Carlos Basombrío Iglesias
Para Lampadia
La anunciada Comisión de Bases para la Reforma Policial que deberá entregar un informe al gobierno del presidente Francisco Sagasti, dista mucho de significar algo novedoso en la historia del enfrentamiento a los problemas crónicos de la policía en el Perú. No quiero decir que por esto que me oponga a que exista y emita un informe, sino que lo que de allí surja como diagnóstico y alternativas, no va a ser muy diferente a lo que ya se sabe hasta la saciedad, son las alternativas para enfrentar los problemas policiales.
Obviamente no sólo en el Perú.
Los esfuerzos de reforma policial se han dado en todo el planeta, pero centrándonos en América Latina, se remontan al fin de las dictaduras militares en los años 80 y 90 del siglo pasado. En su origen estuvieron dirigidas a refundar doctrinariamente estas instituciones para que actúen en democracia; es decir replantear sus objetivos, para que se pongan al servicio de la población y no primariamente de la seguridad el Estado. Hubo casi en paralelo también esfuerzos de refundación de las policías como consecuencia de procesos de paz, al final de las guerras internas en Centroamérica, notoriamente en el Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Me atrevería a decir que en los últimos 40 años ha habido procesos de reformas de la policía, bajo diferentes circunstancias y modalidades, quizás en todos los países de la región, con la excepción de Cuba, en donde la permanencia un régimen dictatorial lo hace imposible.
Ha habido, además de los mencionados, múltiples esfuerzos en los estados de los tres grandes países federales, a saber, en México, Brasil y Argentina. También en países de policía única nacional en Colombia y Ecuador. Incluso antes que llegara Chávez al poder en Venezuela y prolongándose a unos pocos años después de su gobierno las hubo en Venezuela.
Podría seguir, pero me limito a señalar que el último gran esfuerzo de reforma policial en la región ha tenido lugar entre el 2017 y el 2019 en Honduras, la que ha cambiado significativamente a una de las policías más corruptas, más vinculadas al crimen organizado y más violadoras de derechos humanos de América Latina. Esta reforma enfrenta dificultades de consolidación e incluso de continuidad, al darse en el contexto de un gobierno de bajísima legitimidad interna y con gravísimas acusaciones de corrupción.
Por supuesto el Perú no es una excepción a las reformas y a sus dificultades.
Hasta dónde llega mi experiencia vital, una reforma fundamental fue la unificación en una sola policía nacional de las antiguas Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana. No sólo porque empezaron a superponer funciones innecesariamente por las pugnas que se daban entre ellas. Sino principalmente porque aún en medio de la violencia terrorista de Sendero Luminoso estas tensiones eran tan fuertes que terminaban en ocasiones en enfrentamientos armados en las calles. 34 años después de esa unificación todavía los jubilados de esas instituciones, principalmente de las dos primeras siguen odiándose y añorando volver a ser instituciones separadas. El problema no sólo está allí, sino que todavía quedan oficiales formados en esas instituciones (aunque ya solo generales y coroneles) que en la práctica anteponen su filiación original al de ser policías nacionales, generándose una serie de problemas.
Luego de la caída del fujimorismo se produjo otro esfuerzo de reforma policial. Esta vez por el gobierno de transición de Valentín Paniagua que durante la gestión de Alberto Ketín Vidal lanzó una comisión de bases de la reforma. Esa comisión se convirtió en un antecedente de la Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional del año 2001 que al igual que ésta también convocó personalidades de la vida civil. Fue una experiencia muy intensa de consulta y diagnóstico en la que se hicieron audiencias en todo el país para escuchar a la población y a los policías; por separado, eso sí, oficiales y sub oficiales, estos últimos expresando en esas sesiones su profundo malestar por el maltrato que recibían de sus mandos y como la corrupción afectaba también su bienestar y condicionaba la suya.
Se avanzó en poner en práctica esa reforma durante las gestiones ministeriales de Fernando Rospigliosi y Gino Costa. Luego Alejandro Toledo en una mini crisis que enfrentó al ministro Costa con el entonces director de la Policía, optó por el segundo y canceló todo esfuerzo reforma.
Desde allí en adelante los cambios en las instituciones tuvieron más que ver con pases al retiro, que con procesos de transformación interna, cosa que sentamos retomar con fuerza durante el gobierno de PPK y algunos avances se produjeron.
Ya en el gobierno de Martín Vizcarra se abandonaron por completo y se volvió a la vieja práctica de poner a un policía retirado, para que se haga cargo y vea que es lo que pueda hacer. El problema no es que sea un policía retirado o un civil, sino que desde el poder político se abandona cualquier esfuerzo de contar con una estrategia de transformación y se deja lo que hay que hacer al albedrío de jefes policiales convertidos en ministros. Además, cada uno de ellos con ideas diferentes a lo que hay que hacer. Los cinco ministros del Interior del gobierno de Vizcarra salieron por diferentes escándalos. La época de Vizcarra fue a mi juicio nefasta en el objetivo de tener una policía que pueda readecuarse para luchar con eficacia contra la criminalidad común y organizada. Las consecuencias están a la vista.
En ese sentido la Comisión de bases no es ninguna novedad. Las líneas de acción para una reforma policial, más o menos se conocen aquí y en todos los países del mundo. Las dificultades no están en el contenido de las reformas, sino en la enorme dificultad que hay para darles continuidad.
Una vez le pregunté a Eduardo Serra Ex Secretario de Estado de Defensa de España que produjo la transformación del ejército franquista en un ejército moderno, eficiente subordinado a la democracia, cómo había logrado ese objetivo y me dijo: ningún misterio estuve siete años en el cargo y me sucedió mi viceministro otros siete con la misma agenda de cambios.
Acá pensar que un ministro del Interior pueda durar la mitad de eso es una utopía, pero no debiera serlo que los políticos entiendan que los reemplazos deben entrar dentro del marco de las mismas políticas y guiados por los mismos objetivos. Mientras ello no ocurra de poco servirán comisiones como la que viene, por más buena voluntad que se ponga para sacarlas adelante. Lampadia
