Alejandra Benavides
Para Lampadia
Hace una semana, el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, declaró que los privados podrían comprar, distribuir y comercializar vacunas. Nació la esperanza de que finalmente ideologías y mezquindades pasarían a un segundo plano, para dar espacio a la razón. Además, dejó claro que no habría ningún impedimento para que esto suceda, mientras que se dé en el marco de la Ley N°31091. “No es nuevo que haya una interacción público-privada para muchas cosas en salud. La ley dice ‘se autoriza la participación del sector privado con una sola condición’, que el precio no sea mayor al que ofrece el sector público”.
Sin embargo, días después retrocedió, e indicó que esto ya no se podría dar, pues alteraría el proceso de inmunización, y que por lo menos se debía esperar hasta que el Estado termine de cerrar los contratos con los laboratorios. Asimismo, dijo que “para que un privado pueda comprar, tiene que haber registrado el medicamento en Digemid. ¿Cuántas vacunas están registradas para que se pueda vender hoy? Solo dos: Sinopharm y Pfizer”. También se escudó en que “la norma solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito”, anotó.
Acá hay tres premisas que el señor Ugarte está tomando como ciertas o “correctas”:
- que los privados estarían dispuestos a vacunar sólo para lucrar,
2. que como el Estado aún no cierra todos los contratos de compra necesarios – por las
razones que ya conocemos, entonces los privados deben esperar
3. que no se pueden hacer excepciones en situaciones de emergencia.
Primero, desde inicios de la pandemia en 2020, las empresas prestadoras de salud (EPS) aseguraron que cubrirían la atención médica para pacientes diagnosticados con COVID-19, por lo que la pandemia ya les ha costado bastantes millones de dólares. Vacunar gratuitamente a los más de 800,000 afiliados a un costo promedio de US$40 por persona, sumaría un total de US$32 millones más costos logísticos que serían marginales, pues diversas compañías de seguros tienen su propia red de clínicas y consultorios, así como convenios en los que pueden apoyarse para hacer una vacunación masiva. Este monto parece mínimo en comparación con los costos potenciales de continuar desprotegidos frente a esta y las próximas olas que parecen inminentes.
Segundo, Ugarte asume que es “correcto” esperar al Estado. Inclusive como argumento toma el que la mayoría de países sólo han hecho contratos gobierno-laboratorio. La diferencia con el Perú es que esos países han manejado mejor la pandemia, y han sido más eficientes en la compra de sus vacunas, así como más transparentes. A estas alturas no estamos en posición de rechazar posibles soluciones a algo que se ha salido completamente de las manos del Estado.
Tercero, estamos en una emergencia sanitaria, por lo que el Estado se debe adaptar a las nuevas necesidades y establecer procedimientos transparentes pero ágiles. En vez de poner trabas, debe dar todas las facilidades para que otros puedan solucionar los problemas que ellos mismos no pueden. Si las compañías de seguro quisieran comprar vacunas de Moderna, ¿no podrían?
Aquí parece que hay miedo de que, ante la posibilidad de que privados puedan comprar y distribuir vacunas, se deje al descubierto la incapacidad e indolencia de nuestros gobernantes y el Estado, así como la corrupción que habita en él. La ideología también parece cegar a muchos de lo evidente. Finalmente, un peruano vacunado es un peruano menos que contagia, un peruano con mayor probabilidad de vivir, no hay que ser genios para deducir esto. Lampadia
Referencias
