algunos sus Estados Miembros hayan expresado entusiasta apoyo al acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC los ciudadanos de ese país no han definido una posición al respecto.
No sólo la diferencia entre los que votarán por el sí al fin del conflicto y construcción de la paz (52%) o el no (48%) en el plebiscito del 2 de octubre es corta y variable y el abstencionismo eventual es alto (27%, El Tiempo), sino que en el mes que resta el resultado de la campaña política que hará la diferencia es impredecible.
Y no es para menos porque a las ventajas del acuerdo (fortalecimiento del Estado y concreción soberana, incremento de la seguridad y defensa nacionales, mejora del mercado y del clima de negocios y fortalecimiento de la inserción externa), se oponen zonas grises que incrementan las desventajas en la percepción colectiva. Más de medio siglo de conflicto, 260 mil muertos y 6 millones de desplazados no dejan claro aún en los colombianos que un acuerdo que no sea de suma 0 sea suficiente para iniciar la paz.
Así, si el Estado colombiano, por primera vez desde 1964, tendrá completo dominio territorial y resguardo de la totalidad de su población, la administración de justicia, que es común para la inmensa mayoría, será «transicional» para los miembros de las FARC.
Ésta no es una invención negociadora sino un instrumento recurrido por la ONU para la construcción del Estado de Derecho en situaciones donde se observa carencia de derechos básicos en gran escala durante mucho tiempo. Pero en la percepción de los que se oponen al acuerdo la justicia que éste anuncia no se administrará con criterios de equidad sino de necesidad vinculada más a la razón de Estado o a la concesión a los que agredieron con el terror.
Por lo demás, si el principio que establecía que la negociación con el terrorismo era una claudicación ha sido manipulado, ¿cómo es que el gobierno agrega a ello negociaciones de política agraria y antinarcóticos con los que hicieron del agro un escenario de delitos de lesa humanidad y ámbito de uno los mayores grupos globales de narcotraficantes?
Explicar al respecto que las FARC ostentan un poder superior a sus apenas 7 mil hombres y que puede seguir impidiendo la adecuada explotación agraria o que esa fuerza abandonará en efecto un muy lucrativo negocio a cambio de la reincorporación a la sociedad es una tarea difícil para el señor Santos.
Como lo será mostrar que los beneficios de la representación asegurada de los ex -terroristas en el Legislativo es mejor para la sociedad que mantenerlos en una lucha armada cuyo fin estaría demasiado lejos (y que presentaría un frente quizás más peligroso en un marco global de crecientes conflictos asimétricos).
A esa tarea pedagógica del gobierno colombiano quizás pudiera sumarse, con efectiva prudencia, la comunidad internacional para mostrar a los ciudadanos que sus legítimas dudas tienen respuesta en un cauteloso futuro de desarrollo, estabilidad e interacción externa.
