Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Dos policías fueron emboscados por una turba en Juliaca la noche del lunes. Fue una acción premeditada porque acudieron por una denuncia de un supuesto incidente. Al parecer, ellos no hicieron uso de sus armas para repeler la agresión. Si lo hubieran hecho, quizá no hubiera pasado lo que ocurrió. Uno de ellos, José Luis Soncco Quispe, fue brutalmente asesinado y quemado por los delincuentes terroristas.
El otro, Ronald Villasante Toque, fue gravemente herido, pero pudo ser rescatado por una patrulla que acudió ante el pedido de auxilio. Los delincuentes terroristas les arrebataron un fusil AKM y dos pistolas.
Frecuentemente los policías tienen reparos en hacer uso de sus armas porque saben que serán procesados por un sistema judicial que usualmente está más preocupado por la integridad y los derechos de los agresores y delincuentes, que por aquellos a quienes el Estado y la sociedad han encargado la misión de protegerlos.
Una red de ONG caviares tienen una enorme influencia en el sistema judicial y presionan sistemáticamente para sancionar y amedrentar a los efectivos de las fuerzas del orden y tratar benignamente a los agresores, terroristas y delincuentes.
Un ejemplo es que el asesinato de 24 policías en Bagua, la mayoría de ellos desarmados y degollados a sangre fría, quedó impune.
Peor aún, los políticos en el gobierno -este y anteriores-, también disuaden a los policías y a veces les ordenan explícitamente que no usen sus armas para defenderse de los ataques.
Así ocurrió al comienzo de los desmanes orquestados por los secuaces del delincuente recluido en Barbadillo, cuando Dina Boluarte determinó públicamente que la policía no usará ni siquiera armas no letales, como las escopetas con perdigones de goma.
Otra característica de este y otros gobiernos, es que creen equivocadamente qué hay que tratar con toda delicadeza a los violentos que provocan disturbios, bloquean carreteras, asaltan instalaciones y saquean comercios. Piensan que así se van a calmar.
Es justamente al revés. Hay que intervenir desde el principio con toda energía y, si es posible, con una superioridad abrumadora. Esa es la manera más eficaz de evitar que los disturbios provocados por los agitadores se salgan de control.
Pero los políticos no aprenden. En Andahuaylas, Ayacucho Juliaca y otros lugares, han enviado al principio a la Policía desarmada, con órdenes de sólo defenderse. El resultado ha sido que eso ha envalentonado a las turbas y, cuando desbordaban a las fuerzas del orden, éstas han tenido que actuar enérgicamente y el “costo social”, el número de víctimas, ha sido alto.
Además, es muy probable que varios de los muertos y heridos hayan sido víctimas de los propios azuzadores, como ocurrió en Lima en los disturbios contra Manuel Merino el 2020.
A pesar de las evidencias, los caviares, sus ONG, sus políticos y los medios de comunicación que influyen y dominan, persisten en difundir la falsa idea de que las fuerzas del orden están al mismo nivel de las turbas de delincuentes, terroristas y saqueadores que asaltan, roban, hieren y matan. No es así. No son iguales los delincuentes que atacan con violencia a las fuerzas del orden que los encargados por el Estado de mantener la tranquilidad. No pueden ser juzgados con el mismo rasero.
Los únicos responsables de la violencia y las víctimas de los desórdenes son los secuaces del delincuente recluido en Barbadillo -varios de los cuales siguen en el Congreso- y de Evo Morales, que con toda impunidad estuvo incitando al separatismo en el sur durante meses.
Hay que respaldar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y evitar que se repitan los errores y las injusticias del pasado. Lampadia
