JAIME A. GARCÍA DÍAZ
HANNAH M. QWISTGAARD PANICCIA
Para Lampadia
El tema del narcotráfico en el Perú no ha estado presente en el debate de las próximas elecciones, tampoco está en la agenda del actual gobierno que orienta sus esfuerzos en el manejo de los temas coyunturales como la pandemia del COVID-19 y la situación económica.
En este contexto, el narcotráfico avanza sostenidamente en el Perú, las áreas de cultivos ilegales de hoja de coca siguen creciendo, de la misma manera la producción potencial de cocaína. Más aun, esta situación está siendo exacerbada y produciéndose un nuevo efecto globo en contra de Perú, por el fuerte impulso de las acciones de interdicción (erradicación de 130 mil hectáreas de coca e incautación de 506 toneladas de cocaína en 2020) en Colombia, con fuerte apoyo y asistencia de los Estados Unidos.
A través de la publicación del libro de Jaime A. García Díaz y Hannah M. Qwistgaard Paniccia: ANÁLISIS DE LOS APORTES DEL ESTADO PERUANO A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2000-2020, se presenta un estudio del gasto que ha realizado el Estado de Perú y los aportes de la Cooperación Internacional para enfrentar el narcotráfico en las últimas dos décadas.
El problema de la lucha contra las drogas es transversal y tiene efectos económicos, sociales, de seguridad, ambientales y de corrupción política y económica. Su combate requiere no solo de una estrategia integral, sino su implementación a través de la participación de diversas instituciones del Estado en todos sus niveles. Esta última década de intervención estatal aporta un conjunto de experiencias y lecciones aprendidas. No se pretende en esta publicación abordar en detalle un análisis tan complejo, pero sí identificar algunos indicios que puedan ser estudiados más a fondo en el futuro.
Una efectiva política de lucha contra las drogas (LCD) requiere que un país no solo brinde un respaldo político al más alto nivel —lo que se traduce tanto en un discurso claro y contundente frente a la amenaza de la presencia del narcotráfico, como en el diseño de una estrategia nacional y su implementación— sino que también depende de una adecuada asignación y ejecución de recursos económicos dentro del Presupuesto Nacional a través de las distintas instancias y entidades públicas que están involucradas en esta tarea.
El próximo gobierno tendrá un doble desafío. Por un lado, enfrentar a un creciente narcotráfico que pone en peligro la seguridad nacional; y, por otro lado, una limitación de recursos presupuestales por el creciente déficit fiscal que podría poner en riesgo el financiamiento de la lucha contra las drogas.
La publicación presenta en detalle los recursos presupuestales utilizados por el Estado de Perú y también aporta algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso de los recursos públicos.
Se reconoce el esfuerzo del Estado en el financiamiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, sin el cual la situación actual sería sin ninguna duda más crítica. En ese sentido, se podría decir que ha logrado contener un mayor ritmo de avance del narcotráfico. Sin embargo, los recursos no han sido suficientes.
El escenario a partir del 2021, respecto al narcotráfico será el más complicado en las últimas dos décadas. Un recorte en la asignación de recursos, una mala focalización del gasto, una deficiente ejecución del gasto, una falta de complementariedad en las acciones de las diversas entidades públicas responsables, pondrá en riesgo una mayor infiltración del narcotráfico en el país. Lampadia
