Aldo Ferrini
El Comercio, 3 de setiembre del 2025
“Los países con reglas claras, instituciones judiciales independientes y un sistema legal confiable avanzan más rápido, atraen inversión y logran bienestar sostenido para sus ciudadanos”, comenta Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra.
Al hablar de desarrollo solemos pensar en cifras de crecimiento, inflación controlada o aumento del empleo. Sin embargo, detrás de esos números hay un elemento menos visible, pero mucho más determinante: el Estado de derecho o ‘rule of law’, como se conoce en inglés.
Décadas de datos globales son contundentes. Los países con reglas claras, instituciones judiciales independientes y un sistema legal confiable avanzan más rápido, atraen inversión y logran bienestar sostenido para sus ciudadanos. El resto, aunque tenga picos de bonanza, termina atrapado en ciclos de inestabilidad y frustración.
La lógica es simple. Si las personas y las empresas confían en que la ley se aplica de manera pareja, planifican, invierten y arriesgan más. Si, en cambio, reina la arbitrariedad o la corrupción, nadie apuesta a largo plazo. El resultado: menos inversión, menos innovación y, al final, menos oportunidades.
En el Perú lo sabemos bien. Un Estado de derecho débil ha permitido que sectores como la minería ilegal o el transporte informal crezcan sin freno. En el primer caso, miles de millones de dólares en oro extraído fuera del marco legal financian redes criminales, destruyen ecosistemas (sociales y ambientales) y erosionan la recaudación fiscal. En el segundo, la falta de cumplimiento de normas y la captura de reguladores han consolidado un sistema de transporte donde reina la ley de la selva, con altísimos costos en productividad, seguridad vial, calidad de vida y tristemente, la pérdida de vidas. Ambos fenómenos son ejemplos claros de cómo la ausencia de legalidad sostenida favorece intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo.
En la otra orilla, el manejo del Banco Central de Reserva es ejemplo de cómo el respeto al Estado de derecho puede blindar una institución. Durante más de 30 años ha mantenido independencia, reglas claras y una disciplina técnica reconocida internacionalmente, incluso en medio de turbulencias políticas. Gracias a ello, el país ha gozado de estabilidad macroeconómica que se traduce en una mejor calidad de vida para todos. El contraste es evidente: donde se respetan las reglas, hay confianza y resultados; donde la legalidad se erosiona, quedan la ineficiencia e incertidumbre.
Urge devolver al Estado de derecho al centro de la agenda. No es un tecnicismo jurídico. Es la base que sostiene cualquier aspiración de progreso. Sin reglas claras y sin jueces independientes, ni las reformas económicas ni los experimentos políticos alcanzan su potencial. Difícil fomentar pequeños emprendimientos si los permisos municipales están sujetos a arbitrariedades. Es complejo atraer inversión extranjera para grandes proyectos de infraestructura si los contratos no se respetan o si las reglas no son claras.
El Estado de derecho es como el cimiento de una casa: invisible cuando está firme, pero devastador cuando se quiebra. Recuperarlo es responsabilidad de todos: ciudadanos, empresas, autoridades. Es urgente hacernos cargo para reforzar la base antes de que el resto se derrumbe.
