CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
Los bloqueos y la violencia en la carretera Panamericana en Ica y La Libertad tienen directa relación con los disturbios promovidos por las izquierdas y sus aliados en Lima a mediados de noviembre, que culminaron con la caída del efímero Gobierno de Manuel Merino. El casi unánime apoyo de los medios de comunicación que antes habían respaldado a Martín Vizcarra y luego la legitimación de las protestas violentas por parte del Gobierno de Francisco Sagasti –que rindió especial homenaje a los dos jóvenes delincuentes que lamentablemente fallecieron en esos eventos en su discurso de toma de posesión en el Congreso-, contribuyeron a justificar el uso de la violencia para obtener lo que se quiere.
Ni que decir del apoyo de ciertos líderes empresariales que, con absoluta miopía, intentaron quedar bien con la muchedumbre.
De esa manera se abrieron las compuertas para los desórdenes y la violencia. Naturalmente, el Gobierno de Sagasti es incapaz de enfrentar con firmeza y decisión las asonadas. Teme perder el respaldo de los que los llevaron al poder.
Así, la Policía Nacional ha sido enviada a los bloqueos con órdenes de no lastimar a los manifestantes, que han atacado con ferocidad y salvajismo, premunidos con hondas, piedras, bombas molotov y toda clase de artefactos contundentes a las fuerzas del orden.
Ese comportamiento, como es obvio, solo enardece y alienta a los violentistas a seguir cometiendo desmanes.
No solo eso, el ex candidato del Partido Morado y ex secretario del presidente Sagasti, hoy ministro del Interior, ha sostenido públicamente que hay que cambiar la ley de protección policial (N° 31012) y ha tratado con guantes de seda a los bárbaros que secuestraron y golpearon policías en los recientes disturbios (Canal N, 22/12/20).
Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que las protestas sociales crecieron exorbitantemente en noviembre a 395 (en octubre 138 y en setiembre 117), aunque estas cifras solo muestran la cantidad, pero no la calidad, es decir, el nivel de violencia descontrolada de las últimas semanas. (“Gestión”, 17/12/20).
Los bloqueos en Ica y la Libertad amenazan con liquidar uno de los más importantes motores de la economía de las últimas dos décadas, la moderna agricultura de exportación que ha llevado empleo y prosperidad a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Y se suma a los asaltos a otro de los propulsores de la economía, la minería, bajo asedio desde hace tiempo. El bloqueo de dos semanas a la mina Las Bambas es solo una muestra de ello.
Si se le agrega que el oleoducto Nor Peruano lleva más de 80 días inactivo por sucesivos ataques (ver las observaciones y conclusiones de Ismael Benavides en Lampadia, 23/12/20), se puede constatar que varias de las actividades económicas decisivas para el crecimiento del país están bajo ataque.
Nada indica que esto vaya a cambiar con el actual Gobierno. Pero es fundamental impedir que está situación se prolongue durante cinco años más.
- Las protestas sociales deben ser enfrentadas primero políticamente, es decir, negociando, convenciendo persuadiendo.
- Segundo, cuando se producen hechos de violencia, las fuerzas del orden deben enfrentar los disturbios con toda firmeza, conducidas y respaldadas por un Gobierno decidido.
- Y en tercer lugar, algo que ni siquiera se esboza ahora, aplicando la ley con vigor.
Si diez, quince o veinte violentistas fueran detenidos, procesados y sentenciados por el delito de bloqueo de carreteras (de 5 a 10 años de prisión, artículo 200° del Código Penal) o por atacar a las fuerzas del orden (de 8 a 12 años de prisión, arts. 366° y 367° del CP), la disuasión sería efectiva. Lampadia
