Jaime de Althaus
Para Lampadia
La revelación de que el estudio clínico de la vacuna Sinopharm llevado a cabo por la Cayetano Heredia (UPCH) arrojaba solo un 11,5% de eficacia en un caso y 33.3% en otro era tan devastadora, que mi reacción fue: esto es demasiado malo para ser real, parafraseando al revés el dicho inglés “to good to be true”. Y mi reacción sigue siendo esa, pese a que en el Perú con frecuencia parece que el abismo es insondable, no tiene fondo, y pese a que la información no ha sido hasta ahora claramente desmentida.
El ministerio de Salud emitió un comunicado en el que se limitaba a defender la autorización dada por la Digemid a la vacuna con el argumento de que el ensayo clínico en los Emiratos Arabes Unidos había encontrado una eficacia 79.34% y que la revista The Lancet había publicado resultados positivos de la vacuna luego de las fases I y II.
Un comunicado del Instituto Nacional de Salud precisaba que el estudio clínico aún no ha concluido y que los investigadores de la Universidad deben aclarar la versión difundida. Finalmente, la doctora Coralith García, investigadora principal de la UPCH, intentó explicar en RPP el estudio, pero no fue clara en decir que las cifras difundidas no indican la eficacia de la vacuna tal como ésta se mide convencionalmente. Como buena científica, resultó muy mal comunicadora. Lo que para ella era seguramente clarísimo, muchos lo entendieron en el sentido de que estaba validando la interpretación que se dio en el programa de Beto Ortiz.
Traduciendo con gran esfuerzo y buena fe su explicación, podemos inferir que lo que quiso decir fue que el 33.3% de eficacia es el porcentaje resultante sobre el total de personas contagiadas, tanto asintomáticas como sintomáticas. Pero los estudios convencionales miden la eficacia solo sobre los sintomáticos. Y, en ese sentido, cuando se incluye sólo a los sintomáticos que requirieron hospitalización, la eficacia estaría alrededor de 91%.
Por su parte, el Canciller Allan Wagner me envió el sábado por la noche una explicación elaborada por la PCM, algo distinta, pero que va en la misma dirección: “Los datos preliminares (muy crudos) del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en Perú (cepa Beijing) muestran que ésta protege, 33% contra casos leves o moderados (PCR +), 65% contra tomografía de pulmón positiva (equivalente a COVID moderado), y 91% de contra casos severos de COVID. En conclusión, sólo se presentó una parte de la información de un estudio todavía no analizado y con el fin principal de desinformar y hacer daño.»
Pero esta explicación no ha sido de dominio público. En lugar de amenazar al programa o al conductor con acciones legales, como ha hecho la Premier, atentando contra la libertad de expresión, lo que debió hacer el gobierno es desmentir y explicar con claridad las implicancias del estudio preliminar en cuestión. Amenaza, pero no explica.
Todo esto es muy desalentador, y podría llevar a que se abandone las gestiones para traer el resto de las vacunas de Sinopharm. Que, dicho sea de paso, no se habían concretado aún. El lote de 2 millones que se anunció para marzo, no está todavía asegurado, y ya estamos lunes 8. Menos aún las restantes 35 millones de dosis preliminarmente previstas para abril y mayo, o máximo junio.
De modo que el cronograma firme de llegada de las vacunas queda así, por el momento:
Lo que significa que para junio habremos acumulado algo más de 7 millones de dosis, cantidad claramente insuficiente si queremos prevenir una tercera ola. La única manera de hacerlo es vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápidamente posible. Para lograrlo el gobierno debe juntar esfuerzos con el sector privado para comprar a la brevedad un lote grande de la vacuna rusa y también de otras con las que se está negociando. Ahora más que nunca.
Queda claro que la gran responsabilidad en todo esto la ha tenido el gobierno de Vizcarra, que descartó la oferta de AstraZeneca hecha en setiembre por 30 millones de dosis, y luego en octubre no pagó a Pfizer teniendo el contrato ya firmado. Fuera de haber rechazado la alternativa de la vacuna rusa. Todo eso sí debe ser investigado profundamente. Si el gobierno hubiese ido adelante con esos contratos, hoy ya estaríamos desplegando una intensa campaña de vacunación con el resultado de que los colegios pudiesen abrir presencialmente.
Cuando Sagasti entró, salvo Covax Facility, que llegará recién a fin de este año, no había nada avanzado. El gobierno actual tuvo que comenzar de cero. Y ha logrado avances, pero insuficientes. Es hora de acelerar a fondo en lugar de gastar energías en amenazas legales. Lampadia
