Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Pareciera que ya no es suficiente esta politización de la justicia, sino que, hemos logrado que la escoria moral y académica, se haya encaramado en el sistema judicial y empiece a controlar la sociedad peruana, tal como si hubieran sido elegidos.
No soy abogado, pero los años y la experiencia, me permiten observar y hacer apreciaciones que el sentido común y la lógica, garantizan un análisis y conclusión válidas.
Lo dicho, no nos salva en lo más mínimo de la oclocracia enquistada en el aparato y poderes legislativo y ejecutivo, pero en el sistema judicial eso es superlativo. Gente que, sin mayor capacidad intelectual ni académica, ha escalado dentro de la estructura del ministerio público y del poder judicial, con salarios que jamás hubieran imaginado y, últimamente, con un poder solventado desde las ONGs e instituciones “académicas”, con las que intercambian beneficios y prebendas, a quienes resultan muy funcionales.
Un amigo me decía: “Ningún egresado destacado de las facultades de derecho del Perú, quiere enrolarse en el sistema judicial y busca la práctica privada en los mejores estudios legales. Los que no, se enrolan en los ministerios y la cátedra universitaria. Si no, tratarán de ejercer como profesionales independientes, ejecutando gestión legal “rutinaria” (registro e inscripción de propiedad, etc.). Pero si no logran subsistir, verán de enrolarse en el poder judicial o buscarán ser fiscales”. Por eso, no es casualidad, que el “Nuevo Código Procesal Penal” cuya instauración se inició el año 2002, se terminó de implantar el año 2014 y, los casos anteriores al 2002, se siguen juzgando con aplicación del antiguo código procesal penal de 1940. Huelgan comentarios.
Lo grave de esto, es que, algunas ONGs de izquierda y universidades inescrupulosas, se han dado maña para infiltrar el sistema, financian diplomados para esta gente, cuando no les pagan maestrías locales o en países de habla hispana y, finalmente, los han adoctrinado. Les han hecho poner como requisito de ascenso, contar con tales diplomados, maestrías y “cursos de capacitación” (adoctrinamiento). Las universidades inescrupulosas, han hecho convenios con el poder judicial y el ministerio público, para otorgarles becas y contratarlos como catedráticos en estas universidades. Esto se traduce en una coima fija y permanente, que garantiza a esas instituciones, ser intocables y ganar todas las causas. No sólo eso, sino que, cierta ONG se ha hecho incluir en los “Planes Operativos” policiales, para ser parte de procesos de allanamiento u otros.
El problema más serio, no radica, ni queda únicamente en los hechos anecdóticos antes descritos, sino que trasciende a la construcción de doctrina, dentro del sistema judicial en el Perú. Extraña también el reclutamiento de jueces y fiscales.
El Dr. Duberlí Rodríguez compartió en una entrevista periodística del año 2017, que en el poder judicial contaban con más de 800 jueces de izquierda cercanos al MOVADEF o al MRTA.
Con estas referencias, cómo no vamos a encontrar interpretaciones absurdas de las normas legales y aplicación sesgada del derecho. Pues al margen de la incapacidad para comprender y aplicar lógicamente las leyes, tienen criterios sesgados, producto del adoctrinamiento y carga política de los individuos. Veamos si no, declaraciones recientes de la Dra. Marianella Ledesma, ex presidente del Tribunal Constitucional, alentando la insurgencia, potencialmente violenta, en contra del gobierno. Esto no le ha nacido hoy, sino que es parte del bagaje cultural que la acompañó durante su carrera judicial, incluida la presidencia del Tribunal Constitucional.
Otro tanto acurre con los corifeos de la fiscalía y la judicatura, quienes quieren aplicar criterios de delitos de “lesa humanidad”, contra centenares de militares y policías, quienes defendieron a la sociedad peruana, de delincuentes terroristas que incurrieron en uno de los genocidios más grandes de nuestra historia.
Sepamos que en el Perú nunca se cometieron delitos de lesa humanidad, pues tendrían que cumplirse estas tres condiciones:
(I) Que se trate de un ataque generalizado.
(II) Que el ataque sea sistemático.
(III) Y, que sea contra una población civil indefensa.
Y esto, nunca ocurrió en el Perú, donde organizaciones terroristas de izquierda, armados y entrenados para destruir y matar, atacaron a la población civil indefensa. A las FFAA y PNP, se les ordenó defendernos y derrotarlos y, así lo hicieron. Por supuesto que los terroristas y sus herederos ideológicos y consanguíneos, nunca lo perdonarán y, ahora, desde el sistema judicial, se están vengando.
De otro lado, el Perú adhirió a las normas del Estatuto de Roma a partir del 1 de julio 2002 y, constitucionalmente, sus criterios y reglas, no pueden aplicarse con retroactividad a hechos anteriores.
No es sorpresa tampoco que, en los procesos judiciales administrativos, iniciados hace más de 25 años contra funcionarios, se tenga un malsano ensañamiento. Por ejemplo: El art. 80 y siguientes del Código Penal, indican que el plazo de prescripción de la acción penal, es igual al tiempo máximo de la pena, pero:
- Para funcionarios públicos acusados de delitos contra el patrimonio del Estado, ese plazo se duplica.
- Para delitos de cadena perpetua, el plazo máximo para la prescripción será de 30 años.
- Y se precisa que, para los casos distintos a los que merecen cadena perpetua, el plazo de la prescripción NO SERÁ mayor a 20 años.
Hago esta precisión, porque en estos momentos tenemos miembros de las FFAA y PNP, que se encuentran con cerca de 30 años de juicios, sin importar:
(i) Que excedieron los 20 años.
(ii) Que cuentan con sentencias que los declararon inocentes.
(iii) Que a nadie se le debe juzgar dos veces por lo mismo.
Pero el poder judicial “REABRE” los juicios y así los persigue hasta la muerte, ensañándose con ellos por ser miembros de las FFAA y PNP, siendo inocentes, ancianos y en muchos casos, gravemente enfermos.
¡Hasta cuando vamos a aceptar, que esta mafia domine el país! Lampadia
