Jaime de Althaus
Para Lampadia
Como ya ha sido comentado, el proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo al Congreso para convocar a una asamblea constituyente es muy malo técnicamente y será archivado. Es que, en realidad, no es un acto jurídico. Es un acto político para desviar la protesta contra el gobierno hacia molinos de viento, hacia enemigos imaginarios y para darle banderas a las candidaturas oficialistas en el próximo proceso electoral. Pero, al hacerlo, lo que consigue es una declaratoria de guerra, un enfrentamiento de una parte del país contra otra.
El gobierno sabe que el proyecto es inviable e inconstitucional. Para comenzar, se pretende preguntarle al pueblo en el referéndum si aprueba la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política, cuando primero debe preguntársele si está de acuerdo con modificar el art. 206 de la constitución agregando la vía de la asamblea constituyente como mecanismo para modificar totalmente la constitución. Como ha dicho un constitucionalista, se ha puesto la carreta delante de los caballos.
Más grave aún, la composición de la asamblea propuesta es inconstitucional porque es contraria a la democracia representativa, que opera a través de partidos políticos. Los ciudadanos participan en política a través de partidos. Es lo que establece el artículo 35 de la Constitución:
Artículo 35°.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
Pero este proyecto recorta la participación de los partidos políticos a solo el 40% de la asamblea. El resto estaría conformado por candidatos independientes (30%), por representantes de pueblos indígenas (26%) y representantes de pueblos afroperuanos (4%). No solo es que habría que elaborar un padrón nacional de indígenas y de afroperuanos, lo que ya de por sí es absurdo, sino que se daría el caso que estas personas o tienen doble voto, porque eligen para su grupo étnico y para su circunscripción a la vez, o si votan solo por representantes de su grupo, no podrían votar por un candidato de un partido o de su circunscripción. Todo esto no solo es absurdo y discriminatorio, sino que pone la condición étnica o racial de las personas antes que su condición de ciudadanos de una nación y un Estado. Eso no es constitucional ni republicano, pues en una democracia todos somos iguales ante la ley.
Lo que se quiere es enfrentar esos grupos al Congreso o a Lima, que, junto con los monopolios, son los enemigos que este populismo de raigambre marxista está construyendo. Es la lucha de clases, bajo otra forma. Como decíamos, este proyecto es, en realidad, un operativo político.
Primero, para cambiar la agenda nacional, distrayendo a la opinión pública de la corrupción gubernamental y de los problemas cada vez mas agudos generados por la incompetencia de este gobierno. Lo que se quiere es redirigir y canalizar el malestar social hacia la demanda por una nueva Constitución y contra los monopolios y el Congreso, tal como expresaba la convocatoria al manipulado paro agrario.
Segundo, sirve para proporcionar un caballito de batalla a los candidatos de Perú Libre y de las izquierdas en general a las alcaldías y a los gobiernos regionales. Y si el Congreso archiva rápidamente este proyecto, como debe ocurrir, entonces se orientará el discurso de campaña al cierre del Congreso, estigmatizándolo como enemigo del pueblo.
Tercero, le sirve al gobierno para reunificar a las izquierdas y volver a atraer la buena voluntad del expulsado Nuevo Perú de Verónika Mendoza, porque la bandera de la asamblea constituyente es lo que las unifica.
Frente a este audaz contrataque, la oposición permanece dividida y sin iniciativa. Es lamentable. Ha surgido, sin embargo, una idea nueva: procurar el recorte del mandato presidencial, o el recorte de los mandatos presidencial y congresal, para llamar a elecciones sea presidenciales, sea generales, y esto mediante una de las dos vías establecidas en el artículo 206 de la Carta Magna: su aprobación mediante la mitad del número legal de miembros mas uno, para luego llevar lo aprobado a referéndum. Es lo que deberá ocurrir.
Pero es indispensable, como se ha dicho, aprobar reformas políticas y de Estado que viabilicen la democracia peruana, atrapada en la disfuncionalidad desde el 2016. E incluso un plan de recuperación nacional. ¿Serán capaces nuestros partidos políticos? Lampadia
