¿Funcionan los mega-operativos?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La promesa contenida en la reforma del sistema judicial que se echó a andar con la disolución del CNM y la aprobación masiva en el referéndum a la creación de la Junta Nacional de Justicia, es la implantación en el Perú del imperio de la ley, es decir, la creación, por fin, de un Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso no pasa solo por la reforma del sistema judicial, sino por un conjunto de otras acciones y reformas. Entre ellas, por supuesto, está la política de seguridad, que lleve a una reducción sustancial del delito. Es decir, la extirpación de buena parte del crimen organizado que asola partes importantes del territorio y las instituciones, y una mejora apreciable en los índices de seguridad ciudadana.

La pregunta es si vamos en la dirección correcta en este tema crucial. En este informe examinaremos específicamente si los mega-operativos que se anuncia con frecuencia con capturas espectaculares, están produciendo resultados en términos de reducción del crimen organizado o no.

Pues algo que no tiene precedentes en nuestro país es que llevemos ya algo más de dos años realizando mega-operativos policiales a un ritmo de aproximadamente uno por semana, con algunas interrupciones como la que se produjo en abril y mayo del 2018, a raíz de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Kuczynski.

Reducción en el número de extorsiones

Estos mega-operativos han desarticulado y encarcelado parcialmente a sendas organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de tierras, a la extorsión y a la corrupción municipal y estatal. Pero no sabemos en qué medida esto ha tenido un impacto en la reducción de esos crímenes, salvo en el caso de las extorsiones. La información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirma que se estaría logrando resultados en lo relativo a este delito. Como podemos ver en el siguiente gráfico, su número viene disminuyendo desde el 2016.

Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración propia

En la medida que este delito se concentra en la costa norte y centro y que los mega-operativos también priorizaron en alguna medida esas zonas, sería posible atribuir esta disminución a dichas operaciones. Pero lo que no tenemos es un índice de usurpaciones de terrenos y no podemos saber si estas están disminuyendo o no. El citado Observatorio de Criminalidad debería construirlo, a partir de las denuncias existentes. Más difícil aun sería medir los niveles de corrupción en los gobiernos sub-nacionales.

Tasa de homicidios sube

Una medida relativa del éxito de los mega-operativos debería ser una caída en la tasa de homicidios, porque según una publicación del Ministerio de Justicia,[1] el 45.9% de los homicidios está vinculado a delincuencia común u organizada (robo/ atraco, narcotráfico, secuestro, etc.) y a sicariato, aunque no queda claro qué porcentaje es delincuencia común y qué porcentaje es crimen organizado.

Como fuere, lo que vemos en el siguiente gráfico es que, pese a los mega-operativos, la tasa de homicidios tiende a agravarse: ha pasado del 5.4 por cada 100,000 habitantes el 2011 al 7.8 el 2017. Cierto es que esa tasa es la tercera parte de la tasa promedio de América Latina, que está en 21.5 según el Igarapé Institute, pero lo que preocupa es que esté en ascenso pese a los mega-operativos.

Fuente: “Homicidios, contándolos uno a uno”, INEI, 2018

Detenidos que son liberados

Debe estudiarse qué es lo que explica este incremento. Una hipótesis es que precisamente los mega-operativos al final no dan todos los resultados esperados porque una proporción de los detenidos es liberada y algunos de los que se quedan siguen manejando el crimen desde las cárceles. De acuerdo a fuentes vinculadas al INPE, de cada 100 detenidos por la PNP-Fiscalía en  los mega-operativos realizados a partir de setiembre del 2016, solo 53 fueron  a un penal con prisión preventiva, y de esos 53, dos años después, sólo 40 siguen detenidos y habría pocos condenados (aunque el Coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, doctor Jorge Chávez Cotrina, informó hace poco que se había conseguido 123 condenas en un total de 154 procesos judiciales, que todavía es poco considerando que solo el 2018 hubo 890 detenidos en estas operaciones).

¿Por qué solo el 40% sigue detenido? Según Rubén Vargas, ex viceministro de Seguridad Interior, ello ocurre principalmente por falta de capacidad de la Fiscalía de Crimen Organizado, debido a falta de presupuesto para que el equipo de fiscales contra el crimen organizado crezca. El resultado es que no avanzan los procesos, se vencen los plazos sin acusaciones formales, y los jueces terminan liberando a los detenidos. También podría haber desidia en algunos casos. El doctor Jorge Chávez Cotrina nos dice que “faltan fiscales y jueces, pues por la falta de estos las audiencias no se programan dentro del plazo”.

De acuerdo a conocedores, sin embargo, en cierto número de casos no habría falta de jueces sino incumplimiento de las horas de trabajo: jueces que trabajan por la mañana, pero se retiran a la 1 de la tarde y no regresan. El horario de trabajo de los jueces debe ser transparente para la opinión pública.

En opinión de Nataly Ponce, ex viceministra de Seguridad, “El Poder Judicial ha realizado varias liberaciones y en un corto plazo tras los mega-operativos. O los “megas” fueron insuficientes en lo sustantivo, o el sistema de justicia se laxa posteriormente a la prisión preventiva de los implicados. De otro lado, los penales tampoco garantizan la desestructuración efectiva de las redes criminales”.

Según fuentes vinculadas al ministerio de Interior, ocurre asimismo que en los mega-operativos se detiene a los cabecillas e integrantes, pero también a personas que simplemente fueron captadas en las escuchas telefónicas conversando en alguna ocasión con dichos cabecillas sin que pueda demostrarse una vinculación criminal.

También habría una cuota de corrupción a nivel de los jueces. Ricardo Valdez, ex viceministro de Orden Interno de la gestión del ex ministro Carlos Basombrío, nos refirió que “en un par de oportunidades después del mega-operativo, Rubén Vargas (ex viceministro de Seguridad Pública) se quejaba amargamente de que Poder Judicial no daba las detenciones preventivas, o de la corrupción en juzgados que terminaba liberando a algunos de los capturados”.

¿Mega-operativos falsos?

Otra explicación posible, sin embargo, es la que brinda el ex viceministro Dardo López Dolz, que en realidad es una verdadera denuncia que habría que verificar. Según él, en cierto número de casos lo que ocurre es que los fiscales no denuncian o la juez suelta a los detenidos porque se trata de mega-operativos artificiales: “capturaban raterillos, paqueteros y uno que otro drogo y los presentaban como banda”. Según él, muchas de las organizaciones criminales capturadas no son tales o son “engordadas”.

Pero según Rubén Vargas, eso es lo que se hacía hasta julio del 2016. “De julio para adelante, inclusive hasta ahora mismo, no hay una sola operación falsa. Deme un solo caso y le explicaré de qué se trata. Ahora, hay un sector pequeño y corrupto de la PNP que siempre pretendió deslegitimar los mega-operativos debido a que ya van más de 80 policías corruptos detenidos como parte de crimen organizado. Fueron detenidos dos generales en actividad y tendrían que correr la misma suerte por lo menos otros tres más”.

Al respecto, el ex viceministro Ricardo Valdez, aclara lo siguiente: “El escuadrón de la muerte tenía esa forma de actuar. En los “Megas” de nuestra gestión, los verdaderos mega-operativos se trabajaban a lo largo de meses con participación de fiscales durante la investigación. No se hacían mega-operativos ‘truchas’. Ahora, no doy fe de lo que ocurrió este 2018.  He visto “megas” que han sido un mamarracho, como el que encarceló al general Becerra, por ejemplo. Otrosí: la PNP también toma el nombre de mega-operativos para algunas intervenciones que no realiza con la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)”.

El Dr. Jorge Chávez Cotrina informó a la prensa el 28 de diciembre que el 2018 “el Ministerio Público logró la desarticulación de 54 organizaciones criminales, en igual número de mega-operativos”. Agregó que el número de detenidos superó al alcanzado el año pasado, acumulando un total de 890 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 579 fueron recluidas bajo prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Entre las organizaciones criminales desarticuladas durante este año, el fiscal superior Chávez Cotrina destacó las conocidas como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Capos de la Construcción’, ‘La Jauría del Norte’, ‘El Nuevo Dragón Rojo’, ‘Los Cuervos de Paramonga’, ‘Los Nuevos Malditos del Triunfo’, ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, ‘Los Impunes del Norte’, ‘El Gran Chaparral’, ‘Los Gatilleros del Sur’, ‘Los Malditos de Santa Rosa’; entre muchos otros.

Se hace difícil pensar que estas organizaciones criminales hayan sido inventadas. Sería muy grave que se esté haciendo pasar por mega-operativos algunos que no lo son, acaso para obtener puntaje en los ascensos. Debe investigarse. Pero allí donde se moviliza a decenas de fiscales y centenares de policías, resultaría inaudito o poco creíble que se lo haga para capturar solo paqueteros o drogadictos. Por lo demás, es muy frecuente –como señala Vargas- que en los mega-operativos se capture a policías, y también a alcaldes.

En todo caso, cabría preguntar a la Oficina de Integridad del Ministerio de Interior y a la Inspectoría de la PNP si están supervisando esos operativos para asegurar su realidad. Según Valdez, esas oficinas usualmente actúan ex post, no de manera concurrente.

Mayor uso de armas de fuego

De otro lado, los mega-operativos y las políticas de la Sucamec tampoco han servido para contener otro indicador que viene subiendo: el porcentaje de hechos delictivos que se comete con armas de fuego. Como vemos en el siguiente cuadro, este se incrementó entre el 2015 y el 2016, aunque luego casi se ha estabilizado. Pero definitivamente no baja:

Fuente: Informes Técnicos, Estadísticas se Seguridad Ciudadana, INEI   (elaboración propia)

¿Qué explica esto? Rubén Vargas nos refiere que “En la gestión del Ministerio del Interior entre agosto 2016 y marzo 2018 se trabajó en un “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas”, que sería importante mejorar y potenciar. Este tuvo como estrategias: a) Regularización de licencias, b) Ejecución de mega-operativos contra el tráfico de armas, c) Labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, d) Programa de recompensas, e) Operativos sorpresa a nivel nacional y f) Campañas disuasivas.

Aparentemente, sin embargo, ese plan quizá logró estabilizar, pero no bajar ese indicador. Según el ex viceministro Ricardo Valdez, “de un lado, los operativos destinados a sacar armas de fuego del mercado ilegal no se han repetido en el 2018. De otro lado, no recuerdo operativos con resultados contundentes hacia las economías ilegales que trafican o contrabandean armas en Puno, Madre de Dios y Loreto principalmente. También se frenó en el 2018 el proceso de regularización de armas de fuego por parte de SUCAMEC. Sin dejar de mencionar el mercado de alquiler de armas de fuego en donde participan las FFAA y la PNP, aparte del sistema de alquiler dentro de la propia criminalidad”.

Dardo López Dolz, por su parte, incide en esto último: “no tengo la estadística oficial actual, pero los relatos de las víctimas y los reportajes muestran, en la mayoría de los casos, armas que coinciden con las armas de reglamento militar y policial, en algunos casos, armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, lo que apunta a un evidente mercado negro de venta o alquiler de armas del Estado”. Y añade algo preocupante:
“Adicionalmente, infiltrada en la migración venezolana, han ingresado -con armas y granadas- bandas de delincuentes conocidos por su salvajismo.
Muchos fueron -emulando la maniobra del puerto de Mariel- liberados y equipados por Maduro”.

Es evidente que, si en este mercado las armas de la policía y de las fuerzas armadas se alquilan o se venden, debe hacerse operativos para identificar a los responsables y castigarlos severamente. Eso es muy grave. No se puede aceptar. Y más allá de esto, como reconoce el propio Vargas, resulta importante estudiar el fenómeno para identificar la procedencia de las armas usadas para el crimen, así como comprender el circuito y dinámicas del mercado ilegal de armas en el país, algo que no se ha hecho.

¿Los penales son porosos?

A los problemas de capacidad de las fiscalías para acusar, eventual corrupción de jueces y detención de personas que no tendrían vinculación criminal sino circunstancial con la organización criminal, debe añadirse la porosidad en algunos penales: una cierta proporción de quienes quedan en prisión preventiva podrían comunicarse con el exterior disponiendo acciones criminales desde la cárcel. En esos casos de nada sirve capturar a los criminales si pueden seguir operando desde los penales.

¿Esto es así? Para que no lo sea, el bloqueo de celulares debería estar funcionando en los penales en los que se recluye a estos criminales, que son principalmente Challapalca, Ancón 1, Cochamarca y Miguel Castro Castro. De ellos, ni Challapalca ni Cochamarca, que es donde se envía a los más peligrosos, poseen bloqueadores de celulares, aunque Challapalca no los necesita porque la señal no llega hasta allí.

De acuerdo a fuentes del INPE, hay 12 penales bloqueados. Ya deberían estarlo los 33 existentes, pero la empresa que tiene la concesión, Prisiontec, viene incumpliendo sus compromisos. Entre esos 12 están Castro Castro, Lurigancho y Ancón 1. El de Cochamarca recién quedaría bloqueado a mediados del 2019.

El bloqueo, de otro lado, no alcanza al 100% de las señales, pero si al 90 – 95%. En algunos casos menos. Y esto para las señales de Movistar, Claro y Entel, pero no para las de nuevos operadores que ingresen al mercado, porque cada operador se mueve en un rango determinado.

Caen alcaldes y policías, pero no fiscales ni jueces

Ahora bien, una noticia interesante es que en la mayor parte de mega-operativos son detenidos dos o tres o cuatro policías que forman parte de la organización criminal lo que, de paso, ayuda a depurar la policía. Pero quienes no caen son fiscales y jueces, porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal los blinda al obligar a denunciarlos primero ante el órgano de control interno inmediatamente superior, donde la denuncia suele diluirse. Esa es, entonces, otra falla que debe resolverse, pues le quita efectividad a los mega-operativos y corona la impunidad.

De otro lado, vemos con frecuencia cómo caen alcaldes y gobernadores regionales, por lo general envueltos en tráfico de tierras o en actos de corrupción. Las organizaciones de usurpadores de terrenos están siempre conectadas con policías, fiscales, jueces y alcaldes.

Esto habla de fallas estructurales en el proceso de descentralización y en el sistema de propiedad. Es probable que haya corrupción en la Sunarp, la SBN y Cofopri. El alcalde y el gobernado regional de Tacna fueron detenidos luego de haber vendido todos los terrenos del Estado que rodean a la ciudad de Tacna, asfixiándola y sin prever espacio para parques, hospitales o colegios. Y los usurpadores de tierras, por ejemplo, están siempre coludidos con alcaldes, policías, fiscales y jueces.

Conclusión

Los mega-operativos han logrado disminuir el número de extorsiones, pero no sabemos si han disminuido las usurpaciones de terrenos, porque ese indicador no se mide. Sin embargo, la tasa de homicidios viene subiendo en lugar de disminuir. Esto podría indicar que los mega-operativos no están teniendo todo el impacto que podrían. Una explicación podría estar en que el 60% de los detenidos en estas operaciones termina saliendo de la cárcel, sea por falta de capacidad de las fiscalías para seguir los casos y acusar, sea por falta de jueces o porque algunos magistrados trabajan pocas horas o son corruptos, o porque algunos casos no tienen fundamentación suficiente. Con frecuencia caen policías, pero no fiscales ni jueces porque estos gozan de un blindaje legal. Las cárceles, de otro lado, no garantizan totalmente que algunos cabecillas no sigan dirigiendo acciones criminales desde la reclusión.

Recomendaciones:

Hacen falta, entonces, varias cosas:

• Aumentar el número de fiscales y jueces si es necesario (previo estudio) o realizar una reingeniería para que los fiscales y jueces optimicen sus horarios de trabajo.
• Controlar el horario de trabajo de los jueces y fiscales y transparentarlo.
• Llevar y publicitar el registro de los detenidos que son liberados, y las razones de ello.
• No detener a personas simplemente por haber conversado alguna vez con los cabecillas.
• Tomar las decisiones necesarias para que la empresa concesionaria a bloquee efectivamente los celulares en los penales, para que los cabecillas no puedan seguir operando desde allí.
• Demandar la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior un control riguroso de los mega-operativos.
• Modificar el artículo 454 del nuevo código procesal penal para eliminar el blindaje a fiscales y jueces.
• Identificar a los policías y miembros de las fuerzas armadas dedicados al tráfico de armas, y castigarlos severamente. Estudiar bien el fenómeno y desarrollar una política adecuada de control de armas.
• Mejorar las estadísticas. Por ejemplo, medir el número de denuncias de usurpación de terrenos y su evolución.
• Reformar el sistema de propiedad (SBN, Sunarp, Cofopri, catastros), porque la propiedad o no está titulada, o hay superposición de títulos o se ha vuelto muy insegura por la corrupción existente.
• Reformar la descentralización. Los alcaldes no deben tener la atribución de vender bienes del Estado.

Lampadia

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