Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
La ciudadanía está observando un sinnúmero de propuestas y proyectos de Ley que, sinceramente, cuando las leemos, parecieran chistes de mal gusto. Peor aún, cuando vemos y oímos a los congresistas que las defienden, uno no sabe si tienen claros los conceptos de los que están hablando y tienen la base técnica y conocimientos profesionales suficientes para acometer los temas que están tratando y discutiendo. Debo confesar que, han logrado exceder mi capacidad de ser sorprendido, pues es claro que sus argumentos no son coherentes.
Leía hoy en el periódico que, el “Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República” indicaba a la prensa que, el proyecto de ley para el “Retiro de los Aportes a la ONP” venía siendo revisado exhaustivamente porque, decía, “estamos siendo bastante responsables y no podemos emitir algo sin sustento”.
Por otro lado, leía una propuesta de FREPAP para que se otorgue un “bono de reconocimiento” a los aportantes de la ONP, en situaciones extraordinarias como esta pandemia, que les permita superar la situación.
En defensa de los señores congresistas debo decir que, los únicos requisitos para ser elegidos como representantes al Congreso son; ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad. Consecuentemente, ellos no tienen la culpa de llegar a asumir esa responsabilidad sin los conocimientos y preparación necesaria. Aquí tiene el poder ejecutivo una grave responsabilidad.
Es el poder ejecutivo quien debe interactuar intensamente con los señores congresistas, comisionar a funcionarios y asesores de los distintos ministerios para discutir las mejores opciones legales con las distintas comisiones del congreso y explicar las consecuencias de las distintas opciones legales que cada partido y sus representantes puedan finalmente decidir.
Esa misma tarea educativa y de difusión debe hacerse con la ciudadanía, pues desde el congreso se legisla sobre los derechos ciudadanos y, en casos como estos, el ciudadano tendrá derecho a optar. En consecuencia, también debe estar preparado para tomar sus decisiones de manera bien informada.
En los casos que menciono, nadie se ha tomado el trabajo de hacerle saber a los señores congresistas y analizar con ellos que, el sistema de pensiones manejado por la ONP, es un sistema de reparto, en el que, los trabajadores activos aportan una contribución a la ONP para ser distribuido mensualmente entre los jubilados quienes, en su tiempo, aportaron a esta misma entidad o al Sistema Nacional de Pensiones de su época. Aquí nadie tiene una cuenta de acumulación personal con fines previsionales y, consecuentemente, no tiene propiedad alguna que reclamar.
De otro lado, nadie les ha explicado que el “bono de reconocimiento”, es un título que da derecho a su usufructo sólo el día que uno se jubila.
Está muy mal que, desde el Estado, no se haya hecho el menor esfuerzo por educar a la población y explicarle que, este sistema de la ONP es completamente diferente al de el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Que, mientras los aportes a la AFP van a una cuenta personal de inversiones, para ser administrados de acuerdo al perfil de riesgo que cada aportante está dispuesto a asumir (en función a su apetito de riesgo y el tiempo que le reste para la jubilación), mientras que en la ONP no es así y que en ese sistema no son dueños de nada más que de su derecho a participar del reparto que les ha de tocar cuando se jubilen, siempre que hayan aportado durante un mínimo de 20 años.
Es claro que, si no les definen las bases de cada sistema, no comprenderán la diferencia y pensarán que se pueden regular de maneras análogas. ¿Puede el poder ejecutivo destacar a un equipo de especialistas en los distintos temas para realizar esa labor y analizar con ellos las distintas opciones legislativas y sus consecuencias?
Recordemos que el poder legislativo tiene la facultad de formular y aprobar leyes y que, los congresistas no son necesariamente especialistas en los diferentes temas, pero tienen la responsabilidad de que sus propuestas de ley estén acordes al marco constitucional y mantengan coherencia con el cuerpo legal que desean modificar.
Lo preocupante es que, estas propuestas que no reconocen las bases jurídicas de origen, se están impulsando sin tomar en cuenta su falta de coherencia. Si después de haber hecho desde el ejecutivo todos los esfuerzos por instruirlos y orientarlos persistieran en el error, quedaría claro que no les preocupa los destinos de la Nación que juraron defender y la ciudadanía los juzgará. Lampadia
