Jaime de Althaus
Para Lampadia
La situación de Dina Boluarte se complica aún más. No solo por la detención preliminar de su hermano, Nicanor Boluarte, y de su abogado, sino porque, de ser ciertas las imputaciones, habría intentado sobornar, por medio de su abogado, Mateo Castañeda, a agentes policiales con ofrecimientos de ascensos para que se archiven las investigaciones a su hermano.
Antes de eso el gobierno había desactivado el grupo policial adscrito al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), acaso para impedir la ejecución de esas detenciones, o como represalia, algo que no se puede hacer y que Pedro Castillo no había podido lograr.
Pero lo que estamos viendo también es una lucha de poder a brazo partido. A Nicanor Boluarte se le imputa haber influido en la designación de subprefectos en Cajamarca y San Martín con la finalidad de recoger firmas para su partido. ¿Realmente se justificaba su detención preliminar o se buscaba un impacto mediático y político, como el que se obtuvo con el allanamiento a la vivienda de la presidente Boluarte? Lo que tendríamos acá es la reiteración del uso indiscriminado y abusivo de la detención preliminar.
No podemos descartar entonces la hipótesis que detrás de la orden de detención contra el hermano y el abogado de la presidente, pueda estar en curso una estrategia de origen político orientada a forzar la vacancia o la renuncia de Dina Boluarte.
Nótese que, según informó El Comercio el domingo, la supuesta trampa que se le tendió al abogado de la presidente, Mateo Castañeda, fue ejecutada por dos “agentes encubiertos”, que eran nada menos que Harvey Colchado y el exministro Carlos Morán, ambos muy vinculados a la órbita de IDL Reporteros de Gustavo Gorriti. Carlos Morán ha sido incluso colaborador de IDL Reporteros, con varios artículos publicados allí, y siempre ha sido muy elogiado por el director de ese medio. Castañeda incluso ha afirmado que fue Morán quien lo llamó, y no al revés, algo que habría que confirmar.
Nada esto exime de responsabilidad a la presidente por intentar manipular o comprar con ofrecimientos a la policía y la fiscalía a fin de proteger a su hermano, ni a este último por usar recursos del Estado para armar su partido, si tales hechos se confirman. Pero siempre es importante analizar el contexto político que rodea a las actuaciones fiscales. Aquí estaríamos ante una lucha de poder en la que el bando pretendidamente perseguidor de la corrupción en esta ocasión ha atrapado a la presidente y su entorno más cercano en actos presuntamente delictivos, para cuyo efecto sin embargo ha ejecutado acciones excesivas pero que han tenido un efecto político, y que han provocado represalias, gestiones y decisiones presidenciales indebidas, agravando la situación de la mandataria.
Lo que nos lleva a ser cuidadosos y prudentes con los pedidos de vacancia o renuncia presidencial. Sin duda, la permanencia de Boluarte en el poder, con todo lo acontecido y revelado, se vuelve casi intolerable a la conciencia ética nacional. Pero una vacancia ahora llevaría a elecciones presidenciales -no generales-, pues eso es lo que establece el artículo 134 de la Constitución sobre la disolución del Congreso por el presidente de la República, que explícitamente dictamina: “No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”.
Elecciones presidenciales en marzo o abril del 2025 implicarían que el presidente así elegido gobernaría apenas un año. Algo absurdo y destructivo. La otra salida serían elecciones generales el 2025, para que el nuevo gobierno y su congreso duren 5 años, pero eso obligaría a modificar la Constitución, como se hizo el 2001, para adelantar las elecciones congresales por esta vez. Dudamos que esto ocurra, porque el Congreso probablemente no esté en disposición de hacerlo y porque las alternativas electorales todavía están en estado embrionario. Pero si de modificaciones constitucionales se trata, se podría aprobar, también por esta vez, una reforma para que el presidente del Congreso que asuma la presidencia de la república lo haga hasta terminar el periodo actual, el 2026. Eligiendo, por supuesto, a un presidente del congreso para ese fin de altas cualidades. Dios nos ilumine. Lampadia
