Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
La constitución y las leyes del Perú, nos dan el derecho a elegir y ser elegidos, y fijan un período de tiempo de vigencia del mandato para los distintos estamentos de gobierno, sean estos nacionales o subnacionales.
Estas autoridades, a su vez, están sujetas al mandato de la Constitución, las leyes, reglamentos y contratos suscritos en representación del Estado. Si queremos conducirnos como una nación civilizada y ser respetados como tal, debemos construir institucionalidad, y eso pasa por el respeto a ese cuerpo de normas y conductas.
Lo dicho significa, que los ciudadanos, cuando elegimos una autoridad, debemos ser conscientes del poder que le estamos otorgando y del tiempo durante el cual, esa autoridad, podrá conducir los destinos de la nación, la región, la provincia o el distrito. Y, salvo que incurra en una infracción por la que pueda ser vacado, tenemos que asumir las consecuencias de nuestro voto, nos guste o no. En eso consiste el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos.
Es por eso que debemos poner mucha atención a los candidatos, su hoja de vida, sus antecedentes profesionales, académicos, tributarios, de conducta, policiales y judiciales.
Por esa razón, es inaudito que, so pretexto de preservar la imagen de los ciudadanos, se borren los antecedentes de un sentenciado luego de cumplir su pena, o los antecedentes de cumplimiento crediticio en INFOCORP, entre otros registros y medidas que se han ido imponiendo en nuestro país.
Si queremos que el ciudadano elija responsablemente y bien, debemos darle todas las herramientas posibles, para que, si el partido que le dio cabida, no fue capaz de cernir debidamente a sus candidatos, el ciudadano, con apoyo de la prensa, pueda hacer una adecuada selección, caso contrario, no tendremos derecho a quejarnos de los delincuentes que llegan al Estado.
En consecuencia, esa cantaleta del adelanto de elecciones sin causa justificada, es inadmisible. Ya se ha hecho común para mucha gente, decir que “la calle” lo reclama y que tal protesta callejera tiene la facultad de cambiar gobernantes. Eso es una aberración tremenda y una irresponsabilidad. No es cosa que nos guste o no la presidente, los gobernadores o alcaldes, es lo que elegimos, y si así lo hicimos, ahora y siempre que se manejen en el ámbito del cumplimiento de la constitución y las leyes, tenemos que aguantarlos hasta el final de su mandato.
La otra cara de la moneda es que, del mismo modo, las autoridades que han llegado al poder legalmente, tienen la obligación de respetar todos los acuerdos y contratos suscritos por sus antecesores, dentro del marco de la ley.
Es pues muy mala señal y un muy mal ejemplo, pretender, por razones populistas, desconocer los acuerdos, recurriendo a fórmulas y argumentos alambicados para desconocerlos. Esto es aplicable, no sólo a los mandatarios de izquierda, quienes tienen la mayor propensión a ese tipo de decisiones y mensajes, sino también y especialmente a los de derecha, quienes no sólo deben predicar a la ciudadanía con el ejemplo, sino que, por sus mayores calidades intelectuales y formación académica, tienen la responsabilidad de educar a los ciudadanos.
Ya se ha escrito mucho sobre el asunto de Rutas de Lima (RDL) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), por lo que no entraré en los detalles. Pero es una muy mala idea empezar a desconocer, sin argumentos válidos y después de 10 años de suscrito, la validez de su contrato, al mejor estilo de una república bananera.
Ese no es el tipo de defensa que deseamos y merecemos de nuestros intereses nacionales. Aquí pues, caemos nuevamente en la responsabilidad que conlleva el voto ciudadano. Todos debemos de ser conscientes del alcance que tiene el poder que otorgamos a las autoridades elegidas, pues: Nos pueden llevar a construir obras faraónicas y sin sentido, como IRSA SUR o la Refinería de Talara, nos pueden endeudar por manejo inadecuado de las finanzas públicas o nos pueden destruir el país en pocos meses, como Vizcarra y Castillo con su ratería masiva, o nos pueden desacreditar a nivel mundial haciendo ver que el Perú es un país que no respeta sus acuerdos comerciales, ni sus contratos con inversionistas, tal como pretende y pregona el alcalde de Lima.
Si el Estado peruano, a través de una decisión municipal de Lima, desacata el mandato de un tribunal arbitral internacional, amparado constitucionalmente por contrato legalmente suscrito, estaremos dando al mundo un mensaje claro de falta de respeto a nuestras normas legales y acuerdos internacionales, al igual que una razón muy válida para no volver jamás a invertir en el Perú.
Aprendamos a actuar con responsabilidad y seriedad. Lampadia
