Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
La política social ha devenido en la acumulación de beneficios populistas que los distintos gobiernos y partidos políticos han ido regalando a lo largo del tiempo a los grupos de presión sindical, ya sea para sacárselos de encima o para una ilusa ‘compra de votos’ en las elecciones.
Al igual que en Chile, según podemos ver en el artículo de El Mercurio que compartimos líneas abajo, el conjunto de normas sociales no guarda la más mínima coherencia ni sentido de dirección, y menos aún responden a objetivos concretos, medibles y beneficiosos para el conjunto de trabajadores.
En el Perú, estas normas van desde una perniciosa estabilidad laboral establecida de contrabando por el (accio)populista Alva Orlandini, hasta la fijación de un sueldo mínimo que solo genera pérdida de empleo y de beneficios sociales efectivos.
Ad-portas de un proceso electoral que debe marcar un antes y un después en las guías normativas de nuestra economía, luego de 15 años de desorden político, ha llegado el momento de ‘ponerle el cascabel al gato’.
Para ello ponemos las páginas de Lampadia a disposición de los expertos y de los grupos de ciudadanos afectados por esta situación, para que hagan llegar sus propuestas a los demás ciudadanos.
Esperamos sus comentarios.
“El Estado se ha transformado en una institución obesa y poco ágil”
La política social está mal diseñada, comenta el académico, quien plantea un esquema para sustituir los actuales programas públicos.
El Mercurio de Chile
Lina Castañeda
24 de junio, 2025
Glosado por Lampadia
“Hay un problema ético cuando la gente se empieza a dar cuenta de que a su alrededor todo el mundo está holgazaneando, robando o mirando la luna en lugar de trabajar”.
“La negociación ramal [por rama] suele ser gravosa para las empresas chicas. Es una manera de ponerle traba a la creación de empresas pequeñas y evitar la competencia”.
“Hay bastante grasa en el presupuesto fiscal y, si estamos convencidos de que la prioridad es hacerles más llevadera la vida a los pobres, entonces habrá que hacer sacrificios en otras áreas”.
Entrevista al Economista Claudio Sapelli
Profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD)
Desde hace más de una década que el académico Claudio Sapelli, doctorado en Economía en la Universidad de Chicago, viene cuestionando la política social en Chile.
Considera que presenta graves problemas de focalización, dificultades para evaluar su eficacia y cierta opacidad en algunos de los alrededor de 500 programas sociales que están involucrados.
Persistente es también en levantar una propuesta para sustituir los subsidios por dinero en efectivo, bajo el esquema de un impuesto negativo al ingreso que podría operar a través del Servicio de Impuestos Internos (SII).
—¿A qué atribuye que hasta ahora sus planteamientos no hayan encontrado eco, específicamente la idea de eliminar programas sociales?
“Muchos de los programas están mal evaluados y se sabe que no cumplen con sus objetivos. La política social es muy paternalista. Se basa en tener un grupo de expertos que tratan de adivinar qué es lo que necesitan las personas, para luego dárselo. No confían en que si les dan el dinero, van a hacer lo que es mejor para ellas. Las personas saben mucho mejor dónde les aprieta el zapato de lo que puede pensar una persona en su oficina”.
“Creo que es difícil reformar, porque al final hay intereses creados entre políticos y alcaldes. Manejar programas y aparecer dando determinados beneficios da cierta popularidad y ahí el cambio encuentra oposición. También se oponen personas que, aunque su situación objetiva no las acredita, siguen siendo beneficiarias porque ocultan su real situación”.
—¿Qué piensa de las críticas a transferencias en efectivo que se entregaron durante la pandemia porque se veía a las personas comprando grandes televisores y otros bienes de consumo?
“Si uno recibe algo y sabe que es temporario, entonces tiende a ahorrar. Los electrodomésticos tienen cierta dimensión de ahorro porque, a diferencia de otros bienes que compro hoy y ya mañana no los tengo, un televisor o una aspiradora duran años. Compro algo que me dará servicio por una multiplicidad de años y eso es como ahorrar. A veces se califican como estrategias erróneas algunas cosas que en realidad son estrategias adecuadas para gastar recursos que son temporarios”.
“Lo que estoy proponiendo es que la persona tenga seguridad de que va a recibir este dinero y que no le van a cortar el acceso si mejora levemente su bienestar. El diseño original de la política social —que aún no se ha corregido en los programas viejos— es que si las personas mejoraban, corrían el riesgo de perder más de lo que ganaban. Eso lleva a tratar de enmascarar su situación para no perder los beneficios. Si les dan dinero, las personas van a hacer lo que es mejor para ellas”.
—¿Qué ventajas tendría un impuesto negativo al ingreso?
“Una de ellas es que reduciría el costo de administración de los programas sociales. Además, es una forma de implementar un ingreso básico universal o un subsidio, donde la autoridad tributaria administraría el programa. Solo que el SII, en lugar de cobrar impuestos a la renta, tendría que dar subsidios. Operaría así: si a partir de determinado monto alguien tiene mayores ingresos, se le cobra un impuesto. Luego hay un grupo de personas a las que no se les cobran impuestos ni se les dan subsidios y más abajo, un grupo al cual se le transfieren subsidios”.
—¿Cómo operaría este esquema considerando la alta informalidad en el mercado laboral?
“Ese es un problema, porque puede ser que una persona aparezca con cero ingresos formales y tendría que recibir transferencias, aunque en realidad su situación sea mucho mejor porque tiene una serie de ingresos informales que no se están detectando. Se requerirían bases de datos que hoy no existen, pero se pueden ir armando en el tiempo. Una forma de partir es hacerlo por etapas”.
“Mi propuesta es hacia un esquema que tenga los incentivos correctos.
En una primera fase pensaría en imitar un programa social que creó el expresidente Bill Clinton en EE.UU. para evitar que los programas sociales lleven a la gente a retirarse de la fuerza de trabajo.
Así que en una primera etapa, el programa de transferencias sería para personas que están en el mercado formal de trabajo, pero que tienen bajos ingresos.
Después viene el tema del financiamiento. Ahí hay que sustituir los actuales programas, no superponer.
Estoy seguro de que hay bastante grasa en el presupuesto fiscal y, si estamos convencidos de que la prioridad es hacerles más llevadera la vida a los pobres, entonces habrá que hacer sacrificios en otras áreas. Cierto que hoy cada programa tiene un dueño y no dejan que se cierren, pero si seguimos en esa lógica, vamos a continuar con una mala política social”.
Los sistemas de control
—¿Tenemos un problema ético en Chile, a propósito del fraude en licencias médicas; del caso Convenios, con el traspaso de fondos públicos a fundaciones; malversación de fondos en los municipios e irregularidades en los nombramientos en el Poder Judicial, con el caso Hermosilla?
“Hay un problema ético cuando la gente se empieza a dar cuenta de que a su alrededor todo el mundo está holgazaneando, robando o mirando la luna en lugar de trabajar. Esto se vuelve contagioso cuando la actitud es predominante. Producto de lo grande que se ha vuelto el Estado, las estructuras de incentivos se han visto fuertemente afectadas. El Estado ha crecido muy rápido y no se ha preocupado de armar una estructura jerárquica que monitoree el desempeño de los trabajadores. Se ha empezado a generar una cultura, que no es una cultura del trabajo y del buen desempeño”.
“Recuerdo que uno de los planes de la Fundación Procultura era pintar tres fachadas, lo que costaba cientos de millones de pesos, en circunstancias de que Chile tiene una restricción presupuestaria dura; entonces, tenemos un serio problema. Lo más grave es que en los convenios no se diseñó un esquema para monitorear adecuadamente a las fundaciones”.
—¿Dónde está la falla en las licencias médicas?
“El Estado se ha transformado en una institución obesa y poco ágil. En las licencias médicas, los sistemas de control de ese gasto fracasaron totalmente y es una política que por décadas ha estado mal diseñada.
En el sector público chileno, al beneficiario se le da el 100% de su ingreso, no existe el copago por un número de días, como en el caso del sector privado. En Europa, los diseños son muy distintos. Tienen un deducible, y la preocupación está en no hacer algo tan atractivo, que la gente lo único que quiera es estar con licencia”.
“Hice un cálculo de cuánto subieron las licencias médicas en los últimos 30 años y se han multiplicado por diez. Es inconcebible que eso sea algo legítimo. Chile es ahora más rico y debiera tener menos, no más cargas por enfermedad. Si esto fuera un indicador de la salud de la población, tendríamos que estar sumamente preocupados”.
—¿Deber hacerse extensiva la fiscalización a otros órganos del Estado que reciben financiamiento fiscal como el Congreso, el Poder Judicial, la policía, etcétera?
“Lo que estamos viendo con las licencias médicas es una señal de colapso de los sistemas de control y, si ese es el diagnóstico, el contralor tiene que estar preocupado. Creo que el control es extensivo a todas las organizaciones”.
La negociación ramal [por Rama]
—¿Qué sentido ve en la fijación del salario mínimo y negociación colectiva ramal que propician algunos sectores?
“Ambos temas tienen una relación en que los objetivos de los sindicatos suelen no coincidir con los objetivos de toda la gente.
Los sindicatos defienden los objetivos de sus afiliados y es lo que corresponde; el problema es cuando la autoridad asocia lo que dicen los sindicatos con lo que beneficia a toda la clase de trabajadores; ahí ocurre un error. La negociación ramal suele ser gravosa para las empresas chicas. Es una manera de ponerle trabas a la creación de empresas pequeñas y evitar la competencia”.
“El salario mínimo no es demasiado importante para los trabajadores sindicalizados, quienes suelen tener mayores ingresos. Se defiende como un logro social; sin embargo, un efecto de primer orden es que gente con bajo capital humano empieza a tener menores oportunidades. El mercado del trabajo no les da empleo a las personas que están en programas sociales.
Hay una descoordinación importante entre la política laboral y la política social”.
Lampadia
