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Lima-Perú, 19/11/2020 a las 10:11am. por Jorge Pérez Taiman

Cuando la ideología prima sobre el desarrollo social

Disparándonos al pie

Jorge Pérez-Taiman
Abogado especializado en petróleo y gas
Para Lampadia

Según información difundida recientemente, el proyecto gasífero de Camisea ha permitido ahorros para el Perú del orden de los cien mil millones de dólares en el período 2004-2019, al desplazar a otros combustibles más costosos y contaminantes para una diversidad de usos. Actualmente el gas natural genera el 40% de la energía eléctrica que se consume en el país, con ahorros calculados en 77 millones de dólares para los usuarios. Como combustible ofrece ahorros de 57% con respecto a la gasolina y de 50% con respecto al Diesel y reduce dramáticamente el impacto ambiental de aquellos. Los clientes residenciales se han beneficiado con un ahorro de 419 millones de dólares, cifra que naturalmente aumentará conforme se vaya consolidando la masificando de su uso a nivel nacional.  Las cuantiosas regalías que paga el proyecto benefician al Estado en general y a la Región Cusco en particular.

No cabe duda que el desarrollo y puesta en producción del gas natural de Camisea constituye un éxito que hoy nadie discute y que casi hace olvidar los 16 años que tomó vencer la oposición demagógica al proyecto, basada en ideologías de izquierda e información distorsionada o abiertamente falsa. Lamentablemente, no habiendo aprendido de la experiencia, tenemos hoy operaciones petroleras que podrían beneficiar al país, a las regiones y a las comunidades aledañas a las mismas, que son atacadas y paralizadas con irresponsabilidad y demagogia similar a la que demoró Camisea durante 16 años.

Nuestra producción de petróleo crudo, que en su mejor época llegó a los 200 mil barriles diarios (MBD), está hoy alrededor de 30 MBD pese a que con el esfuerzo de contratistas privados había subido a 60 MBD en meses anteriores. Lamentablemente, a los precios internacionales del crudo afectados severamente por la pandemia y a las trabas puestas por   algunos entes estatales relativamente autónomos que funcionan descoordinadamente y sin un norte común, se sumaron tomas de campos e instalaciones petroleras que paralizaron las operaciones en la selva. Los reclamos de las comunidades nativas que protagonizaron estos hechos no están relacionados directamente con las operaciones petroleras, pues tienen que ver con promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos nacionales relativas a lo que se ha denominado cierre de brechas.  Como es evidente, estas acciones no solo perjudican la producción nacional y el canon para las mismas regiones productoras, sino que privan al Estado de importantes ingresos y espantan a las empresas que podrían tener interés en hacer las inversiones de riesgo que tanto necesitamos.

No siendo un país de grandes reservas de petróleo, en el pasado hemos podido atraer inversiones petroleras ofreciendo términos atractivos, respeto irrestricto a los contratos celebrados y condiciones razonables de seguridad para los inversionistas. Hoy vemos sin embargo que las inversiones en pozos exploratorios son ínfimas y la realidad es que la exploración que hoy no realizamos es la producción que no tendremos en el futuro y que hará que obligará a seguir pagando miles de millones de dólares en importaciones de crudo de países donde las empresas pagan impuestos y crean puestos de trabajo que bien podrían radicarse en el Perú.  No es pertinente comparar nuestra producción (30 MBD) con la de los grandes países petroleros, pero si con países vecinos que cuentan con una mayor actividad petrolera, como son Colombia y Ecuador, cuya producción hace palidecer la nuestra (Colombia (900 MBD y Ecuador 530 MBD), producto de una mayor cantidad de contratos activos y una mucho mayor inversión en exploración.  Sin embargo, nuestro país no es el único en Sudamérica con proclividad a dispararse en el pie.

En Ecuador tiene lugar en estos momentos un proceso judicial contra una serie de personas, basado en un informe de la Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, que objeta la tarifa por barril producido pactada en un contrato suscrito en el año 2012 con un inversionista extranjero para el Bloque Singue. El problema es que el informe de la Contraloría del vecino país contiene una serie de conceptos absurdos que demuestra una nula comprensión de la industria petrolera. De manera increíble, objeta el incremento de las reservas del lote – hasta el momento se han producido aproximadamente 4 veces las reservas estimadas inicialmente- lo que indudablemente beneficia al país y al inversionista a través de un contrato cuyo propósito era precisamente que el contratista privado realice inversiones en un campo marginal, con escasa información geológica, como lo confirma un informe de la propia Secretaría de Hidrocarburos al Viceministro del sector que analizó el potencial del Bloque Singue y otros cinco bloques previamente al ofrecimiento de los mismos al sector privado: “(…) estos bloques podrían contar con un potencial hidrocarburífero adicional ya que no han sido evaluados en su totalidad todos los prospectos estructurales y/o estratigráficos; motivo por el cuales se requerirán inversiones adicionales para explorar, explotar, desarrollar, poner en producción y evaluar el petróleo crudo que se explotarían de estos bloques, en un monto de aproximadamente USD 230 millones, cifra que podría ser superior o menor en función de los nuevos descubrimientos. Por lo señalado y considerando la importancia que tiene para la economía del País el desarrollo de nuevas estructuras prospectivas hidrocarburíferas y el incremento de la producción de petróleo crudo; creemos necesario se inicie un nuevo proceso licitatorio abierto a la inversión privada”

Frente a esta contundente afirmación de las propias autoridades ecuatorianas, ahora se sostiene que hubo una sub valuación de reservas en el Bloque Singue, sin considerar que la cifra disponible el 2011 en base a información proporcionada por un solo pozo exploratorio es, en ausencia de pozos confirmatorios, muy imprecisa por su propia naturaleza. También se ha llegado al extremo de afirmar que estudios sísmicos confirmaban la presencia de mayores reservas, cuando cualquier persona medianamente informada sobre la industria petrolera sabe que es absolutamente imposible confirmar reservas solamente con actividad sísmica. Se ha objetado que se haya considerado un factor de recobro de reservas algo menor al 100% de las que se calculaba existían originalmente, cuando esta es una práctica común en la industria petrolera internacional por razones estrictamente técnicas.  Lo peor, sin embargo, es que con estos argumentos falaces se está violando la seguridad jurídica de un contrato que ha sido exitoso y beneficioso para ambas partes y se está comprometiendo la honra de personas que –salvo evidencia en contrario que la fiscalía ecuatoriana no ha podido hasta ahora presentar- simplemente cumplieron con su deber.

Resulta necesario anotar que los contratistas cuyas operaciones están paralizadas en el Perú cuentan, al igual que en el caso ecuatoriano, con contratos válidos y con las decenas de permisos regulatorios y ambientales que la correspondiente legislación nacional exige, pero aquí no pueden operar y allá están involucrados en un proceso judicial alucinante.

Perú y Ecuador, dos países vecinos con diferentes realidades petroleras y diferentes problemas que la afectan, pero con una común y lamentable vocación de dispararse al pie. Lampadia

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