Jaime de Althaus
Para Lampadia
En puridad, no debió haber adelanto de elecciones, pero, una vez aceptada la cuestión, no cabe duda que abril del 2024 era la mejor opción si queremos un proceso electoral con plenas garantías y con reformas políticas y electorales aprobadas. Desde el punto de vista de la impaciencia de la calle, no había mayor diferencia entre diciembre del 2023 y abril del 2024. Por lo demás, es muy probable que esa impaciencia vaya disminuyendo conforme amainen, como están amainando, las protestas y los ataques, y el gobierno de transición, en contraste con el de Castillo, demuestre mayor efectividad y cercanía a la población en la solución de sus problemas y atención de la demanda. Si hace las cosas bien, de repente la gente termine deseando que se hubiere quedado hasta el 2026.
La que sí hacía diferencia era la propuesta inicial de algunas bancadas de izquierda de realizar las elecciones dentro de cuatro meses, en abril del 2023, incluyendo una pregunta sobre la asamblea constituyente. Esas bancadas sabían que su propuesta es inviable en los dos extremos: ni son posibles elecciones tan tempranas, ni se puede consultar por una asamblea constituyente que no es constitucional, pues primero habría que reformar la constitución. Pero la plantearon simplemente para agudizar las contradicciones, para mantener encendida la calle, para alimentar la zozobra. Esas bancadas forman parte activa de la ofensiva insurreccional que se lanzó luego de la salida de Pedro Castillo.
Tarea de este Congreso en estos relativamente pocos meses que le quedan será aprobar un paquete mínimo de reformas constitucionales y legales para mejorar la calidad de nuestra democracia.
- Para comenzar, debería buscarse los 87 votos para aprobar la bicameralidad, que solo alcanzó 70 cuando se aprobó en primera votación hace unos meses. Aquí se requiere un trabajo de hormiga incluso de la sociedad civil con los congresistas renuentes.
- Elección de los diputados en distritos electorales pequeños que reflejen microrregiones económicas, y de los senadores en macrorregiones.
- Renovación de la cámara de diputados por mitades a la mitad del período.
- Reformar el artículo 110 de la Constitución, prohibiendo la postulación de los condenados por terrorismo, sedición, homicidio y otros delitos graves aun cuando hayan cumplido la condena.
- Reformar el artículo 117, agregando los delitos de corrupción y otros como causal para acusación constitucional al presidente de la República.
- Que los candidatos a la presidencia puedan postular al Congreso.
- Think tanks o centros de investigación en los partidos por impuestos. Financiación de empresas privadas de manera transparente o a través de fideicomisos. Porque los partidos tienen que volver a atraer a la mejor gente.
La otra gran tarea de las organizaciones políticas de centro y derecha será ver la forma de no dispersar candidaturas sino concentrarlas. Están dadas las condiciones para una alianza entre Alianza para el Progreso, Renovación Nacional, Avanza País y Fuerza Popular, por la sencilla razón de que ni Acuña, ni López Aliaga ni Keiko Fujimori postularían a la presidencia, según han declarado en varias ocasiones. Los dos primeros, por lo demás, recién van a asumir los cargos de gobernador regional de La Libertad y alcalde de Lima. Sería muy interesante unas primarias para elegir al candidato presidencial en las que pudieran participar Carlos Añaños, Roberto Chiabra y Fernando Cillóniz entre otros, por citar unos nombres que, en este momento, salvo Añaños que está inscrito en Avanza País, no tienen partido.
El país necesita de la mejor voluntad de cooperación y la mayor inteligencia de sus actores políticos. Pues tenemos que salir de esta larga y agónica anarquía de siete años. Lampadia
